Hasta hace poco, cuánto y en qué se gastaba el Estado nuestros recursos no era tema fuera de círculos académicos o de políticas públicas. Tal vez porque había reservas (plata en el chanchito), o porque nos creíamos los jaguares de América Latina. Tal vez porque somos miembros de la OCDE, como si eso nos blindara de los permanentes desvíos e incumplimientos de las metas fiscales o de las malas estimaciones de ingresos. Tal vez, porque se lo consideraba un asunto demasiado técnico; reservado a los técnicos, de hecho.
Sin embargo, algo está cambiando. La última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) nos muestra, y en buena hora, otra realidad.
El gasto y el nivel de deuda del Estado chileno pasó a ser un tema que nos ocupa. Un porcentaje mayoritario de la población considera que el nivel de deuda pública del Estado es muy grave o bastante grave. Lo anterior se condice con el hecho de que hoy sea objeto de discusión pública (como nunca) -y en plataformas antes reservadas para otras temáticas- la autorización que el ministro de Hacienda está pidiéndole al Congreso para emitir más deuda.
Por cierto, esto no es algo que el ministro Quiroz o nosotros hubiéramos querido (ojalá no estuviéramos en el pantano fiscal en que estamos), sino que responde a un escenario fiscal heredado mucho más complejo de lo previsto y a un déficit que terminó superando las estimaciones iniciales del Ejecutivo.
Desde lo técnico, uno de los principales puntos de preocupación es el impacto que tendrá el nuevo endeudamiento sobre la relación entre deuda pública y Producto Interno Bruto (PIB). El gobierno espera que la deuda no sobrepase el límite prudencial del 45% del PIB, sin embargo, el debilitado estado en el que quedaron las cuentas públicas bajo la administración anterior hace aquello muy difícil.
Por ello y en adelante, lo relevante será lo que ocurra con la trayectoria de la deuda, la que debe mantenerse a raya para no incrementar la probabilidad de default y exponer al país a más rebajas en la clasificación de riesgo. Todo esto en un contexto en que el Fondo de Estabilización Económica y Social se ha reducido en más de un 70% y han aumentado los pasivos contingentes que comprometen la sostenibilidad futura.
Desde lo ciudadano, tal y como refleja la encuesta CEP, las personas intuyen que un aumento de la deuda termina repercutiendo en su bolsillo. El aumento del costo de la deuda pública, al incrementar el riesgo de incumplimiento, termina por aumentar los intereses y consumir recursos fiscales que de otra manera pudieran haber estado disponibles para políticas sociales, inversión pública o mejoras en servicios estatales.
Y si lo intuyen y comienzan a entender es porque el Estado lo ha hecho mal y las chambonadas de los últimos años han sido demasiadas. También, porque los actores relevantes han levantado la voz con fuerza para hacer ver la fragilidad en la que nos encontramos. El actual gobierno, las instituciones que tienen por misión asesorar y contribuir al manejo responsable de la política fiscal del país, las entidades que fiscalizan el gasto público, que exigen rendición de cuentas y transparencia en la gestión, y los centros de estudios y profesionales que permanentemente alertan sobre esta materia han hecho una buena pega.
A ellos se han sumado los políticos y eso es una buena noticia (que hoy les preocupe la contención del gasto y no su extensión por defecto es un cambio relevante). Poner el foco y la lupa en el quehacer fiscal, no es otra cosa que velar con celo porque lo nuestro sea bien y eficientemente administrado.
Ahora bien, respecto del gasto del Estado la encuesta CEP refleja que aún hay un mensaje político sustantivo pendiente de ser trasmitido -o mejor transmitido- a la ciudadanía. Ello pues el resultado es un desacuerdo con la reducción del gasto público para mejorar la situación de las finanzas públicas (41 puntos).
El vaso medio lleno es que no se trata de una mayoría, y de que hay un no despreciable porcentaje que está de acuerdo o muy de acuerdo con esa estrategia (34 puntos). Hay una tarea en informar y educar respecto de los ítems en que se producirá o está produciendo el recorte fiscal, pero también el que, aun en la política social, hay oportunidades de mejora importantes: no es el santo grial, y que esas mejoras en eficiencia y eficacia redundarían en beneficio de las personas.
Dicho aquello, es interesante observar que respecto de las medidas prioritarias que podrían implementarse para mejorar la situación de las finanzas estatales, una abrumadora mayoría de los encuestados se inclina por la reducción del gasto en la administración del Estado (83 puntos), muy por sobre medidas que hoy releva la izquierda chilena como lo sería aumentar impuestos (32 puntos).
Todo indica que las personas comprendieron que las alzas sucesivas de impuestos de la última década no solo no han abonado a la sustentabilidad fiscal, sino que además nos tienen en un estancamiento crónico (que es, por lo demás, como las personas mayoritariamente perciben la situación actual del país).
De alguna manera, los datos muestran que por ahora se cortó el elástico, y el relato político detrás, de que los impuestos y su alza constante y sonante era LA herramienta para contar con un mejor Estado, sobre todo cuando las personas, gracias a la acción de las entidades fiscalizadoras, se han dado cuenta que buena parte de esos recursos han ido a parar a los bolsillos de no pocos funcionarios que han faltado a sus deberes de probidad, o a amigos de los poderosos en el Estado.
Aun así, y pesar de todo lo sucedido, la encuesta del CEP da cuenta de que las personas aun valoran la acción del Estado y le asignan un rol relevante en la sociedad (tal vez demasiado relevante a mi juicio), pero ya no a cualquier precio, y menos permitirá que le sigan contando cuentos.
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