Colombia recientemente aprobó una reforma bajo la cual será obligatorio cotizar en el sistema público de reparto —en dicho país coexiste con un sistema privado de capitalización individual— por hasta 2,3 salarios mínimos. Las cotizaciones por sobre ese umbral se destinarán al sistema privado de capitalización individual. Alrededor del 80% de los trabajadores colombianos perciben ingresos por debajo de dicho umbral, lo que en la práctica significa que se les obliga a cotizar al sistema público de reparto.
Hasta antes de la reforma, cada trabajador podía elegir entre el sistema de prima media (reparto) administrado por el Estado (Colpensiones) o un sistema de capitalización individual. El 70% de los trabajadores en Colombia había elegido el sistema de capitalización individual. Esto llevaba a que la mezcla entre ahorro individual y reparto estuviera inclinada hacia el ahorro.
Para acceder a una pensión bajo el esquema de reparto se requería haber cotizado por al menos 1.300 semanas (la reforma reduce este requisito para las mujeres gradualmente hasta llegar a 1000 semanas). Dicho requisito provocaba que el sistema de prima media fuese altamente regresivo, pues las cotizaciones de quienes no logran cumplir con esta meta (trabajadores de bajos ingresos) terminan financiando las pensiones de los trabajadores que sí lo cumplen, que suelen ser aquellos de más altos ingresos y con trayectorias laborales más estables.
De hecho, se estima que el 86% de los subsidios pensionales del país están dirigidos a las personas del quintil de más altos ingresos (Fedesarrollo, 2022, Comisión del Gasto y la Inversión Pública).
En contraposición, en el régimen de capitalización individual para acceder a una pensión deben cumplirse uno de dos requisitos: tener al menos 1.150 semanas cotizadas o lograr financiar una pensión equivalente al salario mínimo. Quienes no cumplan uno de estos requisitos reciben a la edad legal de jubilación la devolución completa de sus ahorros (incluyendo las rentabilidades obtenidas).
Dada la trayectoria demográfica colombiana, el sistema de reparto es financieramente inviable. Se estima que en 2020 hubo 4,6 trabajadores activos por cada adulto mayor de 65 años, cifra que se reducirá a 1,8 hacia 2055 y a 1,2 en 2075. La situación es aún más crítica cuando se toma en consideración la tasa de informalidad laboral del país: en 2020 hubo sólo 2 trabajadores activos cotizando por cada adulto mayor de 65 años (Asofondos, 2022, El sistema pensional en Colombia: retos, mitos y ventajas). De hecho, el propio gobierno ha reconocido que en los próximos 15 años necesitará realizar otra reforma para dar sostenibilidad al sistema.
Así, el sistema de reparto se convierte en un “saco roto”, donde el dinero que entra es insuficiente para cubrir las obligaciones pensionales y cada vez será preciso ingresar más y más dinero. Según cifras oficiales, el gasto en pensiones públicas del país representa alrededor del 20% del Presupuesto General de la Nación, lo que tiene un alto costo social pues son recursos que podrían ser utilizados en financiar programas destinados hacia los más pobres.
Colombia debiese avanzar en una reforma de otra índole, donde se establezca un esquema verdaderamente multipilar, que mantenga una mezcla entre ahorro y reparto inclinada hacia el ahorro. Esto es, un primer pilar de carácter presupuestario (como el creado en la reforma reciente, llamado pilar solidario), en el que se reenfoque el alto gasto público que hoy día se destina en subsidiar las pensiones de personas de altos ingresos, en ayudar a quienes más lo necesitan, cumpliendo así el objetivo fundamental de todo sistema de pensiones que es prevenir la pobreza en la vejez. Un segundo pilar de carácter contributivo y de capitalización individual, en el que podría evaluarse la transformación de Colpensiones en un administrador público de pensiones, que compita en igualdad de condiciones con el resto de las AFP (como sucede en México, Costa Rica, entre otros). En este pilar es preciso, además, realizar una serie de modificaciones normativas como reducir considerablemente el número de semanas necesarias para acceder a jubilación, eliminar la obligatoriedad de que la pensión autofinanciada sea superior al salario mínimo y paulatinamente aumentar la edad legal de jubilación a fin de se alinee con la realidad demográfica del país. Finalmente, un tercer pilar de ahorro voluntario, para complementar las pensiones de quienes tengan mayor capacidad de ahorro.
Lamentablemente, la forma en que está planteada la actual reforma no es más que “echar plata a un saco roto”, que no resolverá los problemas de fondo del sistema previsional colombiano ni de sus jubilados. Por ello, hoy más que nunca los colombianos necesitan fortalecer su ahorro individual, manteniendo sus saldos acumulados bajo el sistema de capitalización y haciendo el esfuerzo de ahorrar de forma voluntaria.
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