La oposición anunció un requerimiento ante el Tribunal Constitucional contra la senadora por haber infringido, durante la operación para vender la casa de Salvador Allende, el artículo 60 de la Constitución que prohíbe expresamente a parlamentarios celebrar contratos con el Estado. Isabel Allende y la ministra Maya Fernández ficharon al abogado Gabriel Osorio para que las represente. El caso mantiene en alerta al PS y ha generado contradicciones en La Moneda.
Qué observar. Flanqueada por siete parlamentarios del PS -incluida la presidenta del partido, Paulina Vodanovic-, la senadora Isabel Allende respondió a la acusación de haber infringido la Constitución al suscribir un contrato de venta al Estado de la casa que posee en Guardia Vieja 392, Providencia, donde vivió su padre, el expresidente Salvador Allende.
- “Toda la actuación de la familia fue de buena fe. Nunca esta familia se ha visto envuelta en negocios, en conflicto de intereses, en lucros, en negociados y en nada, creo que tenemos una dignidad que ha sido reconocida aquí y afuera”, señaló.
- En horas de la mañana del martes el Partido Republicano había anunciado la presentación de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para pedir la destitución de la senadora.
- Esto porque el artículo 60 de la Constitución en su inciso segundo señala “cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado”.
- Los parlamentarios republicanos además evalúan una presentación ante el TC contra la ministra de Defensa, Maya Fernández (PS), quien también posee un porcentaje de propiedad de dicha casa ya que es hija de Beatriz Allende, la hermana de Isabel fallecida en 1977 e hija mayor de Salvador Allende.
- Tras los cuestionamientos a la compra de la casa por parte del Estado por $ 933 millones para crear un museo, el gobierno resolvió echar pie atrás al proyecto y pedir la renuncia de la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval (FA), quien lideró la iniciativa.
- Sin embargo en la oposición consideran que tanto Isabel Allende como Maya Fernández también deben asumir responsabilidades por la operación. En Chile Vamos apoyarán la acción ante el TC aunque dudan que el tribunal -con la mayoría de sus miembros elegidos por el oficialismo- falle en contra de ambas y se ha abierto el debate sobre una acusación constitucional contra la ministra de Defensa.
Tensa conferencia. Isabel Allende almorzó el martes con la bancada de senadores del PS, quienes le brindaron su completo respaldo.
- El PS ha presionado porque los costos políticos del episodio los pague únicamente el FA, ya que fueron los técnicos del Ministerio de Bienes Nacionales quienes debieron revisar la legalidad del contrato, afirman.
- Durante la tarde Allende dio una conferencia donde no aceptó preguntas de la prensa y señaló que había contratado al abogado Gabriel Osorio, militante PS y ex miembro de la Comisión de Expertos del segundo proceso constitucional de 2023, para que la represente ante el TC. El abogado también defenderá a la ministra Fernández.
- Isabel Allende informó que durante la jornada entregó el mandato para rescindir del compromiso de venta de la casa.
- La escena de la senadora retirándose sin contestar preguntas y del senador José Miguel Insulza echando bruscamente al lado a un periodista, reflejó la tensión que el asunto está generando en el partido.
El zigzag del gobierno. Luego que el medio Fastcheck revelara el 2 de enero, que la ministra de Defensa era propietaria de la casa que estaba comprando el gobierno, La Moneda intentó defender la operación.
- “El objetivo es agrandar nuestro patrimonio histórico y cultural (…) se dictó un decreto que habilitaba a ejercer esta compra, pasó por Contraloría”, dijo el 3 de enero la vocera Aisén Etcheverry.
- Sin embargo durante el fin de semana, La Moneda comenzó a calibrar la gravedad de la situación y el lunes aceptó la renuncia de la ministra Sandoval, intentado dar por cerrado el tema.
- “Claramente es algo que no debió haber sucedido. Tiene que ver con una responsabilidad política del ministerio a cargo de estos temas”, dijo la ministra del Interior Carolina Tohá el 6 de enero.
- Pero ahora cuando la crisis ha escalado a dos altas figuras del PS, el gobierno remarcó a través de Etcheverry que no hubo “transferencia de recursos ni de propiedad”, que la operación quedó detenida y ya se hicieron valer las responsabilidades políticas.
El contrato clave. El tema que mayor inquietud genera en el PS y el oficialismo es un documento notarial firmado el 30 de diciembre -y que dio a conocer La Tercera- donde el abogado Felipe Vio Lyon (pareja de Marcia Tambutti, nieta del exmandatario), en representación de la familia Allende firma la compraventa de la propiedad con el Fisco de Chile.
- En el documento donde Vio representa a Isabel Allende, Maya Fernández, Alejandro Fernández y Carmen Paz Allende, se acuerda la venta al Ministerio de Bienes Nacionales.
- “La parte compradora paga el precio de venta (24.291,72 UF) en este acto al contado a la parte vendedora, quien declara recibir a su entera satisfacción y, en consecuencia declara íntegramente pagado el precio de la compraventa”, señala el texto.
- La operación se respalda en un decreto del 25 de noviembre de 2024 firmado por el Presidente Gabriel Boric y la entonces ministra de Bienes Nacionales y que fue visado por Contraloría el 20 de diciembre.
La estrategia jurídica. Allende enfrentará un difícil caso en el TC, fuentes del PS señalan que el debate jurídico se dará en torno a:
- Interpretar el espíritu del artículo 60 de la Constitución sobre inhabilidades parlamentarias. Remarcando que la disposición sobre el cese de funciones por suscribir contratos con el Estado data de los años 40 y nunca se ha aplicado.
- Señalar que el mismo TC en dictámenes anteriores ha desechado la aplicación del mismo artículo 60 que señala que cesara de sus funciones el parlamentario que “incite a la alteración del orden público”. Figuras como el exsenador Alejandro Navarro o el exdiputado Hugo Gutiérrez intentaron ser removidos por esa causal y el tribunal lo rechazó.
- Se planteará un debate sobre los requisitos legales para dar por cerrado un contrato de compraventa de inmuebles ya que ello exige varios pasos en el Conservador de Bienes Raíces, que aún estaban pendientes, se rescindió el contrato y no se completó el traspaso de la propiedad.
- Apelar al principio de buena fe en la actuación de la senadora quien ha señalado que la única motivación era convertir la casa en un museo.
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