Está en boga que, a lo largo de los últimos años, Chile se ha visto enfrentado a un desafío significativo derivado de la creciente y sostenida salida de divisas al exterior. Este fenómeno, intensificado en 2022 y 2023, ha generado preocupación tanto en el ámbito económico como en el político. En este contexto, la repatriación de capitales propuesta por el Gobierno y aprobada por el Congreso, representa una solución para mitigar este problema y fortalecer la economía nacional.
Inicialmente, muchos dudamos de la efectividad de la medida, debido a los cortos plazos considerados -apenas quedaría medio mes para acogerse al mismo- sin que exista un pronunciamiento oficial que nos pueda guiar en el cómo hacerlo, otorgando certeza a los contribuyentes y el mercado en general.
Dicho lo anterior, y dando por hecho que el plazo se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2024, la alternativa pasa a representar una opción viable, sin perjuicio de la relevancia que tendrá el asesorarse de manera adecuada de cara a un proceso que será veloz en su presentación y -esperamos- expedito en su tramitación.
Durante 2022 y 2023, los montos de divisas que han salido de Chile han alcanzado cifras alarmantes. Según datos del Banco Central, en 2022 se registró una salida de capitales de aproximadamente US$9 mil millones. En 2023, esta cifra aumentó a más de US$10 mil millones, reflejando una tendencia preocupante.
En lo que va de 2024, la situación no ha mejorado significativamente. Hasta la fecha, se estima que han salido del país más de US$8 mil millones en divisas. Esta fuga de capitales no solo debilita la economía interna, sino que también reduce la capacidad del Estado para financiar proyectos esenciales y mantener la estabilidad económica.
Sin embargo, esta nueva extensión abre una ventana para que más contribuyentes consideren esta opción, la cual también ofrece beneficios fiscales y legales a quienes decidan acogerse a este proceso.
La experiencia de 2015, cuando se tramitaron miles de solicitudes, demuestra que este mecanismo puede ser altamente efectivo. Si bien hubo dudas e incertidumbres en un inicio, el cumplimiento de los compromisos, el establecimiento de una unidad especializada, con la calificación pertinente y la asignación de recursos tecnológicos y de personas adecuado, permitió la verificación de un proceso exitoso en el cual se volvieron a recibir fondos que, por múltiples razones, habían sido expatriados por sus dueños y titulares a lo largo de los años y, en particular, durante la década de los 70.
La vigencia de ciertos convenios para evitar la doble tributación y de colaboración para el intercambio de información que, hacia 2015, no habían visto aún la luz (siendo un hito clave el convenio con los Estados Unidos de América), surge como un motivo que podría hacer aconsejable acogerse a este nuevo proceso pues el mundo globalizado ha decidido excluir a aquellos que quieren “esconder” sus fondos, negándoles incluso la posibilidad de mantenerlos depositados en jurisdicciones con las cuales otra jurisdicción -como Chile- tiene un acuerdo sobre la materia (FATCA, CRS y el MLI, entre otros).
El proceso de 2015, permitió formar y capacitar a profesionales que se convirtieron en especialistas en la materia, quienes en algunos casos, tramitaron cientos de estos requerimientos, guiando a los solicitantes a través de un proceso complejo, pero beneficioso. Hoy en día, estos profesionales, con su conocimiento y experiencia, son esenciales para asegurar el éxito de la repatriación de capitales en 2024. Lo mismo ocurre desde la perspectiva del Fisco, toda vez que los sistemas utilizados en 2015 pueden ser reciclados y adaptados a las necesidades actuales, aunque es imprescindible reforzar el compromiso con relación a la confidencialidad, de modo que los solicitantes tengan certeza de que su información será manejada con la máxima discreción y seguridad, cuestión que fomentará una mayor participación en el programa.
Chile se enfrenta a una tremenda oportunidad. Sin dudas los fondos que se recauden serán una colaboración esencial para alcanzar las metas de recaudación y ayudar a financiar proyectos de infraestructura, educación, salud y otros sectores vitales en el desarrollo del país, fortaleciendo la confianza en el sistema financiero y estabilizando la economía local. Es nuestro deber, entonces, colaborar y facilitar este proceso, aportando así a su éxito, que podrá traducirse en un beneficio para la sociedad.
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El retiro de Luis Enrique Yarur: Quiénes son los herederos que asumirán el control del BCI.https://t.co/5U9xDX0Zlf
— Ex-Ante (@exantecl) December 3, 2024
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