Los estragos de la permisología en la salmonicultura: De las 1.000 solicitudes de reubicación de concesiones, no se ha otorgado ninguna en 13 años

En la industria de los salmones indican que la falta de comunicación y la ineficiencia de los servicios públicos que regulan el sector, estaría perjudicándolos y afectando sus procesos productivos. Comentan que gran parte de la responsabilidad en la tramitación corre por la Subpesca. Asimismo, en las solicitudes de modificación de proyectos técnicos, un plazo que debería tomar uno a dos meses demora entre 9 y 12 meses, comentan en el sector.

Qué observar. En las últimas semanas se ha intensificado el debate por la denominada “permisología”. Las trabas a la hora de sacar permisos o la excesiva burocracia es una preocupación para los distintos sectores productivos. En este contexto, la industria de la salmonicultura no está exenta de estos inconvenientes. Alegan que no se están otorgando relocalizaciones, modificaciones de proyectos y ampliaciones de plazo de paralización, entre otros permisos.

• Los principales instrumentos normativos que regulan la actividad son la Ley de Pesca y Acuicultura (LGPA), el Reglamento Sanitario (RESA) y el Reglamento Ambiental para la Acuicultura (RAMA); normativas que son fiscalizadas por una serie de autoridades sectoriales tales como la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), la Subsecretaría de Pesca (Subpesca), el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (SubFFAA), entre otros.
• Fuentes de la industria comentan que uno de los temas que provoca más incertidumbre en el sector tiene que ver con las concesiones, en específico, con la relocalización de estas.
• La historia comienza en el 2010, cuando se dictaminó la Ley 20.434 que -entre otras cosas- suspendió el otorgamiento de nuevas concesiones en las regiones de Los Lagos y Aysén. En 2016, se aplicó a Magallanes, quedando así la gran mayoría de la industria bajo esta normativa.
• El propósito de la autoridad al realizar este congelamiento fue ordenar territorialmente el desarrollo de la actividad para evitar episodios como el ocurrido con la crisis del virus ISA. Sin embargo, a casi 13 años de esta decisión, en la industria ven que su principal consecuencia para el sector ha sido la restricción a su crecimiento, sin que se avance en propuestas para resolver este problema, como podrían ser las fusiones o relocalizaciones. 
• En el sector determinan que, de las más de 1.000 solicitudes de relocalización de concesión de acuicultura de salmones ingresadas a trámite entre 2010 y 2023, a la fecha no se ha otorgado ninguna.
• Comentan que gran parte de la responsabilidad en la tramitación corre por la Subpesca. De igual forma, estaría involucrada la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.

Cambios en autoridades. Otro componente que se suma a la ecuación tiene que ver con las modificaciones que ha hecho el actual gobierno en las autoridades de pesca y ambientales. Fuentes de la industria sostienen que es un tema con muchos tecnicismos, por lo cual, requiere de bastante tiempo para comprender y así hacer la regulación más dinámica. Además, los privados ven que hay una intensa burocracia en la relación interna que mantienen con la Subpesca.

Proyectos técnicos. La “permisología” también hace lo suyo en las solicitudes de modificación de proyectos técnicos, que son procedimientos utilizados -por ejemplo- para el desarrollo del proyecto de acuicultura multitrófica (sistema de cultivo innovador y sustentable, que ayudaría a mitigar los impactos de la salmonicultura en su entorno). En estos casos, un plazo que debería tomar uno a dos meses demora entre 9 y 12 meses, comentan en la industria. 

• No obstante lo anterior, tomando en cuenta la Res. Ex. N° 2295, de 2016, y sus modificaciones posteriores, la Subpesca solo puede aprobar una modificación de proyectos técnicos en la medida que constate que la concesión no se encuentra en causal de caducidad por no operación, cuestión que puede acreditar mediante consulta al Sernapesca o a través de la resolución de ampliación de plazo de paralización de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. 
• De esta forma, un trámite -que en principio se prevé simple-, se podría transformar en una tarea insuperable para los titulares de las empresas y, por lo tanto, las solicitudes se pueden ver sometidas a un plazo muy superior al antes señalado.
• En la industria explican que se debe en su mayoría al excesivo tiempo que se toma la SubFFAA en resolver las ampliaciones de plazo que presentan los titulares (2,5 a 3 años en promedio), aun cuando hayan presentando la solicitud dentro de plazo y cumpliendo con todos los requisitos y condiciones que dispone el marco jurídico vigente.
• Otro tema son los plazos de obtención de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable por parte de proyectos de cultivos de salmones. Si se le sigue la pista a las iniciativas, entre los años 1999 y 2022, ese plazo ha oscilado entre dos y 37 meses, con un promedio de nueve meses. El 67% de las RCA (916) se han aprobado dentro del tiempo promedio.