-¿Cómo ves que ha ido cambiando el debate ambiental en los últimos años en Chile?
-La tensión entre medio ambiente y crecimiento siempre ha existido. Hoy es mucho más evidente y a la opinión pública le importan más estos temas. Creo que efectivamente en muchas regulaciones se ven los beneficios pero no los costos de implementarlas. Y creo que los acuerdos multilaterales no han sido del todo efectivos ni del todo rápido de lo que todos quisiéramos.
-Hoy seguimos midiendo con la misma vara con que se evaluaba ambientalmente una central a carbón que una eólica o solar. ¿Debería cambiar eso, a tu juicio?
-Soy de los que sostengo que esto también es fruto de algo de populismo de lo que se ha legislado los últimos cinco a ocho años. El país ha decidido tener Ley Marco de Cambio Climático, Servicio de Biodiversidad, Acuerdo de Escazú, protección de humedales urbanos, entre otros, lo que me parece muy bien, pero obviamente en ese marco normativo, los permisos, la evaluación ambiental de proyectos se hace un poquitito más compleja. Y es fruto de ciertos acuerdos políticos que han generado un nuevo marco normativo en Chile, que hace cinco u ocho años no existían. Hemos visto solamente los aspectos positivos, con un voluntarismo de tener esta, esta política pública, pero que ha implicado tener procesos de evaluación más complejos.
-Es el marco regulatorio ambiental entonces el que está dificultando la infraestructura verde que se requiere para cumplir con las metas ambientales.
-En materia climática, que básicamente es reducción de gases de efecto invernadero y carbono neutralidad, creo que no hay una gran dificultad, pero sí hay una dificultad muy importante para innovar en procesos que controlen sus externalidades negativas. A veces es un sin sentido cómo estas modificaciones tienen un trámite costoso y lento de poder implementar en distintas industrias, en el sector forestal, minero, industrial y eso es un gran freno a la innovación.
-¿Dirías que es una corriente que viene más bien desde el progresismo?
-Creo que estamos todos en el mismo barco. En el segundo gobierno del Presidente Piñera se aprobaron muchos de estos marcos normativos. Y muchos gremios han sido súper entusiastas en promover esto, sin darse cuenta también de las consecuencias que tiene o sin prepararnos como país en tener mejores funcionarios públicos, mejores procedimientos. Creo que hemos sido ingenuos, me parece muy bien alentar estas nuevas políticas públicas, pero ser consecuente y prepararnos para eso.
-Según el CEO, la permisología le cuesta a Chile 7,3% del PIB. ¿En qué se traduce esto?
-Esto se traduce en tiempos de evaluación de los proyectos que se demoran mucho y en incertidumbre jurídica, de permisos que pueden revertirse. Los permisos son muy importantes y si no están bien regulados, generan perjuicios también para otras actividades productivas y para las poblaciones que están en áreas colindantes, etc. Creo que a este gobierno le ha faltado personalidad desde el punto de vista de que los permisos juegan un rol y muchas veces caemos en la caricatura del proyecto que se demora mucho.
El sistema Evaluación de Impacto Ambiental evalúa en promedio 800 proyectos. ¿Cuántos de esos son verdaderamente controvertidos o mal evaluados? Solo un porcentaje menor, pero siempre se transforma ese ejemplo en el caso emblemático. Y ahí es donde me gustaría tener un gobierno que sea capaz de demostrar la importancia de tener buenos permisos en esta materia.
-Tú has sugerido que no todos los nuevos proyectos deban pasar necesariamente por Evaluación o Declaración Ambiental…
-De los 800 proyectos que están en el sistema, del orden del 5% se evalúa como estudio de impacto ambiental. Creo que la cantidad de tipologías que hoy ingresan obligatoriamente debería bajar de manera importante y concentrarnos en los estudios de impacto ambiental que probablemente deberían ser muchos más. Pero segundo, también confiar un poco más en los permisos ambientales sectoriales, que muchas veces son suficientes.
-Está esa idea de que si no ingresaste al sistema puedes hacer lo que quieras
-Y no es así. Hay regulación sectorial de la DGA, de la Seremi de Salud, etcétera, que es bastante estricta y probablemente podría ser suficiente para muchas tipologías de proyectos que hoy día obligatoriamente ingresan al sistema.
-En Pivotes tenemos una propuesta de evaluación en dos etapas que entregue certezas tempranas al inversionista. ¿Crees que existe espacio para dejar zanjadas ciertas materias al inicio del proceso?
-Absolutamente. Creo que el lugar de emplazamiento de los proyectos debería ser un proceso un poco más objetivo y definitorio desde el punto de vista del pronunciamiento de la autoridad. Muchos de los proyectos más controvertidos tienen que ver no solo con el proyecto en sí, sino que su lugar de ubicación donde está emplazado. Probablemente esa parte, sin los detalles técnicos del proyecto, podría zanjarse en etapas tempranas. Y es lo que hemos compartido con Pivote de esta evaluación ambiental en dos etapas de proyectos de gran envergadura, que es donde como país nos cuesta y nos equivocamos más, como proyectos hidrógeno verde, líneas de transmisión. Para esos grandotes no lo estamos haciendo bien.
-¿Y qué hacer con la judicialización? Hoy, parte de lo excesivo de los plazos tiene que ver con inversiones que se revisan en tribunales ambientales, comités de ministros, Corte Suprema…
-Los tribunales ambientales son importantes y van a ser muchísimo más importante a si se elimina el Comité de Ministros. Pero creo que hoy hay que pensar en una justicia ambiental distinta. Soy de los que creo que los ministros del Tribunal Ambiental deben salir de la Academia Judicial y no pasar por ese largo proceso donde finalmente los nombra el Senado.
-Nos enteramos hace poco que el Ministerio de Hacienda dejó fuera de sus prioridades legislativas la reforma al SEIA ¿Qué te parece?
-Creo que es entendible. Yo seguí la discusión legislativa y ese proyecto la verdad es que no tiene sentido. Ninguna de las ideas matrices que presentó el gobierno fueron aprobadas en la Comisión de Medio Ambiente, es un proyecto descafeinado para los intereses del gobierno y resistido por otros sectores. Lo que sí creo, es que en este año electoral tiene que haber un compromiso de los distintos candidatos, para que ojalá el día 1 formen una comisión asesora presidencial en esta materia. Para que el próximo gobierno, más que presentar proyectos de ley, sea capaz de sentar a un conjunto de personas representativas y plantee una modificación al sistema como lo han hecho en su momento con la modernización del Estado, con reformas tributarias, con otros temas que en Chile ha sido difícil tomar decisiones.
-¿Una reforma al SEIA debiese ser prioridad para cualquier candidato?
-Debería ser prioridad número uno para cualquier candidato y para Chile. No me cabe duda.
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