Mientras la fiscalía insistió ante la Corte en que hubo fraude al fisco por parte del cofundador de ProCultura Alberto Larraín, el abogado del CDE sostuvo que hubo una distracción indebida de fondos. “Aquí no hay un fraude al fisco”, dijo su defensa.
Lo nuevo. La Corte de Apelaciones de Santiago escuchó este miércoles por la mañana los alegatos de la fiscalía y del Consejo de Defensa del Estado (CDE) que buscaban revertir el golpe que el juez Patricio Álvarez dio el martes 3 a la investigación del caso ProCultura y así dar un respiro a la principal arista del caso Convenios.
- Mientras el fiscal Cristián Aguilar insistió en que hubo fraude al fisco por parte del siquiatra y cofundador de ProCultura Alberto Larraín, el abogado del CDE Nicolás Chacana sostuvo que hubo una distracción indebida de fondos.
- “Aquí no hay un fraude al fisco”, respondió su defensor Cristián Arias. “No es el caso de Democracia Viva —causa ligada al partido oficialista Revolución Democrática y que en 2023 dio origen al caso Convenios—, que era totalmente distinto”.
- Los alegatos ocurrieron luego de que el martes de la semana pasada el juez Álvarez rechazara dejar en prisión preventiva —o en subsidio con arresto domiciliario— a Larraín. Álvarez lo dejó en cambio con arraigo nacional, cuestionando de paso la investigación liderada por el fiscal regional de Antofagasta Juan Castro.
- Castro lo imputó por fraude al fisco por el traspaso de $1.683.788.000 que el Gobierno Regional (Gore) Metropolitano dirigido por el gobernador Claudio Orrego (ex DC) hizo en 2022 a ProCultura —en una sola cuota y sin licitación de por medio— para el programa para prevenir suicidios ‘Quédate’.
- En su alegato de este miércoles, el fiscal Aguilar insistió en que hubo un conflicto de interés entre Orrego y Larraín (quien es considerado su ahijado político en la DC), dado que el 8 de junio de 2022 —21 días antes de que el Gore autorizara el traspaso de fondos—, el Consejo Regional aprobó su propuesta de nombrarlo director de la corporación de desarrollo del Gobierno Regional.
- Dijo también que esto lo convirtió en funcionario público —requisito para configurar el fraude al fisco— ya que, si bien ésta era una corporación de derecho privado, ejercía una función pública, recibía aportes del Gore, era presidida por Orrego y fiscalizada por la Contraloría.
- Al igual que Larraín, también quedaron con arraigo nacional la representante legal de la fundación Constanza Gómez, la directora de estudios Teresa Abusleme y su contraparte en el Gore Evelyn Magdaleno.
- En la audiencia de este miércoles, el abogado Sebastián Soto, defensor de la representante legal, destacó que en la formalización hubo una incorrecta mención de Gómez como contraparte de Larraín en un audio para describir el “modus operandi” de la fundación. La voz correspondía a Abusleme, recalcó.
- El gobernador, a su vez, ha rechazado haber cometido alguna irregularidad.
La apelación del CDE. En su apelación, el CDE pidió la prisión preventiva de Larraín y Gómez, contra quienes se querelló por distracción indebida de fondos y acusó que, en su resolución, el juez no hizo una referencia explícita a ese delito. Este alegato buscó, por otro flanco, revertir la resolución del juez.
- Dominio. “Alberto Larraín Salas tenía dominio funcional del hecho, en tanto ejercía el control efectivo sobre los recursos fiscales transferidos y tomaba las decisiones relevantes respecto de su utilización, configurándose así su participación en calidad de coautor”, dijo la apelación.
- Perjuicio fiscal tras la pandemia. “La gravedad del hecho no se explica únicamente por la cuantía del perjuicio fiscal —$1.015.283.548 que no fueron ejecutados—, sino fundamentalmente por la naturaleza de los fondos afectados y el contexto sanitario en que se produjo su distracción”, dado el aumento de los suicidios tras la pandemia.
- Auditoría. “La gravedad se intensifica al considerar que los imputados conocían previamente la situación financiera deficitaria de la fundación. El Informe de Auditoría de Aninat Abogados, encargado por la propia entidad en septiembre de 2022, advirtió debilidades estructurales en el control financiero y la mezcla de fondos de distintos proyectos”.
- Hoyo financiero. “Pese a ello, los recursos del programa ‘Quédate’ fueron utilizados deliberadamente para cubrir déficits generales de la fundación. La declaración de María José Maturana Valenzuela resulta especialmente ilustrativa: ‘Por instrucción de Alberto Larraín se establecía el monto del déficit financiero, lo que él llamaba el ‘hoyo financiero’, porque se había gastado más de lo ingresado, y después se veía de dónde se sacaba.”
- Procesos pendientes. “La investigación permite descartar que estemos ante un episodio aislado. Existen múltiples investigaciones activas vinculadas a convenios celebrados por la fundación Procultura en distintas regiones”, dijo el documento que mencionó los casos desformalizados en Antofagasta; Valparaíso; el Ñuble y Biobío.
- Patrón sistemático. “Los antecedentes dan cuenta de un patrón sistemático caracterizado por: 1. Captación de fondos públicos mediante trato directo. 2. Concentración de decisiones financieras en núcleo reducido (Larraín-Gómez). 3. Inversión inmediata en instrumentos financieros prohibidos. 4. Utilización de recursos de proyectos específicos para cubrir déficits generales 5. Imposibilidad de restitución al término de convenios”.
Por qué importa. La decisión que tome la Corte es vista por cercanos al caso como crucial para el futuro de la investigación, considerada la principal del caso Convenios por involucrar a seis gobernadores oficialistas al momento de firmarse los convenios. Estos son Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Chillán, Concepción y Magallanes.
- Esta resolución podría marcar el pulso también de la solicitud de desafuero de Orrego, cuya vista fue postergada a solicitud del Ministerio Público.
- El futuro del caso ProCultura es también sensible para el Ministerio Público por tratarse de un caso por el que han pasado tres fiscales regionales: el exfiscal Carlos Palma de Aysén; el fiscal de Coquimbo Patricio Cooper y Castro de Antofagasta, a cargo actualmente de la indagación.
Publicaciones relacionadas
