Este lunes dejó su cargo, por renuncia voluntaria según informó la ministra vocera de gobierno, el jefe de asesores del segundo piso, señor Miguel Crispi. Sobre el asunto, el ministro del Interior señaló que el señor Crispi fue víctima de críticas injustas.
Al mismo tiempo el ministro indicó, respecto de la hoy exministra Maya Fernández (quién también habría renunciado voluntariamente), que es una “mala señal” la continuación de la acusación constitucional presentada por la oposición en su contra, señalando que “tendremos a la Cámara de Diputados concentrada en una acusación constitucional inconducente y no orientado y concentrado en legislar para el país”. En este contexto, calificó las acusaciones constitucionales como “distracciones” de la labor legislativa que le compete al Congreso.
La presidenta del Partido Socialista, por su parte, caracterizó la renuncia de la señora Fernández al Ministerio de la Defensa Nacional como un acto criterioso, realizado para evitarle un problema al gobierno.
Por su parte, un ex ministro del Interior, que hoy participa del debate público, definió todo el episodio de la compra de la casa del presidente Allende como un error de grueso calibre, señalando que ensuciaba la memoria del referido presidente y que los personeros de gobierno involucrados en la revisión de la transacción debían “poner la carita e irse”. Curiosamente, en sus dichos, exculpó a la exministra y a la senadora, deslindando la responsabilidad en los inferiores jerárquicos. Añadió que debía demostrarse corrupción para configurar la infracción constitucional, cuestión que el texto de la Carta Magna no exige.
La presidenta de la Cámara de Diputados, también se ha quejado, por sí o a través de su pareja, de haber sido víctima de una gran injusticia y de ser objeto de violencia obstétrica, todo ello tras las diligencias practicadas por la PDI, en el marco de una investigación que lleva a cabo el Ministerio Publico y que fueron autorizadas por un tribunal de la República. Por su parte, durante la jornada de ayer, en que se votaba la censura a la mesa que preside, la que finalmente se rechazó, llegó con su hijo de tan solo días de nacido a la testera de la referida corporación.
La hoy candidata y antes ministra del interior, Carolina Tohá, la más poderosa ministra en esa cartera desde el retorno de la democracia según Eugenio Tironi, declaró -mientras ejercía su cargo de autoridad ante el Congreso- que Manuel Monsalve había “defraudado la confianza del presidente de la República y del país”. Lo acusó de haber actuado de “manera desleal al ocultarnos información y no avisar ni al presidente ni a mí de la situación registrada la noche de los hechos”. La ministra “más poderosa” desde la década de los noventa, y el propio presidente, la principal autoridad de la República, habían sido engañados. Eran víctimas.
¿Víctimas? No. Son autoridades, con todo el poder y atribuciones que implica serlo, sujetas al estado de derecho y a las responsabilidades que implica el ejercicio del cargo. Por ello, inculpar al entorno o a otros de sus propias falencias o conductas simplemente no se puede tolerar. Y no puede aceptarse porque la victimización de las autoridades, asumida como una suerte de filosofía política para evadir la responsabilidad que les es propia, reniega de diversas bases de nuestra convivencia y del marco jurídico vigente, cuales son la libertad, la responsabilidad y la racionalidad, para y en vez, escudarlos en la irresponsabilidad y la emocionalidad. Para qué decir que repudia lo que implica el verdadero liderazgo que se supone esas autoridades han de detentar.
Flaco favor se le hace a la sociedad y sobre todo a los jóvenes esta cultura de la victimización que nuestros liderazgos actuales le imprimen a cada paso que dan. También lo hacen quienes evaden perseguir esa responsabilidad por temor a quedar como victimarios. Porque, claro, cuando el eje de cuestión gira en torno a la victimización, y eso se tolera, quién persigue hacer efectiva las obligaciones queda atrapado en la vereda de lo agresivo, de lo extremo y hasta de lo polarizado, cuando en realidad quiénes, usando los canales que proporciona el estado de derecho, persiguen la responsabilidad de una autoridad, obran con estricto apego a los principios y valores que inspiran a una democracia constitucional. Así, mal podría ser “una mala señal” o una “distracción” exigir accountabilty.
Por el contrario, lo que sería una mala señal y una inexplicable distracción sería la pasividad ante estas conductas bajo la lógica de no alterar los ánimos políticos o la convivencia. Olvidan algunos que la Cámara de Diputados no solo está llamada constitucionalmente a legislar, sino que a ejercer las atribuciones fiscalizadoras que la Constitución le ha conferido para controlar los actos de gobierno. Los pesos y contrapesos no pueden desconocerse por otros poderes del Estado simplemente porque no conviene a sus intereses, ni deben pasarse por alto por quienes están convocados a ejercerlos simplemente para no alterar la disposición de otros que también detentan el poder.
Las personas libres, dentro de los que se encuentran las autoridades, son sujetos de responsabilidad, lo que implica asumirlas y atenerse a las consecuencias constitucionales, administrativas, políticas, civiles o penales que conlleva la libertad y la dignidad. La victimización, por el contrario, abjura de esa libertad, genera una sociedad en la que los niveles de intolerancia a la crítica se disparan y en la que finalmente la impunidad campea. Paradojalmente, en este escenario, las víctimas pueden terminar siendo erigidas como héroes o mártires, en completa contradicción con lo que aspiramos debe ser nuestra sociedad, libre y responsable.
Es necesario además que comprendamos que, en el contexto de una cultura del victimismo, solo se deteriora el debate político y público, pues en ella solo interesa lo performativo y la emocionalidad.
En suma, pasar de una cultura del honor y la dignidad, a una del victimismo, es en realidad una involución.
Alarmante resulta entonces que éste sea el ethos que promueven quienes se supone han de dar el ejemplo.
Ver esta publicación en Instagram
Publicaciones relacionadas
La comisión investigadora del caso ProCultura aprobó por nueve votos a favor y una abstención el informe final elaborado por los diputados RN Andrés Longton y José Miguel Castro. La fundación, liderada por Alberto Larraín, es indagada por Fiscalía por eventual fraude al fisco en convenios por cerca de 6 mil millones con gobernaciones. El […]
El socio y fundador de Cadem, Roberto Izikson, analiza el momento electoral presidencial. Dice que la posición de Matthei es fuerte, que ha revertido la baja que tuvo en los últimos meses, pero que el camino es largo. “No puede cometer errores. Y debe mejorar su manejo en redes sociales”, dice.
Desde el Ejecutivo existieron contactos con diputados oficialistas para moderar las críticas contra el Presidente y la actual candidata presidencial PPD. Incluso, circuló entre los parlamentarios un documento con propuestas para el informe final que se atribuyó a la Secretaría General de la Presidencia, lo que el ministerio negó.
El director ejecutivo de Panel Ciudadano, Juan Pablo Lavín, comenta la nueva encuesta que plantea siete escenarios. En todos gana Matthei. “El PC tiró toda la carne a la parrilla en el evento por las pensiones con Jeannette Jara, y eso la llevó a marcar un 4%. Que le pueda ganar a Carolina Tohá en […]
El tribunal resolvió que el exalcalde Jadue mantenga el arresto domiciliario total en que está desde septiembre, luego de que dejara la prisión preventiva en que estuvo 91 días. El rechazo a rebajar su medida cautelar evitará que pueda hacer campaña en las calles, ya sea como candidato del PC a La Moneda o al […]
