Llega el 2026, y nos enfrentamos en Chile a una nueva etapa, a un nuevo gobierno. Pero detrás de cada gobierno, más allá de las ideologías, lo que debe primar es el Estado y la solidez de nuestras instituciones. Esto es lo que sostiene un país. La historia nos enseña que la confianza, la estabilidad y el desarrollo dependen de instituciones creíbles.Hace algunos años, el país atravesó un período de intensa reflexión institucional en torno a su marco constitucional. Superada esa etapa, resulta especialmente relevante reafirmar la importancia de resguardar y fortalecer la institucionalidad vigente, promoviendo su respeto y estabilidad en todas sus dimensiones.
Existen distintos estudios que demuestran la importancia de las instituciones en el desarrollo de los países. Por ejemplo, evidencia del Banco Mundial sugiere que diferencias en calidad institucional pueden explicar una diferencia en crecimiento de 1 a 2 puntos porcentuales anuales entre países. ¿Por qué es relevante? Para ponerlo en simple, si en Chile creciéramos 1% más cada año, el tiempo para alcanzar el nivel de riqueza per cápita de la OCDE se reduciría desde 60 a 30 años. El crecimiento en un punto porcentual anual sostenido cambia generaciones completas.
Es por esto que el eje central del libro “Por qué fracasan los Países”, es que la prosperidad o fracaso de las naciones se debe principalmente a la calidad de sus instituciones, y no a su geografía, cultura o recursos naturales. Bajo esta misma lógica, en materia previsional, el éxito de la reforma va a estar estrechamente relacionado con la institucionalidad.
Con la reforma de pensiones aprobada en 2025, se ha comenzado a establecer una nueva institucionalidad, con una alta presencia del Estado en distintos aspectos. Se crea el Fondo Autónomo (FAPP), se fortalece el IPS, incluso permitiéndolo vender servicios a terceros, se le entregan múltiples atribuciones nuevas a la Superintendencia de Pensiones, con amplísimas facultades interpretativas de la ley, se mandata a la Tesorería General de la República ofrecer servicios de cobranza prejudicial a las AFP, entre otros. Por lo tanto, es crucial que en toda esta nueva institucionalidad tengamos reglas claras, que exista igualdad de trato ante la ley entre entidad públicas y privadas, que no se afecte la competencia, entre tantas varias otras dimensiones.
Resulta fundamental destacar el rol de la Superintendencia de Pensiones, que está a cargo de escribir el régimen de inversiones, diseñar las carteras de referencia y la determinación de los premios y castigos aplicables a las AFP. Todas estas materias inciden directamente en todo el sistema, por lo que hay mucho en juego, y la responsabilidad del regulador adquiere una especial importancia, dado la magnitud del impacto que esas definiciones pueden tener sobre las pensiones presentes y futuras.
Finalmente, uno de los mayores riesgos para la estabilidad y la institucionalidad del sistema previsional son los retiros de fondos de pensiones. Su impacto estructural es evidente: erosionan el ahorro previsional, aumentan la inflación y comprometen las pensiones futuras. De cara al 2026, y con un nuevo gobierno y Congreso entrante, es de esperar que esta amenaza quede definitivamente atrás y que el debate público vuelva a centrarse en el ahorro previsional como vía efectiva para mejorar pensiones.
En conclusión, lo que hoy vemos en pensiones es un espejo de nuestro futuro institucional. Si lo hacemos bien, construiremos un país donde instituciones sólidas y equitativas garantizan un crecimiento sostenible y una confianza compartida en el mañana. Como ha señalado el politólogo Fukuyama, la confianza, nacida de instituciones creíbles, es el cimiento que permite relaciones económicas prósperas.
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Infraestructura: La clave para el despegue económico en 2026. Por Carlos Cruz. https://t.co/ZkC19jKmZL
— Ex-Ante (@exantecl) January 29, 2026
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