-Han aumentado de 1000 a 1500 los campamentos. ¿Cómo ha sido el manejo del Gobierno en esta materia?
-En general, el manejo no ha sido bueno. Las sentencias sobre los campamentos de San Antonio y Lajarilla en Viña del Mar lo ilustran: hubo más de un año y medio para planificar desalojos, pero las gestiones se hicieron a última hora. En San Antonio, incluso, la prioridad fue evitar cumplir la sentencia. Esto sigue el mismo patrón del incendio de Viña del Mar, que se atendió con deficiencias, y el Plan de Emergencia Habitacional, que ha perdido impulso.
Los campamentos reflejan un problema económico y presentan complejidades técnicas –como el hecho que muchos están en zonas de riesgo– que no han sido abordadas. En cambio, la estrategia se ha centrado más en modelos alternativos –como cooperativas– que en soluciones concretas. Por ejemplo, los costos de construcción han aumentado, ya no existe el Crédito Especial a las Empresas Constructoras (que representaba gran parte de la rentabilidad en vivienda social) y los terrenos escasean, sobre todo para proyectos a gran escala. Ninguno de estos problemas ha sido abordado por el gobierno.
-El desalojo de la toma de San Antonio se postergó. ¿Es una buena idea hacer cooperativas como ha planteado el Minvu?
-No lo considero una buena idea. No soluciona la falta de capital que tienen los pobladores para comprar el terreno. Las cooperativas funcionan como un modelo de gestión comunitaria, pero no garantizan financiamiento. Aún peor en el contexto actual, donde el riesgo inmobiliario ha aumentado y la banca no está financiando la compra de terrenos a inmobiliarias. En este contexto, ¿cómo se financiará a las familias que no califican en el sistema financiero?
Además, la gobernanza de la cooperativa enfrenta desafíos por su gran escala. De acuerdo con sondeos, cerca del 75% participaría en la compra del terreno, dejando dudas sobre cómo se votarán etapas clave, quién asume los costos comunes de urbanización, qué pasa si alguien deja de pagar y qué ocurre con el 25% que no desea sumarse.
-¿Hay una especie de anomia, de debilitamiento del principio de autoridad?
-Sí, nuestras ciudades atraviesan un estado de anomia, donde predomina la ley del más fuerte. No es solo un problema de campamentos; el comercio ambulante sin control, las incivilidades en zonas de alto tránsito y los actos violentos a plena luz del día revelan un retroceso.
Un ejemplo de esto es la existencia de campamentos que operan como bases de bandas criminales. Casos como el de “Santa Marta” en Maipú –donde se descuartizó a Ronald Ojeda– y los asentamientos en Viña del Mar o el norte, vinculados al Tren de Aragua, muestran cómo la delincuencia se beneficia de la informalidad y la vulnerabilidad.
-Hay bandas que lotean terrenos?
-De manera similar, hoy existe un mercado negro incluso de suelo, donde los loteos irregulares se han convertido en un negocio que se aprovecha de la falta de cumplimiento de sentencias y de la vulnerabilidad de quienes no tienen donde vivir. Mientras tanto, los centros urbanos tampoco escapan a esta dinámica.
Hace poco se cerró un acceso en metro Cal y Canto por razones de seguridad; la Piojera evalúa irse tras el éxodo de 900 locales del centro, y en Estación Central se empedró veredas para “evitar” más vendedores informales. Todo esto refleja una clara pérdida de control.
-Hoy 4 de marzo va el desalojo de la toma Lajarilla de Viña, ya que la corte rechazó el último recurso presentado. ¿Cómo observas esta situación?
-Me parece una medida lamentable pero necesaria de ejecutar. El incumplimiento de la sentencia habría enviado una señal de descontrol sobre los campamentos, sobre todo considerando que este caso no tiene la escala de San Antonio. Además, cabe recordar que existen cerca de 50 campamentos en situaciones similares.
Los campamentos generan una tensión constante entre el cumplimiento de la ley y la necesidad de no dejar a la gente en la calle. Sin embargo, si las sentencias no se ejecutan, la anomia que comentábamos antes solo se agudiza. Por otra parte, priorizar a quienes ocupan terrenos ilegalmente en desmedro de quienes llevan años esperando por un subsidio envía un mensaje erróneo a la ciudadanía.
-¿Cuál es el impacto de la informalidad en el desarrollo urbano?
-La informalidad debilita el estado de derecho y, con ello, el desarrollo de las ciudades. Cuando impera la ley del más fuerte, la inversión se retrae y la población migra a zonas más seguras, como hemos visto en Estados Unidos y, cada vez más, en Santiago.
Si bien el primer desafío es resolver la seguridad, también es urgente construir más viviendas para acomodar el crecimiento poblacional; de lo contrario, esta se encarecerá a un ritmo más rápido que el crecimiento de los salarios. El proyecto de ley que moderniza la planificación territorial podría ser útil, pero debe priorizar la reducción del déficit habitacional en lugar de enfocarse exclusivamente en promover viviendas sociales. Recordemos que la clase media también puede verse obligada a habitar campamentos ante crisis económicas, como evidenció la pandemia.
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