Casi cerrando 2024 y a un año de su lanzamiento, el Gobierno presentó su reporte de cumplimiento de la Estrategia Nacional de Integridad Pública. Esta contiene 210 medidas y busca ser una hoja de ruta para el país en materia de integridad y transparencia, más allá de la actual administración.
La presentación de esta estrategia logró finalmente sacar a Chile del reducido número de países OCDE que no contaban con un instrumento similar. A 365 días de su lanzamiento, se reporta un 51% de avance, con 59 medidas completadas (lo que representa el 28% del total) y 93 en desarrollo.
Lamentablemente, más que representar una buena noticia, es preocupante que una estrategia pensada para orientar la agenda anticorrupción en el país por los próximos 10 años lleve más de la mitad de sus actividades implementadas sin ningún resultado sustantivo. Pareciera que, nuevamente, faltaron ambición y voluntad política para construir una verdadera agenda de cambio que busque reformas estructurales, tanto en el sector público como privado, para prevenir, detectar y sancionar la corrupción en todas sus formas, o simplemente se ha jugado una vez más al gatopardismo, “cambiar todo, para que nada cambie”.
Dentro de las medidas que el Gobierno reporta como cumplidas en un 100% destaca: “Realizar jornadas de integridad abiertas a todos los funcionarios de la Administración del Estado”. ¿Cómo puede ser que se considere como cumplida una medida de una estrategia nacional a 10 años luego de haber efectuado capacitaciones solo una vez, durante su primer año de vigencia? Reportar esta medida como terminada preocupa no solo por el alcance temporal de la estrategia, sino por el hecho que la capacitación y sensibilización en integridad deben ser procesos permanentes dentro de las instituciones estatales si buscamos ver cambios reales en la conducta funcionaria que permitan prevenir la corrupción.
Otras medidas reportadas como finalizadas que adolecen de esta problemática son: “Difundir recomendaciones de la convención anticohecho de la OCDE” y “Difundir nuevas exigencias de los modelos de prevención de delitos” que se dieron por cumplidas luego de generar una cartilla o de realizar un seminario sobre el tema.
El problema, sin embargo, no acaba ahí. Por ejemplo, “crear enlaces permanentes en las instituciones del Estado que evalúen la implementación de compromisos adquiridos en materia de integridad y anticorrupción”, donde se tomó como dichos enlaces a los miembros de la Alianza Anticorrupción, una instancia de diálogo y trabajo de carácter voluntario donde no participan todas las instituciones del Estado, o “implementar y promover un ‘día de la integridad’ en las instituciones públicas”, donde nuevamente se da por cumplida la medida por haberse acordado en la Alianza, sin que esto implique que ninguna institución pública realmente implementará esta medida.
Estas situaciones anómalas permiten cuestionarse la pertinencia de haber incluido otras medidas en la estrategia. Por ejemplo, aquella que apunta a “ampliar la cobertura del sistema de rendición de cuentas de la CGR (SISREC)” o la que busca “elaborar un nuevo código de buenas prácticas para lobistas” fueron cumplidas con anterioridad al lanzamiento de la estrategia, en septiembre y noviembre de 2023, respectivamente. Más aún, la medida “implementar el sistema de protección al denunciante de las Fuerzas Armadas” corresponde a una ley despachada del Congreso en 2022.
Ninguna de las anteriores medidas tiene sentido en una estrategia que pretende ser una agenda de futuro y catalizador del cambio, cuando las metas propuestas no logran tener la ambición de fortalecer la institucionalidad y languidecen a la mediocridad de lo mínimo posible.
Parece que se ha olvidado que los proyectos de ley no son nada más que una anécdota si no se aprueban, como ha pasado con el de beneficiarios finales o el de puerta giratoria, que no han presentado movimientos desde su ingreso al Congreso Nacional. Tampoco, las reformas generan impacto si no cuentan con recursos, cosa que podría convertir a la futura Ley de Integridad Municipal en letra muerta.
El compromiso por el cambio debe materializarse en acciones que logren generar transformaciones sustantivas en la forma en que gestionamos los asuntos públicos, en que resguardamos la relación entre el mundo público y privado, y en que hacemos de la lucha por el poder una contienda para mejorar la calidad de vida de las personas.
La Estrategia de Integridad está en riesgo de quedar en la intrascendencia si no se reorientan los esfuerzos a materializar cambios normativos y culturales para poner obstáculos reales a la corrupción, y no solo en generar hitos comunicacionales o presentar buenas cifras de avance. Vale más una buena reforma que cien cifras volando.
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Incapacidad en gestión, un golpe injusto a la ciudadanía. Por Tomás Sánchez. https://t.co/gahiVKXUdP
— Ex-Ante (@exantecl) January 23, 2025
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