En octubre de 2019, terminó de abrirse una fosa maldita, cuyas ramificaciones parecen haber adquirido autonomía, más allá de sus perpetradores directos. En efecto, la posibilidad de otra asonada es verosímil, ya que la barbarie no ha dejado de ser instigada.
En su última Cuenta Pública, el 1 de junio de 2025, el presidente Boric reafirmó su validación del llamado “Estallido Social de 2019”. Aunque reconoce la ocurrencia de “episodios de violencia inaceptables”, reprueba la actuación del Estado, en términos de “inexcusables violaciones a los derechos humanos”. Así establece una nivelación entre ambos, ajena a “la gran mayoría” que se habría manifestado “de forma pacífica y con una gran voluntad de cambio”.
Según él, un logro ejemplar de su gobierno ha sido haber encauzado dicho proceso “por la vía institucional”. Conforme al “relato” de Eugenio Tironi, Boric heredó un país lleno de problemas, pero “logró levantarse y normalizarse gracias a la acción de su gobierno”.
Para Jaime Bassa, la violencia también constituye un fenómeno desrealizable, en comparación con los privilegios de la masa. En entrevistas para Puranoticia TV y CNN Chile, ratificó su posición, señalando que, en 2019, los hechos de violencia fueron “muy menores si consideramos la magnitud de las movilizaciones sociales”.
Bassa aborda la distinción entre forma y fondo, en que la primera corresponde a la violencia y, el segundo, a las movilizaciones sociales y sus causas. Si forma y fondo se corresponden, entonces reconoce que existe una relación entre la violencia y tales movilizaciones. Sin embargo, las disocia sin ofrecer una justificación plausible.
Antes de 2019, la violencia ya venía siendo ejercida extorsivamente, utilizando como excusa las demandas sociales. De ahí que Bassa la desrealice por conveniencia, ocultando así su carácter delictual y destructivo: “llevar la discusión solamente a los hechos de violencia, como si estuviéramos en peligro de que eso volviera a ocurrir, me parece que es una lectura un poco miope. Pero, sobre todo, es políticamente interesada, porque lo que busca esa discusión sobre la forma (…) es sacar el fondo de la mesa”.
El objetivo de Bassa es su propia proyección política, sin más: la violencia y sus secuelas son irrelevantes, en comparación con el espectáculo fascinante de la movilización.
Las declaraciones de Óscar Landerretche para Radio Infinita el 6 de junio, dirigidas a Boric y el FA, relativas a la posibilidad de que conviertan a Chile en un “maldito infierno” si llega a gobernar la derecha, expresan no sólo un temor y un trasfondo latentes. También señalan las intenciones de la oposición en 2019: derrocar el gobierno de Piñera.
Es cierto que las movilizaciones masivas han sido escasas. En ese sentido, el argumento de Kenneth Bunker, relativo a la pretendida “gobernabilidad” de Boric, es consistente: “la razón por la cual no hay movilizaciones es porque quienes las diseñan y conducen están en el gobierno”.
Según Max Colodro, los dichos de Boric, al respecto, son “una amenaza explícita para el futuro”. A saber, “dado que ellos son los que incitan y promueven la violencia cuando son oposición, ellos serían los únicos que pueden garantizar la gobernabilidad cuando están en el poder”.
No obstante, la violencia desatada en octubre de 2019 está lejos de haber sido canalizada por la vía institucional. Pese a las leyes promulgadas bajo el mandato de Boric en materia de seguridad y los operativos de las policías, la transformación de esa violencia ha continuado su curso, adquiriendo formas monstruosas.
Es tarde ya para distinguir entre la expresión de “un legítimo malestar acumulado” –en términos de Boric– y la comisión de delitos. Éstos son ejecutados bajo la égida de una victimización prepotente calculada, como los atentados terroristas en la Macrozona Sur, las impostadas acciones “solidarias” de los anarquistas, o la quema de buses RED por estudiantes.
Así lo muestran, entre otros, los siguientes hechos de violencia.
El 29 de mayo, ocurrió una balacera al interior del Colegio Nuevos Horizontes, en San Pedro de la Paz, resultando tres estudiantes heridos.
Durante junio, fueron ejecutados varios atentados incendiarios en la Macrozona Sur. Algunos fueron reivindicados por la organización Resistencia Mapuche Malleco, aludiendo a Víctor Queipul, lonco de Temucuicui. El 10 de junio, fue detenido durante una protesta, ocasión en que amenazó a viva voz a Gendarmería: “Esto es sin llorar”.
El 12 de junio, una tienda Paris fue asaltada por un grupo armado que, además, incendió dos vehículos cerca de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Se trata de una banda familiar proveniente de la Región Metropolitana, que se trasladó a Valparaíso para cometer delitos.
Tal episodio evoca la quema de siete vehículos cerca del Hotel O’Higgins por encapuchados, antes del inicio del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en febrero de 2020.
En octubre de 2019, terminó de abrirse una fosa maldita, cuyas ramificaciones parecen haber adquirido autonomía, más allá de sus perpetradores directos. En efecto, la posibilidad de otra asonada es verosímil, ya que la barbarie no ha dejado de ser instigada.
La fascinación por la masa sustenta a la coalición de gobierno, sobre todo al FA y el PC: las prerrogativas dictatoriales y niveladoras de la muchedumbre justifican todo sacrificio. Por eso, las víctimas de la vandalización y el saqueo son despojadas de su identidad, realidad y conciencia de sí. Sus pérdidas son consideradas “marginales”, “daño colateral” inevitable, y sus vidas, insignificantes.
La fascinación por la masa y la perversión del poder que le es inherente implican, por lo pronto, dos elementos sustanciales: la disolución voluntaria en sus fauces, individual o grupalmente, y la conducción de la masa por quien esté dispuesto a renunciar a su propio ser, en favor de su identificación con la multitud, sin fisuras, a cambio de todo el poder.
Fascinación, posesión y aniquilación por la masa: octubre supura en las sombras, como una atmósfera subyacente que se expande.
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