Permisología: Por qué los fondos para defensa de jefe del SEA ponen en riesgo contrataciones para revisar proyectos de inversión

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) reasignó recursos presupuestarios destinados a personal para la evaluación de proyectos de inversión destinados a cubrir los costos de su defensa en una demanda laboral. Esto tendría un efecto negativo directo en la revisión de iniciativas clave como la megalínea de transmisión Kimal-Lo Aguirre, fundamental para el cumplimiento de las metas de descarbonización al 2050. También está el caso del proyecto integral para la producción y exportación de amoniaco verde de HNH Energy, que es la mayor inversión admitida a trámite ambiental en la historia del SEA, con una inversión de US$ 11 mil millones. En la región de Magallanes, el organismo solo tiene 8 trabajadores para la evaluación de iniciativas.

Panorama general. La Directora Ejecutiva del SEA, Valentina Durán, reasignó recursos destinados a contratar profesionales a honorarios para los procesos de evaluación ambiental, para la defensa de uno de los jefes de la institución por una demanda laboral. Hace poco más de cuatro meses, cinco trabajadores del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) denunciaron al abogado y jefe de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana, Juan Cristóbal Moscoso, por “maltrato laboral, persecución y hostigamiento”.

• El 28 de mayo, Jimena Hevia, jefa del Departamento de Participación Ciudadana, Consulta Indígena y Evaluación del Medio Humano (DPAC) del SEA, presentó una demanda de tutela laboral ante el 2º Juzgado Laboral de Letras de Santiago.
• En ella pidió una indemnización total de $107 millones por concepto de daño moral y perjuicios laborales.
• Hace unos días, el SEA, entidad encargada de tramitar proyectos de inversión, mostró su rechazo a la demanda de la ex trabajadora.
• La entidad argumentó: “No es que exista un cuestionamiento constante cómo trata de hacerlo parecer la denunciante, pues lo cierto es que, dentro de una relación de carácter laboral, en que rige evidentemente un vínculo de subordinación y dependencia, la jefatura por cierto que puede realizar correcciones y cambios, o proponer modificaciones a las tareas que realiza la demandante. Es evidente, en ese sentido entonces, la falta de autocrítica y de tolerancia por parte de la denunciante a este tipo de retroalimentaciones”.

La reasignación de gastos. Para la defensa, la dirección ejecutiva del SEA, encabezada por Valentina Durán, quien fue nombrada en la administración del Presidente Boric, contrató mediante trato directo a un estudio de abogados, por un monto de 730 UF (aproximadamente $27 millones), según el Portal de Transparencia.

• Además, cuentan con la asesoría del jurista Pablo Velozo, quien cuenta con más de 30 años de experiencia en derecho laboral.
• Para financiar su defensa, en particular los $27 millones, el organismo solicitó una modificación presupuestaria a la Dirección de Presupuestos (Dipres).
• “Se solicita modificación presupuestaria para cubrir contratación de servicios judiciales especializados, considerando que se ha presentado una acción de tutela laboral en contra del Servicio de Evaluación Ambiental, RIT T-1459-2024, 1° Juzgado del Trabajo de Santiago, por una cuantía aproximada de M$110.000”.
• Según el documento, dicha reasignación se obtendrá “rebajando el Subtítulo 24.03.200 ¨Programa Administración de Procesos de Evaluación de Impacto de Impacto Ambiental¨, rebajando recursos de la glosa de personal, considerando retraso en contrataciones a honorarios y alta rotación de personal bajo esta modalidad de contratación dentro del programa”.
• Es decir, se reducirá el presupuesto del ítem que financia principalmente la contratación de personal a honorarios para la evaluación de proyectos de inversión que ingresan al sistema ambiental.
• Conocedores del tema comentan que preocupa que se use el financiamiento de este apartado, el cual es crucial para que las iniciativas privadas y estatales se revisen con la mayor agilidad posible.
• Justamente uno de los cuestionamientos que diversos sectores han realizado al SEA es la lentitud en la tramitación de permisos.

Escaso personal y grandes proyectos. Según quienes están familiarizados con el SEA, en la división de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana, que se encarga de la revisión de proyectos de inversión a nivel central y que presta asistencia a nivel nacional, hay unos 20 trabajadores que se dedican exclusivamente a la evaluación de proyectos.

• Y cuando hay que revisar grandes iniciativas, como ocurre en regiones, la matriz en Santiago colabora en la evaluación de esos proyectos. Es ahí cuando la ayuda de personal de honorarios puede ser fundamental.
• Que no estén los recursos suficientes para financiar nuevo personal implica un problema considerando que durante el segundo semestre el SEA tendrá una agenda cargada de revisiones de proyectos.
• Por ejemplo, el caso de la megalínea de transmisión Kimal-Lo Aguirre, donde el SEA tendrá que revisar las respuestas que presente la empresa al Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (ICSARA).
• El proyecto, indispensable para el cumplimiento de las metas de descarbonización al 2050, transita por 5 regiones y alrededor de 30 comunas, con más de 150 localidades.
• También está el caso del proyecto integral para la producción y exportación de amoniaco verde de HNH Energy, que es la mayor inversión admitida a trámite ambiental en la historia del SEA, con una inversión de US$ 11 mil millones.
• Hay inquietud respecto a la capacidad que pueda tener el organismo en la región de Magallanes. Según consignó La Segunda, habrían solo 8 trabajadores para la evaluación de iniciativas.

El argumento del SEA. Fuentes cercanas al SEA indicaron que ante una tutela laboral que demanda al servicio por más de $107 millones, se decidió contratar servicios jurídicos especializados externos con un presupuesto escalonado que en una primera etapa no superará las 280 UF.

• “Tratándose de una demanda laboral inédita, presentada en contra del servicio por una persona en funciones, es necesario recurrir a servicios especializados en la materia, no siendo conveniente que abogados internos litigen en contra de una colega. Las modificaciones presupuestarias son un proceso habitual en la relación de los servicios públicos con la Dirección de Presupuesto”, comentaron.