Nunca antes quienes respaldan al nuevo gobierno habían presentado una acusación constitucional contra un ministro del gobierno precedente. Desde 1990, sólo en dos ocasiones se presentaron acusaciones contra exministros. La primera contra Alejandro Foxley y Alejandro Hales por la pérdida de recursos en Codelco, impulsada por la UDI y RN, que habían estado en la oposición y continuaban allí, pues la Concertación había logrado su continuidad en el gobierno.
La segunda acusación a un exministro fue presentada contra Andrés Allamand por haber dejado el cargo para asumir una responsabilidad internacional en plena crisis migratoria, pero fue impulsada por la diputada Pamela Jiles y la bancada del Partido de la Gente. De hecho, sólo una pequeña minoría (15) de los 155 diputados votó en contra de la cuestión previa, y votaron a favor de que la acusación se considerara como no presentada las bancadas de oposición, pero también las de todos los partidos oficialistas, incluidos el Frente Amplio y el Partido Comunista.
Ésta es la primera acusación constitucional contra un ministro del gobierno precedente presentada por un partido del nuevo gobierno y respaldada por buena parte de los diputados oficialistas. Se trata, además, del principal partido del gobierno actual, el que fundara y liderara el presidente Kast y cuya bancada de 31 diputados es por lejos la más grande de la Cámara de Diputados.
El Partido Republicano impulsó desde la oposición sucesivas acusaciones constitucionales a ministros durante el gobierno del presidente Boric, imitando la conducta de parte importante de la izquierda durante el segundo gobierno del presidente Piñera. Todo indica que aún no ha aquilatado las consecuencias de haberse transformado en el partido principal del gobierno y se resiste a cambiar el switch de partido minoritario de oposición, asumiendo la responsabilidad que le cabe de ser el principal factor de unidad del oficialismo, impulsor de la cohesión de sus partidos y de la articulación de mayorías para respaldar las iniciativas de un gobierno que es esencialmente el propio.
Primero, porque está muy lejos del interés de cualquier gobierno y de sus partidos que se repita por tercera legislatura consecutiva un ciclo de perversión de la herramienta constitucional de la acusación como expresión de crítica política o desacuerdos de gestión, en lugar de reservarse para lo que fue concebida, que es juzgar y sancionar a las autoridades por transgresiones a la constitución y las leyes.
Si no habían transcurrido horas de conocido el Informe de Finanzas Públicas y Republicanos comunicó su decisión de acusar constitucionalmente al ministro de Hacienda Nicolás Grau, sin siquiera darse el tiempo para examinar la existencia de eventuales transgresiones constitucionales o legales en su gestión.
Segundo, porque su decisión fue completamente inconsulta con los demás partidos oficialistas y resucitó el reflejo de emplazamiento a la “derechita cobarde”, como si continuara en la lucha por su reemplazo, como si aún no se convirtieran en el partido más grande de la derecha, como si su líder y fundador no hubiera triunfado categóricamente en la elección presidencial, como si no fueran el principal sostén del gobierno actual y como si no necesitaran reconstruir relaciones de colaboración y sentido de pertenencia a una entidad común con los demás actores del oficialismo.
Esto puso de manifiesto una de las principales debilidades actuales del nuevo gobierno, que al igual que la gestión precedente, carece de una coalición política que lo respalde. El grado cero de una coalición de gobierno es que los partidos que la conforman se dispongan a reflexionar en conjunto y tomar decisiones colectivas, al menos en los temas más relevantes.
Tercero, porque la AC se presenta en medio del esfuerzo gubernamental por ampliar el respaldo a su más importante iniciativa legal, que contiene buena parte de su programa de gobierno, y es evidente que una declaración de guerra al gobierno anterior polariza y genera un clima político que hace más difícil el desmarque opositor requerido. De hecho, las inequívocas señales contrarias de los ministros del Interior y Segpres fueron desatendidas y desestimadas.
Cuarto, porque deja la decisión nuevamente en manos de Pamela Jiles y la bancada del PDG, lo que los obligará más tarde a escalar en la polarización cuando la diputada Jiles concrete su anuncio de acusar constitucionalmente al expresidente Boric, sin ninguna garantía de que el PDG no disfrute su rol de fiel de la balanza cuando la izquierda empuje una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, el de mayor rechazo en la encuesta CEP, porque los recortes presupuestarios ponen en riesgo la salud pública.
