Francisco Ljubetic, ex Fiscal de La Araucanía: “Hay una suerte de temor reverencial a la hora de tomar decisiones”

Marcelo Soto

Vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma en Temuco y ex Fiscal Regional entre 2005-2013, Francisco Ljubetic, dice que hace una década el error de las autoridades  fue minimizar la violencia y decir que eran hechos aislados. Y además, hay un miedo a “ser denunciados interna e internacionalmente como responsables de posibles afectaciones a derechos humanos”.


-Usted encabezó el Ministerio Público en La Araucanía entre 2005 y 2013. ¿Cómo observa el aumento de hechos de violencia en la zona? ¿Es el momento más complejo desde el retorno de la democracia?

-Sin duda es un momento complejo, no solo por la seguidilla de hechos violentos incluso con atentados directos contra personas sino porque los mismos se cometen con la participación de células integradas por un importante número, fuertemente armadas incluso a plena luz del día. Lo que constituye un desafío de fuerza directo a la institucionalidad vigente y a los órganos encargados de la seguridad, sin que les importe la presencia policial, dispuestos a enfrentarse con ella y asumiendo los riesgos por ello. Son hechos gravísimos, pero el tipo de armamento – de guerra – que portan les permite auto defenderse y atacar a sus posibles adversarios, incluso con medios superiores a los usados por la policía, asegurando la impunidad.

-¿Cuál es el fin de estas acciones?

-Lo delicado es que se aprecian varios tipos de acciones, aquellas tendientes a incendiar viviendas, desalojando el territorio y tomando el control militar del mismo; ataques a camiones y conductores, a particulares, predios, productores; es decir, una gama amplia de víctimas muy alejada del discurso justificativo, cual es de finalmente expulsar a las empresas forestales extractivistas.

Lo concreto es que hoy por hoy se ha generalizado el temor desde Arauco hasta Tirúa en la Región del Bío Bío, y en las provincias de Malleco y Cautín, en La Araucanía, con incrementos significativos en zonas de las regiones de Los Ríos y Los Lagos. La intención es clara: infundir temor en la población, con  desplazamiento forzado de propietarios y ocupantes de viviendas, despoblando para ejercer control de los territorios, por una parte, y, de la otra, impedir y dañar las actividades productivas y de servicios.

-El gobierno dijo que intentaría dialogar, pero la ministra del Interior fue recibida con balas al tratar de ingresar a Temucuicui. ¿Hay improvisación?

-Un presupuesto básico para todo diálogo es que exista disposición y convicción. No resulta viable dialogar con quién no lo quiera y menos cuando explícitamente ha manifestado la negativa a hacerlo, a lo que debe sumarse que todo diálogo presupone, en esencia, la ausencia de elementos que atenten o fuercen, como es el armamento presente en alguno de los interlocutores, pues de ser así se produce una evidente presión inadmisible en un estado democrático.

-¿Fue un error derogar el estado de Emergencia?

-Lo que constituye un error es minimizar la ocurrencia y gravedad de los hechos. Para alcanzar el objetivo de control y desarticulación de grupos violentistas armados todas les medidas que el sistema contempla deben considerarse, sin excluir a priori ninguna, pues, la suma de ellas evidentemente irá en pro de la anhelada paz social. Todas las herramientas existentes para combatir la alteración grave del orden público y el creciente y sostenido escenario de violencia son apropiadas e imprescindibles.

-¿Es posible el diálogo con grupos mapuches como la CAM?

-La CAM, en voz de su líder, en sus últimas declaraciones, ha rechazado cualquier tipo de diálogo.

-En el último índice global de terrorismo Chile subió varios puestos y quedó como el segundo país del continente con más atentados terroristas. ¿La estrategia de varios gobiernos de distinto signo ha sido equivocada?

-Hace algo más de una década, las autoridades se referían a los hechos violentos como aislados, inconexos, sabiendo que la realidad era otra, discurso que probablemente colaboró a que los grupos violentistas incrementaran en cantidad y gravedad los ataques, teniendo entre el año 2018 y el 2021 un incremento del 244% en delitos de mayor connotación, cifra realmente dura. Una violencia hoy 4.0 demuestra que fue un error restarle significancia a un proceso basado en una creciente y sostenida violencia.

-¿Cómo definiría la organización o accionar de los grupos mapuches radicales: guerrilla, células armadas, milicias? ¿Qué tipo de liderazgo tienen?

-Son todas expresiones similares: unión de personas civiles, agrupadas, una guerrilla, un grupo de combate o una especie de ejército irregular, que actúa en células, en que sus participantes se suman e intercambian en la realización de hechos, usando armamento que además se confirma por los hallazgos de vainillas en distintos sucesos. Previa concertación y planificación, revisión de los lugares a atacar, armamento y municiones, logística para desplazarse, medios de protección corporal como chalecos antibalas, para finalmente realizar los ataques, además de financiamiento, son todos elementos que confirman la naturaleza paramilitar de estas organizaciones.

-La Convención incluye el concepto de estado plurinacional, que permitiría, según la ley establezca, autonomías territoriales para pueblos originarios. ¿Esto podría solucionar el problema en La Araucanía o complicarlo aún más?

-Esta temática está sujeta a una condición, cual es, la aprobación del texto que se proponga y que luego sea parte de una definición legal. El contenido autonomista que forma parte del reclamo territorial y de nación, entiendo, pretende más de lo que se ha entendido hasta ahora.

-¿Cuál es la conexión con el narco y grupos terroristas extranjeros?

-Hay antecedentes que confirman las relaciones, desde la década del 2000, y últimamente con grupos radicalizados que operan con similitudes evidentes en el sur y Patagonia argentina.

-¿Falta voluntad política para enfrentar este tema? ¿Por qué?

-Es una temática dura, sensible, que excede a un gobierno determinado, en la que debe existir una política de Estado. La extensión territorial, las actividades francamente paramilitares y el número creciente de víctimas de todo origen que demandan protección, seguridad y paz así lo justifican. Hay una suerte de temor reverencial a la hora de adoptar de decisiones y quienes deben hacerlo asumen que pueden ser denunciados interna e internacionalmente como responsables de posibles afectaciones a derechos humanos, costo que tal vez no están dispuestos a asumir.

-¿Es un temor fundado?

-Pero el bien común es un principio superior y permanente en un estado de derecho, que debe prevalecer siempre. Y para ello bastaría lo dicho por la Excma. Corte Suprema al acoger acciones de protección de numerosas víctimas, tanto en octubre del año pasado como recientemente en sentencia de 19 de abril, en que conmina a las autoridades , en breve plazo, previa coordinación con las carteras ministeriales respectivas, a implementar un plan de medidas que procure la protección eficiente e integral de las personas y grupos sociales afectados por la que reconoce violencia rural existente, evitando el acaecimiento de sucesos violentos violatorios de derechos garantidos por nuestra Constitución.

Cumplir estos mandatos judiciales no solo es un deber de la autoridad política sino que además justifica precisamente la adopción de todas cuantas medidas sean necesarias para controlar el orden y la seguridad pública dolorosamente afectada, actuar que debe ser de manera temprana y exigiendo una mayor diligencia a la autoridad, dice nuestro máximo tribunal, conceptos estos que son suficientemente claros y que no admiten doble lectura.

 

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