El Partido Comunista (PC) ha optado por mantener la indefinición en torno a su carta presidencial. A diferencia del Partido Socialista (PS) y el Frente Amplio (FA), que ya resolvieron apoyar a Carolina Tohá ante la falta de alternativas competitivas, el PC cuenta con dos figuras viables: el exalcalde Daniel Jadue, actualmente investigado por fraude al fisco, estafa y cohecho, y la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.
Es en esta última donde conviene detenerse, ya que su eventual postulación ha provocado tensiones tanto con candidaturas opositoras como con figuras oficialistas, revelando una compleja superposición entre sus funciones como ministra y su proyección como presidenciable.
Jara ha protagonizado varios episodios que la han enfrentado públicamente a Evelyn Matthei, la precandidata de Chile Vamos. En un tono que excede claramente su rol institucional, la ministra cuestionó la capacidad de Matthei para gobernar el país desde la experiencia local en Providencia, y criticó propuestas en materia fiscal, particularmente la reducción de impuestos corporativos, advirtiendo su impacto en políticas públicas como salud y educación.
Más que una intervención técnica desde el Ministerio del Trabajo, sus declaraciones parecen inscribirse en la lógica de una campaña electoral.
El cruce con Carolina Tohá, su excolega de gabinete y precandidata del PPD, agudizó aún más la tensión en el oficialismo. Tohá expresó su incomodidad de competir en una primaria con Daniel Jadue, debido a su cercanía con el régimen venezolano. La respuesta de Jara fue inmediata: calificó la crítica como inapropiada y sugirió a Tohá centrarse en las propuestas en lugar de vetar nombres. Este episodio volvió a poner en evidencia la dualidad que enfrenta la ministra: actuar como funcionaria de Estado, pero intervenir como figura política con aspiraciones presidenciales.
Mientras Jeannette Jara mantenga esta ambigüedad, es inevitable que surjan cuestionamientos sobre la separación entre su cargo ministerial y actividades que pueden ser interpretadas como proselitistas.
Su rol en actos públicos —como la promulgación de la Reforma Previsional o su participación en un seminario en el Estadio Monumental con la camiseta de Colo-Colo— puede leerse como parte de una estrategia de posicionamiento personal. Esta situación contrasta con el principio de prescindencia que históricamente han exigido los gobiernos a sus funcionarios con aspiraciones electorales, que ofrece una vara clara para evaluar esta situación; quienes han tenido aspiraciones presidenciales se alejaron de sus cargos para evitar conflictos éticos y políticos.
No se trata de apostar seguro sobre una ambición por legitima que es, no puede exponer no sólo a su administración sino al país que no debería ver que una ministra está ejerciendo como candidata mientras debe ejercer su rol para el cual fue designada.
El problema hoy no es solo la ambigüedad de Jeannette Jara. Es, sobre todo, la omisión del presidente Gabriel Boric frente a estas señales contribuye a una percepción de falta de probidad en la gestión pública. Ya sea por respaldo tácito o por pérdida de control sobre las aspiraciones individuales dentro del gabinete.
El riesgo político es evidente, la falta de prescindencia no es solo una infracción ética o una mala señal institucional, también, erosiona la autoridad del gabinete, al permitir que una ministra intervenga abiertamente en el debate electoral. Por otro, se debilita la cohesión del oficialismo, al exacerbar las tensiones entre partidos que aún no logran acordar una estrategia común de cara a las presidenciales.
En el fondo seguimos teniendo una coalición de gobierno que está compuesta por partidos que no lograron construir una narrativa común pasados tres años.
La precandidatura de Jeannette Jara ilustra los dilemas del oficialismo ante la ausencia de liderazgos claros y la dificultad para articular una estrategia electoral común. A meses de que comience el ciclo presidencial, solo el PPD ha definido su opción. Mientras el PC mantenga la ambivalencia y Jara continúe desempeñando este doble papel, el riesgo es que se profundicen los conflictos éticos, políticos y de gestión dentro del gobierno.
La falta de definición no solo afecta al Partido Comunista, sino que compromete la imagen de un Ejecutivo que debería velar por la neutralidad y el buen uso de los recursos públicos.
En definitiva, lo que está en juego no es solo una precandidatura, sino la forma en que entendemos la frontera entre lo público y lo partidario, entre el ejercicio del poder y el respeto a las normas democráticas básicas.
Mientras el Partido Comunista continúe sosteniendo esta ambigüedad, y mientras el presidente Boric mantenga su silencio ante la evidente transgresión del principio de prescindencia, se seguirá debilitando no solo la legitimidad de su gobierno, sino también la confianza pública en las reglas del juego institucional.
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— Ex-Ante (@exantecl) March 25, 2025
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