La única explicación plausible para que Republicanos haya empujado esta AC contra Grau es el pánico de que Johannes Kaiser y los nacional libertarios repitan el libreto que Kast y los Republicanos aplicaron con éxito contra Chile Vamos y el presidente Piñera. De hecho, se pudo observar una carrera desenfrenada por el liderato del proceso entre las dos bancadas antes de convenir una presentación común del libelo acusatorio.
Que los Nacional libertarios los empujen al casillero de “derechita cobarde” ahora que están en el gobierno y tienen que lidiar con las restricciones financieras, la opinión pública y las correlaciones de fuerzas en el Congreso, y estarán obligados a salir de las trincheras para concordar con otros la producción de resultados para el país, seguramente no los deja dormir tranquilos.
Mi experiencia parlamentaria, en todo caso, es que, aunque la mayoría de tu sector político considere una locura acusar constitucionalmente a una autoridad determinada, una vez que se presenta la AC tiende a producirse un alineamiento masivo, al que apuesta en toda candidez el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Republicano Agustín Romero, declarando que lo que está en juego es si la gestión económica del gobierno de Boric fue buena o mala.
Al final, a pesar de sus opiniones contrarias a la pertinencia y validez de la acusación a determinada autoridad, casi todos terminaban votando alineados con sus respectivos sectores, los de oposición a favor de destituir al ministro o presidente de la República y los de gobierno votando en contra, porque desalinearse y decidir en conciencia por el mérito efectivo de la acusación, tiene consecuencias que muchos no están dispuestos a asumir.
Aunque este caso es distinto, porque se trata de un gobierno que ya terminó su mandato, mi pronóstico es que es altamente probable que la AC tenga éxito en la Cámara de Diputados, porque serán muy pocos los diputados de Chile Vamos que no se sumarán a la iniciativa de Republicanos y Nacional Libertarios, tan pocos que serán ampliamente compensados por los 14 diputados del PDG, que concurrirán alegremente a votar favorablemente, porque la polarización política y la concentración de la derecha y la izquierda en estas querellas inconducentes no hace otra cosa que ensanchar el espacio para un partido que basa su existencia en la crítica feroz a las élites políticas (y también económicas) de izquierda y derecha.
Además, en la Cámara para aprobarla se necesita mayoría de los presentes, de manera que se favorece la atávica costumbre parlamentaria de ausentarse cuando se trata de tomar decisiones que tienen costos muy altos.
En la Cámara tiene escasísima relevancia que autoridades económicas del gobierno de Piñera, críticas al manejo ministerial de Nicolás Grau, como Ignacio Briones y Alejandro Weber, consideren que acusarlo constitucionalmente es “pasarse varios pueblos”, o que la exintegrante del Tribunal Constitucional, la connotada jurista Marisol Peña, declare la inexistencia de ilícitos constitucionales, porque finalmente la decisión es para casi todos una disyuntiva exclusivamente política, o estás con el gobierno o estás con la oposición, en este caso, apoyas o rechazas al gobierno de Boric y su manejo económico.
El Senado, en cambio, actúa como jurado y está llamado a analizar el mérito de la acusación, es decir, la existencia de ilícitos constitucionales y legales. Aquí para aprobar la AC a un ministro de gobierno se requiere quorum calificado, es decir, 26 senadores, la mitad más uno de los senadores en ejercicio.
Por eso es previsible que el alineamiento político de la Cámara no se repita en el Senado, además que el PDG está completamente ausente en la cámara alta y el peso de Republicanos y Nacional Libertarios es significativamente menor. Por esto es muy probable que esta acusación, como la gran mayoría de las numerosas acusaciones presentadas contra ministros -salvo Provoste, Beyer y Chadwick- sea rechazada por no alcanzar el quórum requerido.
Después de dos legislaturas excesivamente nutridas de acusaciones constitucionales e iniciándose una tercera, cabe preguntarse por el sinsentido que tiene que la más grave de las herramientas de fiscalización que tiene la Cámara y la de mayores consecuencias -inhabilitación para ejercer cargos públicos por 5 años- requiera para ser presentada apenas el concurso de 10 diputados, mientras la interpelación, es decir, la obligación de un ministro de rendir cuenta de su gestión ante la Cámara, requiere para realizarse la solicitud de 52 diputados.
Eso deja al Congreso a merced de grupos radicalizados minoritarios que lo obligan luego a alinearse polarmente y a alejarse con demasiada frecuencia de su propósito legislativo.
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