Opinión: La cancelación de Arancibia. Por Ricardo Brodsky, ex Director del Museo de la Memoria y Derechos Humanos

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La Comisión ha decidido utilizar eel derecho a veto o a cancelar, no al negacionista sino al adversario político.  La cancelación es una nueva forma de anular al contradictor e impedir el debate democrático. Pero el verdadero compromiso con los derechos humanos impone una obligación, una suerte de prueba de la blancura: defender los derechos de tus adversarios con la misma pasión que defiendes los tuyos y los de tus cercanos.

La convención constitucional tiene un problema: dos comisiones, la de “Derechos Humanos, de Verdad Histórica y Bases para la Justicia, Reparación y Garantías de no repetición” y la de Reglamento, discuten “principios orientadores que canalicen el debate constitucional,” según palabras de Amaya Álvarez, presidenta de la comisión de reglamento.

El problema está no solo en si acaso los principios de ambas comisiones van a coincidir, sino que algunos de estos postulados ya se instalan como una realidad fáctica, por cierto,  sin que haya mediado el conocimiento, debate y aprobación del Pleno.

La Comisión de DDHH invitó a audiencias públicas, algunas de las cuales han sido impactantes. Sin embargo, a través de un voto político se ha establecido el principio de la exclusión, no sólo de entidades externas a la Convención que deseen participar de las audiencias públicas, sino que la cancelación incluye a un miembro de la propia Convención que no es del agrado de la mayoría reinante.

Se argumenta en la Comisión de DDHH que no se puede aceptar la presencia, el testimonio o la participación de quienes son negacionistas. En rigor, el negacionismo consiste en la negación sistemática de hechos  históricos verificados relacionados con violaciones a los derechos humanos con el propósito de proteger a los autores o cómplices políticos de dichos hechos. Los más conocidos son la negación del holocausto y del genocidio armenio, pero también se ha aplicado a las violaciones de los derechos humanos en América Latina. 

En el supuesto que la Convención decida negarse a recibir a los negacionistas -cuestión cuya legitimidad puede ser aceptable-, la pregunta que debería hacerse es si acaso Jorge Arancibia o la Fundación Jaime Guzmán niegan en la actualidad que hubo violaciones a los derechos humanos en tiempos de Pinochet.  El que hayan sido partidarios o funcionarios de la dictadura no los convierte en negacionistas. 

Lo que la Comisión ha decidido utilizar y definir como un principio o valor que debe guiar su labor, es el derecho a veto o a cancelar, no al negacionista sino al adversario político.  La cancelación es una nueva forma de anular al contradictor e impedir el debate democrático, viene de las redes sociales en que a través del bullying se afecta la reputación de una persona. En algunos sectores “progresistas-autoritarios” y fascistoides muy asiduos a las redes, se abraza la cancelación como forma de confrontar a quienes consideran los privilegiados, pero en realidad lo que esconde es una indisposición a argumentar las propias razones y confrontarlas racionalmente con el otro.

La Comisión de Derechos Humanos de la Convención tiene en sus manos una labor de enorme importancia, cual es proponer las bases legales que garanticen los derechos humanos en el nuevo Chile plurinacional. Su misión está llena de trampas y tentaciones. La más común es la de la superioridad moral que algunos se auto otorgan para determinar la validez de los derechos de los demás. Suele ser esta la tentación de las víctimas, que desean que sus enemigos sufran como han sufrido ellas, sean excluidos como lo han sido ellas. Sin embargo, el verdadero compromiso con los derechos humanos impone una obligación tan exigente como necesaria, una suerte de prueba de la blancura: defender los derechos de tus adversarios con la misma pasión que defiendes los tuyos y los de tus cercanos.


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