Cuando un presidente celebra una decisión judicial, el mensaje que se transmite sugiere una alineación o aprobación que puede interpretarse como presión sobre el Poder Judicial. En democracias consolidadas, la independencia judicial debe ser un principio respetado. Ninguno de los presidentes democráticos, Aylwin, Frei, Lagos, Piñera o Bachelet se habría comportado de la forma que actuó Boric.
“Tic” autoritario. El Presidente Boric no fue capaz, no pudo o no quiso contener su alegría por la formalización y prisión preventiva del abogado Luis Hermosilla, por los delitos de cohecho, soborno y evasión de impuesto.
- A los pocos minutos de concluida la audiencia celebró la resolución del tribunal, lo trató de delincuente dándolo por condenado antes del juicio. Pasó a llevar la presunción de inocencia, involucrándose en un caso pendiente, lo que está prohibido en la constitución.
- Confieso que cuando lo vi, en clave de campaña, con ese entusiasmo desbordante, con una sonrisa amplia de satisfacción, como si la prisión preventiva de Hermosilla la hubiese logrado él, se me vino a la mente, por un nano segundo, la imagen de Diosdado Cabello. Por vez primera percibí en él un “tic” autoritario.
- Un comportamiento en el cual ninguno de los presidentes democráticos, Aylwin, Frei, Lagos, Piñera o Bachelet habrían incurrido jamás.
- La culminación de una seguidilla de intervenciones programadas a cargo de la vocera del gobierno que nos “ilustró” a diario sobre la perversidad moral del imputado.
- Para un gobierno acorralado por el aumento exponencial de la delincuencia, enredado por las discrepancias internas sobre Venezuela y juicios por corrupción por las fundaciones, el caso Hermosilla le cayó como “anillo al dedo”.
Contraste con Jadue. No se puede negar la gravedad de las imputaciones que se le hacen al abogado Hermosilla, que no es una víctima. Pero transformarlo en el “niño símbolo” de la delincuencia y la corrupción, en la “encarnación” de los males que en el ámbito de la probidad afectan a la república huele una motivación política-electoral, cuando solo faltan pocas semanas para las elecciones de octubre.
- Boric no celebró cuando ocurrió lo mismo con el exalcalde Daniel Jadue, a la sazón un funcionario público, imputado por delitos gravísimos contra el patrimonio fiscal tales como cohecho, fraude al fisco y estafa que lleva 80 días preso.
- No le habló al país ante un público que ovacionó sus palabras, vinculando a Jadue con la corrupción y la delincuencia, no lo puso como ejemplo de compromiso del gobierno de perseguir a los poderosos que se creen inmunes a la acción de la justicia.
- Los chilenos tienen derecho a preguntarse por qué el doble estándar. Cuando se trata de militantes de un partido de gobierno, que descalifica a la justicia y a los jueces, que denuncia persecución política, el presidente guarda silencio. Pero si el imputado esta identificado con la oposición la cosa cambia radicalmente.
- En mi opinión, se trata de una ofensiva mediática dirigida desde La Moneda con la participación del Pesidente y sus ministros de justicia e interior (¿y tal vez con el ministerio público?) para maximizar el daño político que el caso Hermosilla le pueda causar a la oposición; y, mantenerlo en las primeras planas, ojalá hasta el día de la elección.
- No, un presidente democrático no debería celebrar públicamente la prisión preventiva decretada por un tribunal penal en contra de ningún ciudadano. Es una medida cautelar, no una condena, y su finalidad es garantizar que el imputado no huya, no obstaculice la investigación o no cometa nuevos delitos mientras espera el juicio.
- El Presidente Gabriel Boric cometió un grave error; o mostró su verdadero rostro.
Separación de poderes. Más allá del contexto del caso específico, esta situación expone un tema crucial para cualquier democracia: la importancia de la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial. Con su reacción pone en entredicho los principios básicos del Estado de Derecho.
- Cuando un presidente celebra una decisión judicial, el mensaje que se transmite sugiere una alineación o aprobación que puede interpretarse como presión sobre el Poder Judicial. En democracias consolidadas, la independencia judicial no solo debe ser un principio respetado en la práctica, sino también en la percepción pública.
- Las palabras de un presidente, más aún en tiempos de redes sociales y polarización política, tienen un peso simbólico que no debe subestimarse.
- La independencia de los jueces está diseñada para proteger los derechos de todas las partes involucradas en un proceso judicial, asegurando que las decisiones se tomen basadas únicamente en los hechos y la ley. Cualquier indicio de que el Poder Ejecutivo, o cualquier otro poder, influye en estas decisiones erosiona la confianza ciudadana en la justicia.
- La separación de poderes no es un concepto abstracto; es la garantía de que el Estado opera con pesos y contrapesos que evitan el abuso de poder. El Poder Ejecutivo no debe interferir en las decisiones del Poder Judicial, de la misma forma que los jueces no dictan políticas públicas. Cuando esta separación se difumina, el equilibrio se rompe y se abre la puerta a arbitrariedades que pueden tener efectos devastadores para la democracia.
Un sabor amargo. En el caso del Presidente Boric, sus declaraciones celebratorias pueden ser interpretadas como un mensaje implícito que compromete la neutralidad de la Presidencia frente a los procesos judiciales. Aunque pueda no haber una intención directa de influir, la percepción pública es lo que importa, y en este sentido, se debe evitar cualquier apariencia de interferencia.
- La situación se agrava cuando ministros de Estado también participan en la discusión de juicios penales en curso a través de conferencias de prensa o declaraciones públicas. No es correcto que funcionarios del Ejecutivo hagan comentarios sobre casos activos, ya que esto puede percibirse como un intento de influir o presionar a jueces y fiscales.
- La prudencia en las comunicaciones oficiales debe ser una regla de oro para cualquier gobierno que respete el principio de separación de poderes.
- Si, las declaraciones del Presidente y sus ministros sobre el caso Hermosilla horadan el Estado de Derecho, ponen en peligro la independencia del poder judicial y la separación de poderes y podrían violar la constitución. Que, en su artículo 76, establece que “la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley”.
- Sin embargo, es posible ver el vaso medio lleno porque la temeraria actuación del Presidente mereció un repudio transversal. Tanto del mundo político como académico salieron rápidamente en defensa del estado de derecho, de la independencia del poder judicial. Para el Presidente su “mise-enseñe” le deja un sabor amargo que hace muy improbable que se repita.
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