El paso Los Libertadores, principal conexión terrestre entre Chile y Argentina, se ha convertido en un símbolo de ineficiencia que revela la inoperancia del Estado y su impacto en la economía. Durante las últimas semanas, miles de viajeros han experimentado demoras de hasta 15 horas en un cruce que debería tomar minutos, evidenciando una crisis de gestión que va más allá de la mera congestión vehicular. No es novedad como la industria turística depende de los visitantes argentinos durante los meses de verano, sin embargo, el mensaje es “venga una semana de vacaciones, pero gaste un día completo haciendo fila para entrar al país”. No es muy buen marketing para una industria que genera más de 600 mil empleos en Chile, considerando que el 39% de los turistas que entran al país son argentinos.
La ironía de esta situación radica en que contamos con una infraestructura fronteriza sustancialmente mejor que Argentina. Un enorme terminal terrestre de dos pisos, un diseño acorde y decenas de puestos de control. Sin embargo, la realidad es desconcertante: casetas cerradas, personal mal distribuido y procedimientos caóticos que transforman lo que debería ser un trámite de 15 minutos en una odisea de casi una hora por vehículo. Tan normalizada está esta disfuncionalidad que el lado argentino ha desarrollado toda una infraestructura paralela dedicada a la espera, como si la ineficiencia fuera un destino inevitable.
Esta gestión deficiente no solo representa un desincentivo al turismo, sino que también genera vulnerabilidades en la seguridad fronteriza. Los controles actuales, aunque aparatosos, resultan superficiales e inefectivos. En lugar de revisar todos en forma desprolija y superficial, generando cuellos de botella innecesarios, sería más eficiente implementar controles aleatorios pero profundos, maximizando así los recursos disponibles y mejorando la efectividad de la vigilancia.
Siendo concreto, el procedimiento está tan mal diseñado, que es fácil burlar los controles. Uno estaciona un auto a un costado, camina voluntariamente a la caseta de la PDI, donde el oficial no tiene forma de verificar quienes eran los pasajeros del vehículo, pudiendo alguno quedarse en el auto o ir al baño, permitiendo la trata de personas sin mayor dificultad. Acto seguido, nuevamente en forma voluntaria, uno se acerca a la caseta de aduanas, y después, uno debe proactivamente perseguir a un funcionario del SAG para que inspeccione el vehículo. ¿El resultado? Una frontera porosa en todo sentido.
El problema no es de recursos – la infraestructura existe, el personal está presente – sino de diseño de procesos y gestión. De hecho, el diseño arquitectónico del terminal claramente fue pensado para que los autos siguieran un flujo eficiente pasando de una caseta a otra sin bajarse del auto, pero eso no es lo que sucede.
Las consecuencias de esta mala gestión trascienden lo administrativo o la soberanía. Las extensas esperas generan condiciones propicias para accidentes debido al cansancio de conductores, situación que se agrava por el estado deplorable de la carretera internacional. Después de la zona de curvas, la vía se convierte en un camino rural sin berma, bordeado por viviendas, exponiendo tanto a residentes como a viajeros a riesgos innecesarios. Esta realidad contrasta dramáticamente con nuestras aspiraciones de desarrollo. Mientras Chile presume de carreteras intraurbanas de primer mundo, descuida enlaces críticos para su capacidad productiva.
La situación del paso Los Libertadores es un recordatorio de lo critico que es volver a poner la gestión en el centro del quehacer público y del Estado. Aún más, cuando conocemos que los funcionarios estatales presentan en promedio más de 30 días de inasistencia y que sus evaluaciones de desempeño son irrisorias al casi todos terminar con la máxima nota.
Una sociedad más justa y libre es una donde los recursos públicos son bien aprovechados, y no una donde la inoperancia de sus instituciones termina por transformarse en un obstáculo para el bienestar de la ciudadanía. La implementación de procesos de mejorar continua, rediseño de procesos, reasignaciones presupuestarias, evaluaciones de desempeño y todo lo que involucra la modernización del Estado, no puede esperar más.
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¿Menos productividad y más salarios? Por Carolina Grünwald.https://t.co/QhMUlyRaHp
— Ex-Ante (@exantecl) January 22, 2025
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