Fallo. El miércoles, la Tercera Sala de la Corte Suprema falló que las isapres deberán unificar sus criterios de cobro en torno a una tabla de factores de 2019 dictada por la Superintendencia de Salud, en una decisión que busca zanjar una lectura jurisprudencial. “La idea es evitar la judicialización permanente y establecer un break point. Esto es lo que lo que ha resuelto y por favor ahora que se ajuste no solamente para los que reclamaron, sino que para todos los afiliados. Por eso es importante la mediación de la Superintendencia de Salud para determinar los cómo, los cuándo y que esto sea lo más claro posible y con los tiempos necesarios”, dijo la vocera de la Suprema, Ángela Vivanco.
Isapres. A partir de ese momento, las isapres analizaron que las implicancias del fallo las pone en un límite de sostenibilidad financiera muy delicado. Se iniciaron las gestiones con las autoridades de gobierno, en particular una cita este viernes con la ministra de Salud, Ximena Aguilera.
Superintendencia. Un rol clave lo tendrá la Superintendencia de Salud. Sebastián Pavlovic dirigió esa entidad entre 2014 y 2018, en medio de la judicialización de los cambios de tarifas de los planes de salud. En entrevista con Ex-Ante, considera que el actual punto crítico es la consecuencia de la incapacidad del sistema político por resolver a tiempo el problema.
-A partir del reciente fallo de la Suprema, ¿estamos ante un hito que de verdad pone en riesgo el negocio de las isapres?
-Tal como está, la aplicación del fallo de la Suprema puede tener un efecto devastador en la continuidad del sistema de isapres, y en la capacidad del sistema de poder hacer frente a sus obligaciones.
-¿A quién se debe hacer responsable por llegar a este punto? ¿Las autoridades del Gobierno, las isapres, la Suprema?
-Como en todas estas crisis, no hay un único responsable. Sin duda que el catalizador de esto es la Corte Suprema, pero en algún sentido responde a la incapacidad del sistema político de hacerse cargo del problema regulatorio de las isapres durante más de una década. Sistemáticamente, los presidentes de la Corte Suprema, en la inauguración del año judicial, y lo mismo en el Tribunal Constitucional, enviaban señales a los colegisladores para que resolvieran esto. Durante más de una década no fuimos capaces de resolverlo.
Finalmente, la Suprema tomó el toro por las astas. Pero creo que no tomó en consideración el impacto financiero real que puede tener la aplicación de lo resuelto.
-Las pérdidas acumuladas de las isapres considerando 2021 y 2022 podrían superar los $300 mil millones. Ante ese volumen de pérdidas, ¿qué podrían temer los afiliados?
-El temor evidente es que las isapres no estén en condiciones de financiar las prestaciones a que están obligadas por ley y por los planes. No hay un equilibrio entre ingresos y gastos que les permita hacer frente a sus obligaciones, tanto las que ya tienen como las que surgen de la sentencia, más las que seguirán adquiriendo a medida que las personas sigan atendiendo sus problemas de salud.
En cualquier empresa puede haber un desequilibrio temporal de ingresos y gastos. Pero si ese desequilibrio no solamente se mantiene en el tiempo, sino que además se torna crónico, lo que deviene es la incapacidad de la industria de seguir funcionando. Es un riesgo real para todas las compañías, salvo las más nuevas; pero para todas las compañías se presenta un escenario de mucha incertidumbre.
-¿Cuál debería ser la tarea número uno de la Superintendencia de Salud en este tema?
-El gobierno, sin haber creado este problema y probablemente sin mucho entusiasmo respecto de la subsistencia del sistema de isapres, tendrá que hacerse cargo del riesgo que significa que haya tres millones y medio de personas que queden sin atención de salud, y más de un millón de personas en una situación con coexistencia, con cautividad, que les impidan acceder a seguros complementarios, o en las urgencias.
¿Y el Ministerio de Salud?
-Creo que el gran desafío que tiene el ministerio hoy día es cómo dar cumplimiento al fallo, pero al mismo tiempo permitir que el sistema siga funcionando. No podría dar yo en este momento cuál es la receta para ese equilibrio y no está muy claro que ese equilibrio sea posible. Es justamente el desafío que tienen.
Publicaciones relacionadas
La construcción enfrentó un 2024 crítico: las ventas de viviendas cayeron un 13%, marcando un mínimo histórico con 39.200 unidades comercializadas. La inversión total retrocedió un 1,1%, golpeada por la contracción en vivienda privada e infraestructura productiva. Para 2025, la Cámara Chilena de la Construcción proyecta un crecimiento del 4%.
La comisión de Hacienda del Senado abordará uno de los ejes que mayor debate ha generado el acuerdo de pensiones: la sostenibilidad del pilar solidario, que busca mejorar las pensiones actuales y futuras de los grupos más vulnerables. Los integrantes del comité de expertos, clave en el acuerdo alcanzado, Cristóbal Huneeus, Soledad Hormazábal, Cecilia Cifuentes […]
El integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados sostiene que el Ejecutivo “tiene que rebajar, para no seguir endeudando al país, pero no puede tocar la seguridad” y cuestiona que la ministra del Interior no haya estado enterada de la reducción de presupuestos de Carabineros y la PDI.
Para el ex presidente del Banco Central, Vittorio Corbo, el “liderazgo polarizante” de Donald Trump, que asumió este lunes la presidencia de Estados Unidos “seguramente afectará tanto al comercio global como a las relaciones geopolíticas”. A su juicio, “las políticas proteccionistas, aunque beneficiosas para ciertos sectores de Estados Unidos, dificultarán la cooperación internacional”.
En el sexto día de formalización por el Caso Factop-Audios, las defensas de Álvaro Jalaff, Felipe Porzio y Manuel Bulnes pusieron en duda la precisión de las imputaciones realizadas por la fiscalía. Argumentaron falta de claridad en los hechos, conexión débil con los delitos y una aparente intención de sobredimensionar las acusaciones.
