Las propuestas de la comisión plantean reducir de 162 años a no más de 15 años la resolución de las demandas de tierras por comunidades indígenas. Esto contempla un fondo de US$ 4.000 millones para entrega de terrenos o dinero para educación, vivienda o trabajo y la creación de nuevas instituciones que reemplacen las funciones de la cuestionada Conadi. En la oposición critican que no se haya abordado el problema de la seguridad -solo se menciona una vez la palabra terrorismo- y les preocupa los alcances de la “autogobernanza” de los pueblos originarios.
1. Autogobernanza y representación política. El Informe señala que se debe reformar la Constitución para que el Estado reconozca a los pueblos originarios que existen en el territorio nacional, en el marco de la unidad del Estado, garantizando sus derechos individuales y colectivos.
- Recomienda también que se reconozca la interculturalidad y garantizar el reconocimiento y la comprensión de dicha diversidad cultural, mencionado que los pueblos indígenas preexistentes los Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Atacameño, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawésqar, Yagán, y Selk’nam.
- En este marco se pide un reconocimiento a las formas propias de organización mapuche, en concordancia con el principio de autogobernanza. Este último punto ha generado algunos cuestionamientos en la oposición y llevó -entre otras cosas- al comisionado Sebastián Naveillán a votar en contra y no otorgar la unanimidad al acuerdo.
- Respecto a la autogobernanza, la comisión pide que las comunidades indígenas puedan “adoptar formas de organización interna que reconozcan sus autoridades y formas de organización propias” y “asociarse con otras comunidades para cumplir, entre otros, fines de representación territorial”.
- Se menciona la representación política de los pueblos indígenas a nivel nacional, planteando que se retome el proyecto de Ley para crear un Consejo de Pueblos y se determine la forma de participación de los pueblos indígenas en los órganos políticos del Estado que toman decisiones obligatorias. En el informe ejecutivo no existen detalles de esta medida ni si implica, por ejemplo, distribuir escaños reservados en el Congreso.
2. La palabra terrorismo. Una de las mayores críticas de la oposición al texto, es que no realizó una condena ni recomendaciones respecto a la situación de violencia en la Macrozona Sur. Los comisionados han respondido que no estaba entre las funciones establecidas en el decreto presidencial abordar temas de seguridad pública.
- Los comisionados se reunieron con varias agrupaciones representantes de víctimas de violencia rural, y abordan en tres ocasiones la necesidad de una ley de reparación a las víctimas.
- Allí se ocupa la palabra terrorismo al señalar que “en el contexto de los graves hechos de violencia rural o actos de carácter terrorista observados en las cuatro regiones, la Comisión recomienda la dictación de una ley de reparación integral para todas las víctimas de este conflicto, tanto mapuche como no mapuche”.
- El informe anexa un proyecto de Ley, elaborado por los comisionados Carmen Gloria Aravena, Nicolás Figari y Sebastián Naveillán, que plantea indemnizaciones de 4.000 UTM ($274 millones) por persona fallecida y ayudas por daños físicos, emocionales y materiales, además de la creación de un Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas de la Violencia y el Terrorismo.
3. Fondo de US$4.000. El informe propone la creación de un fondo y un mecanismo para entregar tierras o apoyos a comunidades indígenas. Se establece para ello un monto de US$4.000 millones.
- Los detractores de la propuesta han criticado el cálculo técnico de los montos de compensación; los comisionados estiman que de no resolver el tema la deuda podría incrementarse a US$ 8 mil millones en 30 años.
- Se propone pagar no sólo en terrenos sino también con otras modalidades como infraestructura habitacional o productiva, el pago de créditos hipotecarios o el financiamiento de estudios de educación superior, entre otras cosas, según sea la decisión de los beneficiarios.
- Además -en un capítulo que fue apoyado por unanimidad- se propone que los mapuches puedan arrendar o entregar en usufructo sus tierras a terceros, por un plazo máximo de 25 años.
4. Críticas a la Conadi. El informe propone la creación de al menos dos nuevas institucionalidades: una Agencia de Reparación y un Tribunal Arbitral, que en la medida en que se implementen, irán reemplazando las funciones de Conadi y se dedicarán a entregar las tierras a las comunidades y dirimir las controversias.
- El texto plantea cuestionamientos al modelo que actualmente desempeña la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.
- Se señala que “los mecanismos implementados por Conadi, como subsidios para la adquisición de tierras, traspaso de tierras fiscales, regularización de títulos y compra directa de predios, han sido insuficientes para satisfacer la demanda mapuche. Esto se debe a problemas estructurales, como restricciones administrativas, presupuestarias y normativas, que han generado un “cuello de botella” en la implementación de estos programas”.
- Agrega que esta estructura ha sido objeto de diversas críticas a lo largo de los años, tanto por su diseño como por su implementación, nivel de participación indígena y capacidad de respuesta a las necesidades actuales,
- “El doble rol de Conadi como servicio público y órgano de representación indígena ha generado tensiones, ya que asume funciones que, según expertos y representantes de diversos sectores, deberían estar separadas. Además, la institucionalidad actual fue diseñada hace más de 30 años”.
5. Plazos. Según los cálculos de la comisión con el sistema actual, la entrega efectiva de tierras a comunidades mapuche tiene un plazo entre 20 y 25 años, lo que aumenta las tensiones sociales y políticas en la zona. Considerando que hay cerca de 1.900 comunidades que podrían demandar estos beneficios en el futuro, el plazo para que el Estado pueda cumplir con las demandas se estima entre 86 y 162 años.
- Vale decir, si los precios se mantuvieran como los actuales, se requerirían 80 años para completar la demanda de 377.334 hectáreas. Pero si se calcula la variación de precios y presupuesto según la tendencia histórica, el plazo se extendería a 162 años.
- Según diversos comisionados con el nuevo sistema propuesto de entrega de tierras a través de una nueva institucionalidad o pago de compensaciones en dinero para proyectos como estudios, vivienda o trabajo, se podría acotar los plazos a 10 o 15 años, aproximadamente y no heredar este problema a las próximas generaciones.
- No obstante, en la oposición -e incluso en sectores de la industria forestal- han manifestado preocupación porque las demandas no se cierren del todo. Una cláusula que generó debate al interior de la comisión es la de las atribuciones del nuevo tribunal arbitral que podrá revisar el sistema de entrega de terrenos, en el cuarto año de funcionamiento lo que generaría incertidumbre jurídica.
- En la mayoría de la comisión señalan que el Tribunal -compuestos por tres representantes del pueblo mapuche y otros tres elegidos por ADP, nombrados por el Presidente y con ratificación del Senado- no tendrá competencias más allá de los fondos y terrenos comprometidos que fije una nueva legislación.
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