El gerente general del Grupo Costanera, principal operadora de autopistas en Chile, Diego Savino, cree que hay una descoordinación estatal en el proceso de obtención de permisos para los proyectos. Esas dificultades estarían demorando las obras más del tiempo necesario. Por ejemplo, menciona el caso de la AVO I (Autopista Vespucio Oriente 1) que “entre el decreto de adjudicación y la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental, transcurrieron más o menos 1.400 días”, comentó.
Qué observar. Este martes, en la Comisión de Medio Ambiente del Senado se discutió la reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, que contempla la modernización al Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA). En este contexto, fue invitado el gerente general del grupo Costanera, Diego Savino, quien no acostumbra a realizar vocerías ni a participar de actividades públicas.
- La firma, líder en operaciones de autopistas en Chile, ha tenido que lidiar con la lentitud para la obtención de permisos y la descoordinación de los distintos actores del Estado, según dijo su CEO.
- Savino comenzó su intervención afirmando que originalmente quien se ocupaba del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) era el Estado y que las obras se licitaban con este permiso ya listo.
- En 2014 cambió ese criterio y los proyectos se podrían licitar sin el EIA. “Uno de los primeros de ellos fue AVO I (Autopista Vespucio Oriente 1). Entre el decreto de adjudicación y la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental, transcurrieron más o menos 1.400 días”.
- “Es más que nada una negociación entre distintos actores del propio Estado. Así también ocurre con AVO II (Autopista Vespucio Oriente 2) que se licita y se adjudica en abril del 2018. Lo que el Estado concordó con el mismo Estado, lo quieren cambiar en la instancia de tramitación ambiental. Entonces la rectoría técnica es tremendamente importante porque efectivamente se descarta lo que de alguna manera el mismo Estado zanjó ya antes, inclusive con protocolos firmados, con alcaldes que después cambian y se tiene que volver a renegociar”, dijo.
- Comentó que las solicitudes de prórrogas son comunes en forma de adendas que se otorgan en la parte ambiental, “porque tenemos que resolver un problema en que se ponga de acuerdo la mano derecha con la mano izquierda del Estado. La obra es pública, no es nuestra y el que tiene que concordar cómo se hace es la propia división del Estado”.
- El ejecutivo señaló que han detectado consultas entre distintas divisiones del Estado que son impertinentes. “Por ejemplo, si un municipio pide que le manden de vuelta un paisajismo distinto que no pasa por el camino crítico nos enredamos en hacer un montón de informes que no son sustanciales para un proyecto”, dijo.
- Savino finalizó su intervención afirmando que “si hacemos las cosas bien no podemos tardar 1.400 días, tendríamos que estar demorándonos 700, 800 días. Eso sería lo normal”.
Votación del proyecto. Tras la intervención de Savino, la Comisión de Medio Ambiente aprobó en general y por unanimidad la reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Ahora, la iniciativa pasa a la Sala para iniciar su discusión.
- El proyecto busca optimizar la evaluación ambiental, entregar certidumbre y reducir los tiempos de tramitación de los proyectos de inversión.
- La instancia está integrada por los senadores Isabel Allende (PS), Ximena Órdenes (PPD) , Sergio Gahona (UDI), Francisco Chahuán (RN) y Rafael Prohens (RN).
- Tras la aprobación de la iniciativa, la ministra de la cartera, Maisa Rojas, aseveró que “la discusión se ha dado en muy buenos términos para lograr importantes acuerdos en este proyecto de ley”.
- También participó de la instancia el Presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), Leonardo Daneri, quien realizó una presentación sobre las dificultades que deben sortear los proyectos de inversión en el contexto de los permisos.
La visión de la Sofofa. Una vez terminada la votación la Sofofa manifestó su preocupación por el contenido del proyecto y la necesidad de perfeccionar la iniciativa.
- Señalaron que el avance de este proyecto de ley se da en un escenario económico marcado por una tendencia de desaceleración económica en los últimos 10 años, lo que se ha traducido en menores niveles de inversión, creación de empleo y crecimiento de la actividad (PIB), afectando directamente la calidad de vida de las personas.
- “Persisten dudas sobre la efectividad de las medidas propuestas en el proyecto de ley para conseguirlo, las que incluso podrían ser contraproducentes. Lo anterior es principalmente preocupante en lo referente a la participación ciudadana, las atribuciones del Ministerio de Medio Ambiente y disposiciones procedimentales como la carga dinámica de la prueba y la ampliación de plazos, aspectos que podrían ser contraproducentes con el objetivo anterior e impulsar la inversión”, dijeron.
- La presidenta del gremio, Rosario Navarro, hizo un llamado para “analizar y discutir con responsabilidad la legislación que regula el sistema de permisos ambientales, con miras a la discusión en particular que se dará en las próximas semanas en el Senado”.