Ley de usurpaciones: Republicanos salvan veto del Gobierno ante descuelgues de diputados oficialistas

La tramitación del veto al proyecto de ley de usurpaciones llegó a su fin, pero en paralelo a la sesión de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados en que se discutían las observaciones presidenciales, se realizaron intensas negociaciones. En esto el rol de los republicanos fue clave: Y es que por la rebelión de diputados del PC-FA, los parlamentarios del partido de Kast entregaron los votos necesarios para que el Ejecutivo no tuviera una nueva derrota legislativa. “El veto se sintetiza en la expresión peor es nada”, explicitó Cristian Araya (Republicano).

Contexto. La tramitación de la ley de usurpaciones ha sido, probablemente, el proyecto que más ha complicado al Gobierno en los últimos seis meses. La iniciativa que nació como moción parlamentaria de senadores de la oposición no convenció del todo al Ejecutivo y a sectores del oficialismo, específicamente del FA-PC, que nunca estuvieron de acuerdo con legislar en esta materia.

• Esto fue repetido por dicho sector sobre todo durante el último mes en reuniones privadas con el gobierno en el que responsabilizaron a La Moneda, particularmente a la ministra del Interior Carolina Tohá y al ministro Segpres Álvaro Elizalde, por haber patrocinado la iniciativa con indicaciones, con urgencia legislativa y haberla incluido en el fast track de seguridad.
• Pero durante los últimos días las críticas han sido públicas desde el oficialismo: “Nosotros somos tremendamente leales al Presidente Boric, pero sobre todo somos leales a nuestro programa de gobierno”, explicitó la diputada Maite Orisini (RD), integrante de la comisión de Seguridad. Añadió que antes de que el proyecto se comenzara a discutir en la Cámara Baja le plantearon al Ejecutivo que “nosotros no estábamos por aprobar una normativa en los términos en los que llegó hasta acá”.
• Los dichos de Orsini hacen referencia a la idea de que las personas que realizan una usurpación sin violencia o intimidación, ni generan daño puedan ser sancionados con cárcel.
• El proyecto que aprobó el Congreso establece presidio menor en su grado mínimo a medio (61 días a 3 años) para estos casos y el FA-PC le solicitó al Ejecutivo modificarlo por una multa (como se establece hoy en el Código Penal).
• Sin embargo, el Gobierno definió una fórmula intermedia que no dejó a nadie contento: Establecer que quienes realizan usurpaciones “sin violencia” tendrán una sanción de multa de 6 a 10 UTM ($384 mil a $640 mil) o presidio menor en su grado mínimo (61 a 541 días), lo que queda a discrecionalidad del juez.

Descuelgue oficialista. Durante el inicio de la discusión se debió suspender la sesión de la sala en dos ocasiones por falta de quórum porque en paralelo, los parlamentarios tenían reuniones para tomar la decisión final sobre sus posturas en las 14 votaciones. De hecho, los diputados del comité independiente PC no participaron del debate en la sala.

• El Ejecutivo habría transmitido a los parlamentarios PC que se ausentaran de la sala a la hora de votar. La propuesta fue rechazada por los diputados PC dado que los senadores comunistas Daniel Núñez y Claudia Pascual rechazaron la observación que deja a discrecionalidad del juez la sanción para las usurpaciones no violentas, y que iban a seguir el mismo camino que los senadores.
• El problema fue que, de manera inesperada, este martes los parlamentarios que integran el comité PC-Acción Humanista-FRVS, analizaron la idea de rechazar la observación número 3. En simple, el proyecto del Congreso establecía presidio menor en su grado medio (541 días a 3 años) a máximo (3 años y 1 día a 5 años) por usurpaciones con violencia en las personas o fuerza en las cosas, una pena que el Ejecutivo buscó establecer sólo para las tomas con violencia en las personas y eliminar el concepto de “fuerza en las cosas” para cambiarlo por “daño en las cosas”. En este último caso, la idea era presidio menor en su grado mínimo a medio además de una multa dependiendo del nivel de daño.
• Pero el comité oficialista se decantó por rechazar esta observación de La Moneda, al igual que la que establece la flagrancia permanente del delito, es decir, que sea un delito de ejecución permanente como es el caso de los secuestros, algo que había sido aprobado por el Congreso, pero que el Ejecutivo también le realizó cambios.
• Para cuadrar a las filas oficialistas hubo movimientos: En el Congreso, además de Tohá y Elizalde, estuvieron las ministras Camila Vallejo (PC) y Javiera Toro (Comunes), para intentar cuadrar a sus filas.

El factor del Partido Republicano. Desde RN y la UDI anunciaron el martes que votarían en contra de las 14 observaciones del Gobierno, lo que supuso una presión inesperada para la bancada de diputados republicanos, que se reunió durante la mañana.

• En ese encuentro, primó la postura de Cristián Araya, integrante de la comisión de Seguridad y quien planteó que de no contar con los 2/3 de los parlamentarios para insistir en el proyecto que despachó el Congreso, se debía aprobar la propuesta del gobierno.
• “El veto se sintetiza en la expresión peor es nada”, señaló Araya y añadió que “no hay ninguna oportunidad ni espacio para cálculos mezquinos, políticos o comunicacionales”.
• La postura de republicanos no acomodó a la UDI y RN. “Yo invito a nuestros colegas de oposición a que no caigamos en este chantaje de ‘o me acoges el veto o no hay ley'”, explicitó Diego Schalper (RN).
• El problema fue que no solo se dividió la oposición en general, sino que además Evópoli tampoco se plegó a la idea que inició RN. “Vamos a apoyar este veto porque creemos que es el mal menor”, explicitó Francisco Undurraga.

La votación. Importantes fueron tres observaciones durante la votación de este miércoles:

1. Veto 3: La observación que establecía una gradualidad de penas para las usurpaciones con daño en las cosas fue aprobada por 82 votos a favor, 59 en contra y 2 abstenciones. Si es que los 11 diputados republicanos que estaban en la sala hubiesen rechazado, esta parte del veto se habría aprobado con un voto. En este caso los descuelgues oficialistas vinieron de la bancada de independientes PC solamente.

2. Veto 5: Esta ha sido la observación que mayor polémica ha generado entre La Moneda y la oposición, pero también al interior del oficialismo, ya que establece la discrecionalidad del juez para las sanciones de usurpaciones no violentes. Aquí hubo varios díscolos en el oficialismo, considerando que la bancada independiente-PC no aprobó esta iniciativa, al igual que RD, y los PS Emilia Nuyado y Tomás de Rementería. Finalmente el veto fue aprobado con 73 votos a favor, 64 en contra y 5 abstenciones. Si republicanos no hubiese aprobado, la observación se habría rechazado y las usurpaciones no violentas habrían tenido solo sanción de multa como establece hoy el Código Penal.

3. Veto 9: La observación que modificó el tipo de flagrancia permanente tuvo 72 votos favorables, 64 en contra y 6 abstenciones. De nuevo fueron claves los republicanos y sin sus votos no se hubiese aprobado. Esto, debido al rechazo de este veto por parte de la bancada independiente-PC y las diputadas Claudia Mix y Ericka Ñanco.

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