La semana pasada un grupo de senadores de diversos partidos políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, presentaron un proyecto de ley con miras a realizar ciertas modificaciones al sistema político. Como indicaron, la existencia de un número elevado de partidos políticos representados en el Congreso ha producido una atomización que dificulta la gobernabilidad y lograr acuerdos relevantes en beneficio del país. Sin embargo, esto no ha sido pacífico y, un número importante de diputadas y diputados han sido muy críticos de lo anterior.
El proyecto plantea principalmente dos reformas: la primera busca reducir la proliferación de pequeños partidos en el Congreso, estableciendo que solo los que alcancen al menos el 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional, en la elección de los miembros de la Cámara de Diputadas y Diputados, tendrán derecho a participar en la atribución de escaños en caso de resultar electos, salvo que logren sumar como mínimo ocho parlamentarios en el Congreso Nacional.
Una segunda propuesta, que también ha generado polémica, es aquella que determina que cesarán en el cargo los parlamentarios que renuncien al partido político que declaró su candidatura para ser electo (incluyendo a los independientes que van en listas de partidos).
Como ocurre con toda propuesta de este tipo, al no haber una sola bala de plata en esta materia, ha recibido, por un lado, alabanzas y peticiones de no debatir en extenso su contenido sino aprobarla como un paquete cerrado, para no abrirlo a otras temáticas que han levantado algunos partidos: cuotas de género, disminución de parlamentarios, redistritaje, listas cerradas, entre otras.
Por otro lado, personas expertas en estas materias han indicado que con esta simple reforma no se producirían los efectos deseados, dado que el problema no es, necesariamente, la proliferación de partidos políticos, sino la poca adhesión a estos, un sistema que incentiva los personalismos o la independencia y partidos en los cuales las personas no confían o no se sienten representados (dentro de este grupo, por ejemplo, se encuentran Juan Pablo Luna, Julieta Suárez-Caro, Javier Sajuria y Sergio Toro).
Sin duda se trata de un tema complejo y que requiere de una discusión con altura de miras e, idealmente, sin la calculadora electoral y cortoplacista en la mano. Algo que es difícil de lograr si pensamos que son los propios afectados (o beneficiados, según se mire) por estas reformas quienes tendrán que discutirla y aprobarla.
Por eso, a mi juicio, para que estas discusiones y acuerdos sean más bien virtuosas, es clave que la academia y las personas expertas en estas materias acompañen y sean parte activa del debate legislativo -con derecho a voz-, poniendo sobre la mesa su conocimiento y la evidencia con que cuenten. Todo lo que aporte en una mayor gobernabilidad y confianza en nuestros partidos y Congreso, será más que bienvenido.
Lamentablemente hay un tema que ha quedado fuera de la mesa y la discusión y que, a mi juicio, es igual de clave e indispensable: el fortalecimiento del Congreso en materia de ética, integridad y transparencia. Esta institución representativa no se rige por los mismos estándares que la Administración del Estado ya que no cuenta con entidades autónomas e imparciales que fiscalicen la aplicación de la Ley de Transparencia, de Probidad en la Función Pública, de Lobby y otras que buscan prevenir conflictos de interés y contar con una institución y parlamentarios con conductas no reñidas ni con la ética ni con las leyes.
Esto, lamentablemente, ha implicado que su implementación no haya sido del todo óptima y, muchas veces, con sanciones irrisorias. Un proyecto de ley que se hacía cargo de estas temáticas duerme en el Senado desde el año 2017.
Es difícil pensar que habrá voluntad política para avanzar en una reforma al sistema político en un año electoral. Sin embargo, se trata de una discusión relevante que debemos tener con urgencia: la escasa confianza en los partidos y el Congreso es una bomba de tiempo que pone constantemente en riesgo a nuestra democracia y amenaza a cualquier coalición que pretenda gobernar en el futuro.
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