El fin de semana vi una comedia española en la que dos candidatos compiten por la presidencia del gobierno de España. En una escena, el asesor principal de una de las candidatas le dice: “Usted debe ganar la elección, acuérdese que miles de empleos dependen de esta victoria”. Ella responde: “Por supuesto, nosotros queremos fortalecer el mercado laboral de España”, pero el asesor la corrige: “No candidata, me refiero a los miles de empleos de nuestro partido cuando lleguemos al Estado”.
La escena no está lejos de la situación actual de Chile. En nuestro país coexisten más de 10 estatutos diferentes de empleo público, cada uno con sus propias reglas para regular el ingreso, movilidad, promoción y salida de los funcionarios públicos.
Esta fragmentación normativa y complejidad en la administración pública, acompañada de interpretaciones tanto de la Ley de Presupuesto como de la Contraloría y tribunales de justicia, ha generado un marco jurídico difícil de entender y fácil de arbitrar, incentivando la contratación ante la llegada de cada nuevo gobierno y dificultando la desvinculación, situación reflejada en varios índices bien preocupantes para Chile.
Por una parte, cada año es más caro para el país financiar las remuneraciones de los funcionarios públicos. Según datos de la Dirección de Presupuestos (Dipres), el gasto del Gobierno en personal crece más rápido que nuestra economía: pasó de representar el 4,6% del PIB en el 2006 a un 7,1% el 2023. Esto viene acompañado de otra realidad preocupante y es que el sector privado ha perdido espacio ante el sector público en el mercado laboral formal. Cada vez hay más empleados públicos con relación al número de empleados privados, tendencia que no es sostenible ya que el financiamiento del empleo estatal proviene del sector privado. Hoy hay 23 empleados públicos por cada 100 privados, el mayor ratio en los últimos 20 años.
Por otra parte, tampoco hay indicios de que el mayor gasto en personal haya mejorado la calidad de los servicios públicos. El Banco Mundial año a año construye un indicador llamado “Efectividad del gobierno”, en que, a través de encuestas a hogares, empresas y a expertos de diversas organizaciones, miden la percepción de la calidad del servicio estatal y percepción de la calidad de la formulación e implementación de políticas públicas. Este índice se ha deteriorado en los últimos 11 años y nuestro ranking mundial empeoró: pasamos del percentil 84 en el año 2012, al percentil 69 en el año 2022.
Y para terminar, la guinda de la torta: los días de ausentismo laboral van al alza en el Gobierno Central. Según datos de la Dipres, en cada nuevo gobierno aumenta el número de días hábiles en que los funcionarios no trabajaron. En la actual administración, el promedio de días hábiles no trabajados por funcionario público ha sido de 34 días al año, alcanzado el máximo desde que existe registro.
Más días hábiles sin trabajar significan una menor capacidad para ejecutar políticas públicas y para responder a las demandas ciudadanas. Esta alza puede ser señal de una disfuncionalidad en la administración pública y que una modernización en el régimen del empleo público podría mejorar.
De esta forma, la complejidad y opacidad de la regulación del empleo público se ha traducido en un crecimiento desmedido y costoso de la administración pública, sin venir acompañado de indicios de mejora en la calidad de los servicios públicos y con señales de disfuncionalidad dentro del aparato público.
Esto respalda la necesidad de avanzar hacia un régimen del empleo público moderno, que compatibilice el mérito, como eje orientador del sistema, con una protección adecuada de la función pública ante la influencia política, de modo de poder entregar servicios del Estado a los ciudadanos de forma eficiente y eficaz. En Pivotes proponemos dos cambios importantes.
Primero, establecer un estatuto único de empleo público, reemplazando los más de 10 estatutos diferentes que coexisten hoy. Debe regular el ciclo vital del funcionario público, es decir, su ingreso, promoción, desarrollo, retiro y desvinculación en base al mérito y al desempeño de éstos.
Y segundo, el estatuto único debe contemplar un régimen especial para los funcionarios de Gobierno y de exclusiva confianza del Presidente de la República, coherente con su condición excepcional y limitada. Se debe determinar un número o proporción máxima de este tipo de funcionarios en comparación con aquellos que son parte de la Administración del Estado. Esto permite delimitar los nombramientos por criterios de cercanía política y avanzar hacia un Estado profesional y técnico.
El gasto fiscal en Chile lleva años expandiéndose, mientras el sector privado, la fuente de este gasto, está estancado. Se debe cambiar esta inercia, y un buen punto de partida es ordenando la casa estatal a través de una regulación única, transparente y clara del empleo público, que evite que éste se convierta en una repartición de favores políticos en lugar de ser un servicio hacia los ciudadanos.
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