A medida que el gobierno de Gabriel Boric se acerca a su fin, se vuelve cada vez más evidente la posición que ocupará entre las ocho administraciones que han gobernado desde 1990. Y quizás la diferencia más grande no esté en términos de políticas públicas, como se podría imaginar, ni tampoco sea generacional, sino algo más profundo: la forma en que entendió y ejerció el poder.
A diferencia de los gobiernos anteriores, con la posible excepción del segundo gobierno de Bachelet, este gobierno debutó con la convicción absoluta de que tenía un deber moral de imponer sus ideas.
Obviamente, esta actitud le trajo consecuencias. Y no solo porque fracasó en prácticamente todos los cambios estructurales y programáticos que prometió impulsar -desde una nueva Constitución hasta la eliminación de las AFP-, además de mostrar serias dificultades incluso en los desafíos más básicos de gestión, sino porque lo dejará instalado en la historia como un gobierno intervencionista y de doble estándar.
Esta semana ofrece una oportunidad particularmente clara para observar cómo y por qué esto terminará siendo un problema mayor. La actitud del Presidente tanto en el caso Claudio Crespo como en el caso Julia Chuñil muestra cómo su certeza moral terminó por quitarle credibilidad más allá de su base política, y cómo esa lógica puede tensionar el funcionamiento normal de las instituciones.
El caso Crespo es el más evidente. Durante años, fue leído casi sin matices como una prueba más de abuso policial y de impunidad institucional. En el relato, Carabineros aparecían como los villanos de la historia incluso antes de que terminara el proceso judicial. Por eso, el fallo del 13 de enero sorprendió: el tribunal absolvió de manera unánime a Crespo, estableciendo que actuó en legítima defensa. No se trató de una resolución excepcional, sino de un fallo ajustado a derecho, dictado dentro de las reglas normales del sistema judicial.
Por su parte, el Presidente Boric no solo había contribuido a fortificar la narrativa popular del episodio, sino que perdió la oportunidad de corregirse incluso después del fallo. Tras conocerse la absolución, declaró que la decisión le producía “un desgarro muy grande” y cuestionó públicamente la proporcionalidad del razonamiento del tribunal. El Presidente trasladó su desacuerdo moral al plano de la evaluación pública de otro poder del Estado.
La relevancia del episodio no se puede desmerecer y es el mismo Crespo quien mejor lo constata cuando dice que “es muy malo cuando se mezclan los poderes del Estado”, apuntando a que la independencia total entre los tres poderes debe mantenerse. Si es así, lo cual es efectivamente probable, el problema está lejos de ser simplemente anecdótico.
El segundo caso es el de Julia Chuñil. Durante el año y tanto que estuvo desaparecida, su caso fue convertido en un símbolo de activismo político. Desde la izquierda se construyó un relato que la presentaba como víctima de la violencia estatal y de intereses empresariales que atacaban a defensores indígenas. Sin embargo, cuando el 14 de enero la investigación dio un giro abrupto y la policía detuvo a tres de los hijos de Julia Chuñil, acusados de haber participado en el homicidio de su madre, quedó en evidencia que el fondo del asunto no era político, sino familiar.
Como con el caso Crespo, el Presidente también jugó un rol relevante en este caso. Antes de que la investigación concluyera, contribuyó a reforzar la idea de una responsabilidad estatal, validando políticamente un relato cargado de sentido moral. Pero cuando se dio a conocer el resultado de la investigación de la fiscalía, ni el Presidente ni su sector se pronunciaron. No se corrigieron, no ofrecieron una reflexión pública, ni reconocieron el error de haber abierto un tema netamente judicial en el plano público.
En este segundo caso, como en el primero, las instituciones hicieron exactamente lo que les correspondía: investigar, reunir evidencia y actuar conforme a ella. Pero a diferencia del primero, que fue fuertemente resistido por el Ejecutivo, el repliegue político dejó en evidencia lo que pasa cuando narrativas morales previamente instaladas chocan con procesos judiciales que no confirman lo que se esperaba de ellos.
La asimetría es difícil de ignorar.
En el caso Crespo, el fallo judicial que no coincidía con las convicciones del Ejecutivo ni con el relato previamente instalado dio pie a una intervención política abierta, con cuestionamientos explícitos desde La Moneda. En el caso Chuñil, en cambio, la investigación que desarmó por completo la narrativa política produjo el efecto contrario. Cuando los hechos no admitieron reinterpretación, la reacción no fue prudencia institucional, sino indiferencia política.
El patrón que emerge no responde a una regla clara ni a un criterio estable sobre cuándo corresponde hablar y cuándo guardar silencio. El Ejecutivo decide caso a caso si intervenir o retirarse, improvisando su relación con las instituciones según la conveniencia política del momento. Cuando existe margen para disputar el resultado, se tensiona; cuando ese margen desaparece, se ignora.
No siempre fue así. En momentos complejos, el Presidente Ricardo Lagos solía recurrir a una fórmula simple pero robusta: “dejemos que las instituciones funcionen”. No se trataba de una consigna vacía ni de una renuncia a sus convicciones políticas, sino de una regla previa, explícita y conocida, que se aplicaba con independencia del resultado. Lagos entendía que el valor de las instituciones no estaba en confirmar lo que uno creía correcto, sino en ofrecer decisiones legítimas incluso, y sobre todo, cuando esas decisiones eran incómodas. Ese estándar no se ajustaba según el caso ni se improvisaba según la conveniencia política del momento. Esa es la diferencia entre altura moral y superioridad moral.
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