Recientemente, Gendarmería de Chile ha enfrentado un torrente de escándalos que han puesto en tela de juicio la integridad de la institución. Desde liberaciones erróneas de presos hasta homicidios vinculados al crimen organizado, entre otros, la situación de la institución se ha vuelto insostenible.
Los escándalos mencionados han acaparado los titulares de los medios de comunicación sumándose así a otras instituciones vitales para nuestra democracia tales como el Poder Judicial, el Ministerio Público, las Municipalidades y las Gobernaciones entre otras, que enfrentan investigaciones o críticas por las actuaciones de sus integrantes.
Respecto de las liberaciones incorrectas de prisioneros, no solo hay aquí un fallo administrativo, sino también un riesgo para la seguridad pública. Estos errores reflejan una falta de control interno que puede ser atribuida a la omisión de funciones por parte de quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad dentro de los recintos penitenciarios (López, 2020).
Se han destapado posibles redes de corrupción interna que comprometen seriamente la confianza en la institución. Un sistema que permite la omisión de deberes por parte de quienes ocupan posiciones de garante, como los funcionarios de Gendarmería, es terreno fértil para la corrupción. Autores como Maldonado (2021), resaltan cómo la corrupción moderna a menudo se manifiesta a través de la inacción, es decir, dejando de cumplir los deberes por parte de quienes tienen posición de garante.
Por otra parte, la violencia dentro de los penales ha alcanzado niveles alarmantes, con homicidios que parecen estar orquestados desde el interior de las cárceles. Esta situación evidencia la necesidad de un enfoque más riguroso en la gestión del crimen organizado desde las cárceles y también en la necesidad de segregación de prisioneros.
A su vez, la muerte de una funcionaria en servicio destaca los riesgos que enfrentan quienes trabajan en estas instituciones, así como la necesidad de un entorno laboral seguro y ético. El bienestar del personal – entendido como los sueldos, los incentivos y el buen clima laboral – es fundamental para mantener la integridad institucional.
La administración entrante, ha planteado –entre otras cosas– un endurecimiento del sistema carcelario, con énfasis en un mayor control de las cárceles por parte del Estado y la aplicación de medidas drásticas dentro del régimen penitenciario. Por su parte, existe un proyecto de reforma que busca incorporar Gendarmería al Ministerio de Seguridad Pública. Estas medidas, aunque pueden parecer necesarias para fortalecer el sistema carcelario, deben ser analizadas en el contexto de la desconfianza y falta de legitimidad en la que ha caído la institución.
La percepción negativa de Gendarmería, alimentada por los escándalos recientes, plantea interrogantes sobre la efectividad de estas reformas. La simple reestructuración administrativa no garantiza una mejora en la confianza pública; es esencial que cualquier cambio sea acompañado de un compromiso real con la ética y la transparencia. La incorporación al Ministerio de Seguridad Pública podría ofrecer una oportunidad para alinear los objetivos de Gendarmería con políticas más amplias de seguridad, lo que solo será efectivo si se establece una cultura de compliance y rendición de cuentas con los siguientes ejes como pilares fundamentales:
La crisis de Gendarmería de Chile no se resolverá únicamente a través del endurecimiento del régimen carcelario; se necesita un enfoque renovado en la ética y el compliance. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para restaurar la confianza del público y garantizar que la Institución cumpla su misión de manera efectiva y justa.
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¿Responsabilidad penal en casos de cuasidelitos? El caso del accidente de Gasco. Por Rodrigo Reyes.https://t.co/Ff5ju5je5c
— Ex-Ante (@exantecl) February 22, 2026
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