Durante mucho tiempo tuvimos un consenso transversal para combatir la pobreza en el país. Abundaban iniciativas de la sociedad civil como la Fundación para la Superación de la Pobreza, el Hogar de Cristo o el Techo para Chile; las universidades y centros de estudio dedicaban sus mejores esfuerzos para medir, entender y proponer medidas para enfrentarla; y los programas de gobierno competían por las políticas más efectivas para mejorar las condiciones de vida de los más pobres. Sin embargo, en los últimos años hemos dejado esos consensos de lado, como si el problema estuviese resuelto. Pero los datos hoy nos dicen algo muy distinto.
Desde el notable trabajo de Miguel Kast y su equipo de la ODEPLAN, pasando por los denostados 30 años que siguieron al retorno a la democracia, tuvimos una épica compartida en torno a un desafío muy concreto: superar la pobreza y generar oportunidades para los más necesitados. Y no fue solo épica. Fue también un gran trabajo que tuvo resultados muy concretos; entre 1990 y 2022, la pobreza se redujo más de diez veces, desde un 68,5% a un 6,5% de la población.
Parecía que los logros y las transformaciones del país nos permitían poner el foco en otra parte. Y con ello las prioridades fueron cambiando. Si en 1994 la mitad de los chilenos consideraba que la pobreza era uno de los principales problemas que el gobierno debería solucionar, en 2025 menos de un quinto de los chilenos piensa lo mismo (CEP 2025).
Pero hace algunas semanas se presentó el informe de la Comisión para la Actualización de la Medición de la Pobreza, que nos confirmó que el instrumento que estábamos usando para medirla quedó obsoleto y es urgente cambiarlo.
Entre otras cosas, este informe propone actualizar la canasta básica, con un umbral más exigente que reconoce los cambios en los patrones de consumo en los últimos 10 años, y mejorar los problemas detectados en las últimas mediciones. Con estos ajustes, hoy tenemos un diagnóstico más preciso de la realidad.
Así, si tomamos todas sus recomendaciones y mejoramos el instrumento, la pobreza por ingresos no es de 6,5% como pensábamos, sino de 22,3% (Ugarte e Izquierdo 2025). Es decir, uno de cada cinco hogares en Chile no tiene ingresos propios suficientes para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros. Son más de 4 millones de personas viviendo en condiciones de absoluta precariedad. Y, sin embargo, algo que debería ser motivo de alarma nacional, parece no ser noticia.
Las sociedades van cambiando y, con ellas, van cambiando también los problemas que enfrentan. La inseguridad, la violencia y el estancamiento económico se han tomado la agenda. Y en buena hora. Porque el orden público y el crecimiento son importantes en sí mismos y, también, como condiciones necesarias para superar la pobreza.
Pero mientras nos jactábamos de ser uno de los países que mejores resultados tenía en ese frente en América —creíamos que teníamos menos pobres entre nosotros que EE.UU. y Canadá…—, no nos dábamos cuenta de que eran muchos más quienes seguían sin las oportunidades ni condiciones mínimas para tener una vida digna. Nuestra atención, tiempo y recursos estaban en otra parte.
Como decía el Presidente Patricio Aylwin en su famoso discurso en el Estadio Nacional “Hay muchas necesidades largamente postergadas que esperan ser satisfechas. No podremos hacer todo al mismo tiempo. Deberemos establecer prioridades. Lo justo es empezar por los más pobres”. ¿Será hora de recordarlo? ¿O los pobres tendrán que seguir esperando?
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