Ayer la sala del Senado aprobó la reforma de pensiones y avanza a la Cámara de Diputados. En esta columna haré una revisión rápida sobre los avances del acuerdo, advirtiendo sobre el gran desafío que genera sobre el mercado laboral formal, que es la base de cualquier sistema previsional sustentable.
El principal avance, ya repetido por varias voces, es que el acuerdo valida y consolida el sistema de capitalización individual como pilar fundamental de nuestro sistema previsional. Con el acuerdo, 14,5 puntos de cotización irán íntegramente a las cuentas individuales de los trabajadores, para financiar las futuras pensiones a través del ahorro y permite entregar recursos a la inversión, lo que dará un empujón al crecimiento del país. Estos 14,5 puntos estarán a cargo de administradores privados que compiten entre sí.
Es notable que un gobierno que llegó al poder prometiendo que pondrían fin al sistema de capitalización individual con inversores privados, termine apoyando la actual reforma que fortalece este sistema.
También se crea un fondo estatal autónomo que recibirá cuatro puntos de cotización para pagar distintos beneficios previsionales. De estos, 1,5 puntos serán un préstamo de los trabajadores al fondo para pagar un bono por año cotizado a los actuales jubilados, que se les devolverá en forma de pensión, sumado a una tasa de interés que imita la rentabilidad de los bonos del tesoro.
Una de las principales preocupaciones levantadas es que este préstamo introduce reparto. Me gustaría aclarar que el reparto no es malo en sí mismo. El reparto es malo cuando el peso de financiar las pensiones recae en las futuras generaciones, volviendo insostenible el sistema. El préstamo, como está hoy diseñado, evita ese problema, ya que el gasto que financia, el bono por año cotizado, disminuye en el futuro, junto con la cotización de 1,5 puntos, que con el tiempo se trasladará a la cuenta individual hasta que ésta llegue a 16 puntos.
A pesar de que el diseño actual del préstamo no genera los clásicos problemas del reparto, tiene otros costos. En términos de rentabilidad, no es óptimo que parte de los ahorros de los trabajadores se destinen a financiar las actuales pensiones, con la garantía de que se les devolverá la cotización con un interés similar al que entregan los bonos del tesoro.
Esto es un costo de oportunidad para los ahorros de los trabajadores frente a la alternativa de que los 16 puntos lo administren íntegramente los inversores privados con el objetivo de maximizar rentabilidad bajo el riesgo adecuado.
Es por esto que es clave que se cumpla con la premisa de que los 1,5 puntos de préstamo no suban con el tiempo, sino que vayan trasladándose a la cuenta individual. Incluso, sería bueno que en caso de que el fondo estatal genera superávit, se acelere el traslado de la cotización desde el préstamo hacia las cuentas personales.
Por último, el acuerdo puede generar riesgos fiscales a través de un componente poco mencionado: el mercado laboral formal. Es cierto que subir los puntos de capitalización individual agregar ahorro para financiar las futuras pensiones, clave para liberar la eventual presión fiscal que generaría un escenario en que éstas se financien principalmente a través del gasto presupuestario de la PGU.
Sin embargo, esto se cumple si el número de personas empleadas formalmente no es afectada por el alza de los siete puntos extras de cotización de la reforma. Si el empleo formal es debilitado, el ahorro de las cuentas individuales podría no fortalecerse y la presión de mejorar las pensiones vía PGU aumentar. Lamentablemente, en una economía con bajo crecimiento económico como la nuestra, este escenario no es lejano.
Hay ciertos cambios que podrían suavizar este efecto. Uno de ellos es condicionar el alza de la cotización a la evolución de los empleos formales. Si en un periodo de tiempo se observa un caída de éstos, se podría pausar el alza de la cotización.
Otro cambio que ayudaría es que en la gradualidad del alza de los siete puntos, se prioricen los que se depositan íntegramente la cuenta individual, puntos que ayudan a fortalecer la inversión doméstica y el crecimiento. Para lograrlo, los beneficios a los actuales pensionados (bono por año cotizado y compensación de mujeres por expectativa de vida) debieran implementarse gradualmente, para no perjudicar la sostenibilidad del fondo estatal que los financia.
Estos mecanismos ayudarían a suavizar el impacto del alza de la cotización sobre el empleo, pero no resuelven el problema. La necesidad de implementar una agenda que facilite la contratación y el crecimiento del país se vuelve más urgente que nunca con la reforma de pensiones.
Si el Congreso y el gobierno no actúan en línea con este desafío, la reforma podría generar el efecto contrario que se espera: debilitar el financiamiento de las pensiones a través de la capitalización producto de la menor contratación formal, generando más presión para financiar pensiones vía gasto presupuestario. El desafío no es menor. ¿Las autoridades y políticos estarán a la altura de lo que se viene post reforma de pensiones?
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