Se está instalando la pista de carrera para las elecciones presidenciales y parlamentarias de este año, y entre los candidatos surgirán múltiples promesas para satisfacer las principales demandas ciudadanas. Un tema de gran frustración para los chilenos está en las oportunidades de empleo. Y es una frustración justificada si vemos los datos.
Desde el año 2000 hasta el 2013, la tasa de desempleo de Chile experimentó una constante caída, llegando a su mínimo histórico de 5,8%. Pero ese favorable impulso se interrumpió y desde el 2014 este indicador ha tenido un sistemático aumento, alcanzando la actual tasa de 8%. Al observar la creación de empleos formales, se aprecia el mismo deterioro. Si desde el 2000 hasta el 2013, el porcentaje de la población en edad de trabajar que gozaba de un empleo con seguridad social aumentó desde un 24% hasta un 36%, a partir del 2014 dejó de mejorar.
¿Cómo salimos de este letargo laboral? Diré algo obvio, pero a veces en el debate público se nos olvidan las obviedades. Si queremos mejorar las oportunidades de empleo, debemos potenciar la fuente de éstos: el crecimiento de las empresas y emprendimientos. ¿Qué medidas hemos implementado en esta dirección? Al revisar las leyes aprobadas en los últimos años, bien poco.
No sólo hemos incrementado la carga tributaria a las empresas, desde un impuesto corporativo de un 17% en el 2009 a la actual tasa del 27%. A esto se suman leyes laborales que han contribuido a encarecer y dificultar la contratación: la extensión del periodo posnatal de 12 a 24 semanas en el 2011 (ley 20.545); la reforma laboral del año 2016 que aumentó el costo de la huelga para el empleador junto a la indexación salarial (ley 29.940); la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales aprobada en el 2023 (ley 21.561); el continuo aumento del salario mínimo alcanzando el actual de $510.636; la Ley Karin aprobada el 2024 que aumenta los riesgos de litigios que enfrenta el empleador (ley 21.643). Y no olvidemos la bomba previsional aprobada en enero, que aumenta la tasa de cotización en siete puntos.
Todas estas reformas tienen objetivos loables, buscan fortalecer la seguridad social, los derechos de trabajadores, la recaudación fiscal. Pero a la vez, cada una de estas medidas ha aportado a cargarle la mochila a las empresas. Y luego aparecen actores públicos que les alegan por no pagar mejores sueldos.
En este año electoral se valorará a los candidatos que desafíen esta inercia de aumentar la carga a los generadores de empleo y propongan medidas que faciliten la contratación. Existe una propuesta en este sentido, que tiene un gran respaldo entre los técnicos y ha sido fuertemente recomendada por la OECD, pero que es tímida entre los políticos: reducir la indemnización por años de servicio (IAS), reforzando el seguro de cesantía (informe OECD).
La IAS es el monto que la empresa debe pagar a su trabajador al despedirlo, y corresponde a un sueldo por año trabajado, con tope de 11 años. El monto exigido a las empresas en Chile al despedir es el más alto de la OECD. Y la intuición de por qué esto es una traba a la generación de empleo es directa: si es caro despedir, entonces también es caro contratar.
Además, exigir altos montos de indemnización genera un gran problema a los emprendimientos en vía de crecimiento: implica un gran desembolso de liquidez, acercándolos al temible quiebre de caja.
Una política que ha sido impulsada en la Unión Europea es la “flexiguridad”. Consiste en tener una regulación laboral en que es fácil contratar y fácil despedir, acompañado de un seguro de cesantía fuerte, y políticas de capacitación y reinserción laboral, para asistir a los trabajadores en época de desempleo con el objetivo que logren encontrar trabajo en el corto plazo.
En Chile tenemos harto espacio para avanzar hacia la flexiguridad, recortando los altos montos de indemnización, reforzando las prestaciones del seguro de cesantía y haciendo una profunda reforma al Servicio Nacional de Capacitación de Empleo (SENCE), organismo estatal que ha recibido fuertes críticas por su despilfarro de recursos públicos y poca efectividad en la capacitación laboral.
Esperemos que en esta campaña electoral dejen de escucharse propuestas que encarecen la contratación, y comencemos a escuchar con fuerza medidas que la faciliten, aliviando la frustración laboral de miles de chilenos.
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