Guerra comercial y las arcas fiscales de Chile. Por Elisa Cabezón

Directora de Evidencia de Pivotes

En Pivotes proponemos un nuevo régimen de empleo público, que racionalice la contratación y desvinculación en función al desempeño y mérito de los funcionarios, y la creación de una Agencia de Calidad encargada de la evaluación ex ante y ex post para mejorar la racionalización en la elaboración de las políticas y un mejor uso de los recursos públicos.


Incertidumbre en la economía mundial y nacional. Alta volatilidad en los mercados financieros. Estos son los efectos que está generando la guerra comercial entre EE.UU y China, y las subidas de aranceles impulsadas por Trump hacia las importaciones de otros países, incluyendo a Chile. Un comercio internacional con más barreras para el libre intercambio cambia las reglas de juego para las empresas y Chile debe estar preparado para enfrentar escenarios económicos adversos.

Quiero aprovechar esta contingencia para recordar una de las herramientas que tenemos para afrontar contracciones económicas: la Regla del Balance Estructural (RBE), que busca generar ahorros fiscales en tiempos económicos buenos para usarlos en los tiempos económicos malos. El problema es que la aplicación de este principio se ha debilitado en el último tiempo. Lo explicaré en fácil.

Cada año, el Estado debe decidir cuánto gastar en distintas políticas (salud, pensiones, seguridad, educación, etc). Y cada año tiene un “ingreso fiscal efectivo” que proviene principalmente de los impuestos que genera la actividad económica e ingresos del cobre de ese año.

En la RBE, el gasto fiscal de cada año, en lugar de basarse en el “ingreso fiscal efectivo”, se basa en el “ingreso fiscal estructural”: se estima el ingreso fiscal asumiendo que la economía y el precio del cobre están en su nivel tendencial, limpiando los ciclos económicos (figura 1).

Esto permite que, en los años buenos, cuando la economía y el precio del cobre están sobre su nivel tendencial, el ingreso fiscal efectivo es mayor al gasto y tenemos superávit fiscal, y el Estado es capaz de acumular ahorro o reducir deuda. Y en años malos, el ingreso fiscal efectivo es menor al gasto, y tenemos déficit fiscal, y el Estado de Chile debe cubrirlo usando sus ahorros o emitiendo deuda.

Pero Chile se ha alejado de este principio y la salud fiscal se ha debilitado. Entre 2009 y 2024, los últimos 16 años, 13 años fueron de déficit fiscal y sólo tres de ellos fueron explicados por una crisis: 2009 (crisis subprime), 2020 y 2021 (pandemia). Hubo 10 años de déficit sin estar en recesión (Figura 2)

Esto ha provocado un continuo aumento de la deuda pública y una caída del ahorro estatal en el último tiempo. ¿Resultado? Si la guerra comercial genera una recesión, tenemos un espacio fiscal más acotado para enfrentarla en comparación a las crisis anteriores.

Por una parte, tenemos menos margen para emitir más deuda pública. Previo a la crisis subprime, la deuda equivalía a un 4,9% del PIB y previo a la pandemia, estaba en un 28,3% del PIB. Hoy está en un 42,3% del PIB, al borde del límite prudencial del 45%. Y, por otra parte, el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), un fondo de ahorro estatal diseñado para usarse en emergencias tenía US$ 20.211 millones acumulados para enfrentar la crisis subprime, y tenía US$ 12.233 millones para enfrentar la pandemia. Hoy está en sus mínimos históricos, con US$ 3.618 millones.

Esperemos que la guerra comercial no provoque una contracción económica. Pero sólo el riesgo es un llamado de atención para Chile: debemos recuperar la salud fiscal y robustecer el ahorro estatal para enfrentar posibles escenarios económicos adversos. Hoy el susto es la política internacional de Trump, y quién sabe qué otros riesgos pueden asomarse en el horizonte. Chile necesita medidas ambiciosas que recorten el gasto público ineficiente y terminar esta inercia de que cada año nuestra situación fiscal se debilita.

Para este objetivo, en Pivotes proponemos un nuevo régimen de empleo público, que racionalice la contratación y desvinculación en función al desempeño y mérito de los funcionarios, y la creación de una Agencia de Calidad encargada de la evaluación ex ante y ex post para mejorar la racionalización en la elaboración de las políticas y un mejor uso de los recursos públicos. La creación de esta institución se ha propuesto en todos los gobiernos desde el primer periodo de Michelle Bachelet, y varios países de la OECD han ido avanzado en esta línea con buenos resultados.

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