El lunes, como todos los 9 de diciembre, se conmemoró el día internacional de la lucha contra la corrupción. Una buena fecha para hacer balances y sopesar en qué se ha avanzado, qué sigue pendiente y cómo seguimos adelante en una cruzada que a ratos parece que damos un paso adelante y tres atrás.
Sin duda, en esta temática ha sido un año intenso. No estábamos ni saliendo del caso Convenios y todas sus repercusiones y cómo se esparcía por casi todas las regiones del país, cuando el caso Audios nos golpeó con más fuerza. A base de filtraciones (sin duda un desafío relevante para la Fiscalía en estos días), nos fuimos enterando cómo Hermosilla operaba dentro de diversas redes en formas que hoy se investigan si son delictuales pero que, al menos, son muy reñidas con la ética.
Esto ha implicado la remoción de una Suprema y que se abran, al menos, dos investigaciones a (ex) fiscales y a ex autoridades del gobierno anterior por posible tráfico de influencias (entre otras tantas posibles irregularidades que hoy se investigan). Como si eso fuera poco, apareció el caso Monsalve donde además de la posible violación a una subalterna, también se investigan posibles abusos de autoridad en el sistema de inteligencia y en los gastos reservados. Nada menor.
Casi pasan desapercibidos a esta altura las sucesivas investigaciones en municipios y sus arrestos domiciliarios o prisiones preventivas: Jadue, Barriga, Torrealba y un largo etcétera.
Lo anterior hace que den ganas de cerrar por fuera y, sin ninguna duda, genera la percepción de una corrupción extendida y desatada. Así, uno se pregunta, y ahora, ¿quién podrá defendernos?
Como todo en la vida, estas historias tienen de dulce y agraz. Creo que cabe destacar el hecho que todo esto esté bajo investigación y con varios de los principales sospechosos con medidas intrusivas gravosas con el objetivo de no permitir la impunidad, lo que daría a entender que “las instituciones funcionan” a pesar de sus redes y poder político/económico. Sin duda el hecho que el 2018 se haya aumentado las sanciones a delitos de corrupción, ha implicado que hoy en día estemos viendo las consecuencias de actos que antes pasaban sin pena ni gloria y hará pensar dos veces a autoridades y funcionarios el cometer tan impúdicamente hechos irregulares.
A su vez, se han planteado importantes agendas y hojas de ruta para fortalecer la institucionalidad con miras a que hechos como los anteriores, no se produzcan con tanta facilidad: así, post caso Convenios la Comisión Asesora que me correspondió presidir presentó 46 recomendaciones para fortalecer la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado; post caso Hermosilla se ha propuesto fortalecer el sistema de nombramientos judiciales con mayores estándares de transparencia y rendición de cuentas; hay un proyecto de ley en discusión para modernizar la ley de lobby; ya va en segundo trámite un proyecto de ley sobre integridad municipal; entre otras materias.
Sin embargo, a pesar de haber indignación, diagnósticos, recomendaciones y propuestas, es poco lo que realmente avanza. Recientemente Chile Transparente publicó un tercer balance de las recomendaciones de la Comisión Asesora por el caso Convenios donde se puede observar cómo éste se ha ralentizado. Si bien el gobierno ha ingresado proyectos -o propuestas de enmiendas- relevantes en la materia, su avance ha sido casi nulo.
Así, el proyecto de registro de beneficiaros finales, el de transferencias, el de transparencia 2.0, y el de integridad municipal casi ni se han movido -los dos primeros prácticamente ni se han discutido- y la única excepción honrosa es el del Servicio de Auditoría de Gobierno que debiera estar pronto a despacharse de la Comisión Mixta. Lo mismo ocurre con una reforma al sistema de nombramientos. Como se suele decir, “no se oye, padre”.
La lucha efectiva contra la corrupción requiere de esfuerzos contantes, no solo en su sanción efectiva y drástica, pero también en el fortalecimiento de nuestra institucionalidad que, en ocasiones, presenta forados relevantes que permiten que estos hechos proliferen.
De este modo, el compromiso con esta cruzada se muestra a través de hechos y voluntad política. No cabe duda de que el Congreso tiene muchas prioridades (agenda de seguridad, pensiones, etc.), pero en esto debemos caminar y mascar chicle y los poderes co-legisladores deben mostrar con contundencia que esto es una prioridad, acelerando estas agendas y reformas.
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