Con el cierre del año vienen los balances de lo que ha sido este 2024 y los posibles pronósticos para el siguiente. Y si de balances se trata, no podemos negar que ha sido un año judicial. Probablemente el canal de transmisión del Poder Judicial ha tenido un nada despreciable rating y hasta la propia Corte Suprema se ha visto impactada de un modo inédito desde el retorno a la democracia. No es raro que los matinales dediquen un buen espacio a conversar sobre distintas aristas judiciales que involucran a ex futbolistas, parlamentarios, ex autoridades, etc.
Así, ha sido lamentable ver cómo autoridades y ex autoridades -muchas de ellas de gobiernos locales- han desfilado por tribunales: casos como el de Algarrobo, Maipú, Vitacura, Rancagua y Recoleta son algunos de los que podemos nombrar. El Ministerio Público indicaba hace un año que contaban con 642 investigaciones abiertas por posibles irregularidades en municipios.
Los gobiernos regionales recientemente estrenados también han dado que hablar, con 12 de 16 con investigaciones abiertas por el caso Convenios, demostrando también que la corrupción no tiene color político.
Sin duda el caso Hermosilla ha sido uno de los símbolos de este año judicial, con una cantidad de aristas y repercusiones que probablemente no nos imaginábamos cuando estalló este caso en octubre del año pasado. Además de tener a uno de los abogados penalistas más prestigiosos en prisión preventiva, ha salpicado a ex ministros de Estado, ex fiscales y ex ministros de la Corte Suprema y, dado el copioso contenido y contactos existentes en el teléfono del señor Hermosilla, no se puede descartar que puedan aparecer nuevos antecedentes.
Capitán Yáber ha estado copada de empresarios, políticos y abogados, como los ex ediles de Vitacura y Recoleta, el ex subsecretario Monsalve y el ya mencionado Hermosilla y esto cuando aún no se estrenaba la ley de delitos económicos en las empresas que tanto temor ha causado pero que, sin duda, se muestra como un elemento esencial a la hora de disuadir posibles delitos y promover mejores mecanismos de prevención y gestión al interior de las empresas.
El Ministerio Público no se ha visto exento de polémicas: sucesivas filtraciones mostraron poco interés -y un sistema bastante endeble- de mantener la reserva de antecedentes de investigaciones y un ex fiscal y uno actual se encuentran bajo investigaciones por supuesta entrega de información reservada a Hermosilla.
Así, el 2024 ha sido un intenso año en tribunales, no solo por las múltiples investigaciones en curso sino por haber golpeado a las principales instituciones que integran el sistema de justicia por posibles irregularidades lo que incluso llevó a que dos miembros de la Corte Suprema fueran removidos -Ángela Vivanco por sus pares- y Sergio Muñoz por una acusación constitucional parlamentaria. Una crisis no menor para nuestro Poder Judicial que se ha visto reflejado en su ya alicaída confianza.
Por todo esto, no es de extrañar que en una reciente versión de la Encuesta Bicentenario UC éste se vea muy golpeado: la confianza en los tribunales de justicia se mantiene bajo el 10%, con un escuálido 8% de las personas, pero haciendo doble click: “un alto porcentaje de las personas consultadas le reprocha a los jueces su incapacidad de resistir la presión de clase (80%) y la presión política (53%)” y casi dos de cada 3 considera que nuestro sistema de justicia es “poco equitativo, poco accesible, poco eficaz y poco oportuno”.
En un estudio reciente de la OCDE sobre confianza en Chile, también se muestra una baja confianza en el poder judicial -de un 25%- con una brecha de casi 30 puntos de diferencia con el promedio de países de ese selecto club, la mayor brecha del informe.
Esperemos que el año que venga sea el de la reacción y la modernización. El gobierno presentó una reforma al sistema de nombramientos judiciales que se ha estado discutiendo en la Cámara de Diputadas y Diputados y que, esperemos, tenga prioridad para promover un sistema que ponga los incentivos en la competencia y la carrera de las personas más que en las redes y contactos, fortaleciendo su autonomía e independencia y reforzando su confianza interna y externa.
Asimismo, ojalá sea el histórico momento en que se apruebe la reforma al sistema notarial que, sin duda, ha generado muchas de estas acusaciones y tensiones de redes de contacto al interior del Poder Judicial por su rol en el nombramiento de estos cargos cuasi vitalicios y tan bien remunerados.
Una democracia fuerte requiere de instituciones en las que las personas puedan confiar, que las considere probas, transparentes y eficientes. No cabe duda de que una de nuestras prioridades será fortalecer el sistema judicial en nuestro país que, ante tantos casos de alta connotación pública y una crisis de seguridad, se encuentra bajo permanente foco. Debemos poner los resguardos suficientes para que su baja confianza no implique la autotutela o bien, su captura por externos, como puede ser la política, los grupos económicos o el crimen organizado.
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