Llegaron las nuevas cifras de pobreza y, con ellas, la buena noticia de que ella disminuyó. Sin embargo, la historia es más incómoda de lo que parece. Con la nueva metodología de medición, la proporción de personas que viven en pobreza por ingresos resulta ser significativamente mayor de lo que creíamos: solo por el cambio metodológico, la tasa salta de 4,9% a 17,3%. Pese a ello, el debate público se ha concentrado casi exclusivamente en explicar la baja de la pobreza, dejando en segundo plano una pregunta fundamental: cuál es el impacto que estas decisiones metodológicas tienen sobre la evaluación de las condiciones reales de vida de las personas. Y aquí falta información.
Conviene partir reconociendo el esfuerzo detrás de esta actualización. La nueva medición de la pobreza se sustenta en un trabajo técnico serio, impulsado por una Comisión Asesora Presidencial de Expertos y respaldado por una Mesa Técnica (INE, CEPAL, PNUD y el MDSF) con amplia experiencia. El gobierno recogió la mayor parte de esas recomendaciones, avanzando hacia una medición más exigente y conceptualmente más robusta. Sin embargo, no todas las definiciones siguieron ese camino, y algunos cambios relevantes se apartaron de la práctica histórica y de lo sugerido por la Comisión sin una explicación pública clara sobre sus efectos. En un tema tan sensible, ese vacío informativo es preocupante.
Uno de esos cambios, que nos parece especialmente relevante, dice relación con la forma de construir la canasta básica de alimentos. Bajo la nueva metodología, al eliminar productos de bajo consumo, el gasto asociado a ellos ya no se redistribuye entre los alimentos que permanecen en la canasta, como sí ocurría antes. Este detalle no es menor. Al reescalar la canasta para alcanzar el estándar nutricional de 2.000 calorías, el costo final depende del precio promedio por caloría de los alimentos que quedaron dentro. Como los productos excluidos aportan calorías relativamente más caras, ese precio promedio disminuye y, con ello, también lo hace la línea de la pobreza.
Las razones que se han entregado para este ajuste son atendibles. Este permitiría utilizar la última Encuesta de Presupuestos Familiares de 2021 —en lugar de la de 2017, como recomendó la Comisión— para reflejar una estructura de consumo más actualizada y, al mismo tiempo, corregir las distorsiones en los niveles de gasto identificados por dicha Comisión. Este enfoque, además, es consistente con las recomendaciones de la CEPAL y busca preservar el patrón de consumo observado en los hogares, que bajo la metodología anterior se veía alterado por la redistribución del gasto eliminado.
El problema, sin embargo, es la falta de transparencia respecto de este cambio y sus efectos. La tasa de pobreza es altamente sensible incluso a pequeñas modificaciones en la canasta alimentaria. A modo de ilustración, si se redistribuyera el gasto eliminado, la tasa de pobreza aumentaría en torno a seis puntos porcentuales adicionales. Esto resulta especialmente relevante si se considera que no existe información pública sobre la evolución del peso de los productos excluidos en el consumo de los hogares, ni sobre cómo esa trayectoria podría estar influyendo en lo que hoy definimos —o dejamos de definir— como canasta básica de alimentos. Esto en un contexto donde dicha canasta está experimentando nuevas modificaciones normativas, como la exclusión de los productos ultraprocesados.
Ya se perdió tiempo valioso en la publicación de los datos de la Casen, difundidos recién hace algunos días. Nuestro ejercicio, sin duda, requiere mayor maduración, pero precisamente por tratarse de definiciones adoptadas por un gobierno que está de salida, resulta aún más importante que se expliquen en detalle sus fundamentos y efectos. Este análisis no busca cuestionar los avances recientes en la medición. Sí deja, en cambio, una lección relevante: las reglas metodológicas no son neutrales y su impacto sobre las cifras finales es cuantitativamente significativo.
Cuando el número cambia, la tarea del Estado no es solo comunicar el resultado, sino también explicar con claridad sus fundamentos. Mejorar la medición es parte integral de una política pública creíble y una condición necesaria para seguir avanzando, con legitimidad y evidencia, en la reducción de la pobreza.
Para más noticias de After Office en Ex-Ante, clic aquí.
¿Se alinearán los astros para aumentar la producción del cobre? Por María Cristina Betancour. https://t.co/o9fWPa9S6c
— Ex-Ante (@exantecl) January 26, 2026
Publicaciones relacionadas
El problema es cuando se instalan por inercia. Sin preguntarse qué comportamiento están empujando. Porque cuando los incentivos están mal diseñados, no dejan de ayudar: empiezan a dañar.
Los costos que implica ignorar la opinión de los economistas bien entrenados no son abstracciones teóricas; son consecuencias concretas para las personas, quienes merecen que sus líderes tomen decisiones basadas en la evidencia, la racionalidad económica y el contexto cultural.
En materia energética, postergar decisiones no es neutral, es la forma más cara de no avanzar. Por lo mismo, la competitividad del país depende de cuán rápido seamos capaces de convertir las ventajas, como el gran desarrollo de energías renovables, en seguridad, eficiencia y menores costos para las personas y empresas.
La cuenta regresiva ya empezó, y la lección más urgente para los sostenedores chilenos es clara: la privacidad y la velocidad de respuesta ya no son un anexo del contrato de matrícula. Son la nueva regla de convivencia escolar.
Con todo, esta cuarta ventana, junto con la integración total, parece ir en una dirección razonable: cerrar, a un costo conocido y acotado, un capítulo del sistema tributario que lleva más de una década generando dudas, para poder ofrecer hacia adelante un sistema más simple y competitivo.
