Julio 11, 2026

[Confidencial] La experiencia personal del senador Carter detrás de la indicación del crédito para enfermedades catastróficas

Jaime Troncoso R.
El senador Rodolfo Carter.

El senador Rodolfo Carter (Indep.-Republicanos) relató que la indicación que crea un crédito tributario para que las empresas financien tratamientos de enfermedades catastróficas de sus trabajadores nació de una experiencia familiar ocurrida hace 30 años. La propuesta fue incorporada a la negociación del proyecto de Reconstrucción Nacional y el Gobierno elevó el tope del beneficio desde 100 a 150 UTM y redujo de tres a dos años la antigüedad laboral exigida.


Nace de su experiencia. El senador Rodolfo Carter fue el autor de la iniciativa que crea un crédito tributario para las empresas que financien tratamientos de enfermedades catastróficas de sus trabajadores y de integrantes de su grupo familiar y que fue incorporado por el Gobierno en el proyecto de Reconstrucción Nacional.

  • Carter explicó su padre trabajaba en la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) cuando fue diagnosticado con cáncer. A la familia le correspondía atenderse en el Hospital Sótero del Río, pero la SNA decidió financiar su tratamiento en la Clínica Alemana.
  • “Mi padre murió con dignidad al año siguiente, porque sentimos que se hizo todo lo posible. Como familia quedamos tranquilos”, señaló el senador.
  • A partir de esa experiencia, Carter impulsó un mecanismo para incentivar que otras empresas puedan participar en el financiamiento de tratamientos de alto costo de sus trabajadores.
  • “Esta es una lógica de colaboración que hacen las empresas y que permite que todos puedan tener esa oportunidad. Es un tema que le da humanidad a un proyecto como este”, afirmó.

En qué consiste. La indicación, aprobada por unanimidad en la Comisión de Hacienda del Senado, permite que las empresas descuenten del impuesto de Primera Categoría los pagos efectuados directamente a prestadores de salud acreditados para financiar tratamientos de enfermedades catastróficas.

  • El beneficio podrá aplicarse a tratamientos del propio trabajador, de sus hijos de hasta 25 años, de su cónyuge o de su conviviente civil. No obstante, no es un derecho adquirido por los trabajadores.
  • Los ministerios de Hacienda y Salud deberán definir mediante decreto cuáles serán los diagnósticos y tratamientos cubiertos. El diseño considera enfermedades crónicas o potencialmente mortales cuyos tratamientos sean especialmente costosos, complejos o prolongados.

Los cambios negociados. La propuesta recogida inicialmente por Hacienda establecía un crédito máximo de 100 UTM por trabajador y exigía una antigüedad laboral de al menos tres años.

  • Durante las conversaciones, el Ejecutivo aceptó aumentar el límite hasta 150 UTM. Esto equivale a cerca de $10,4 millones, considerando el valor de la UTM de julio de 2026.
  • Carter, junto al senador Diego Ibáñez (FA), plantearon reducir el tiempo mínimo que el trabajador debía llevar en la empresa. El requisito finalmente bajó desde tres a dos años.
  • El cambio amplía el universo potencial de beneficiarios y aumenta el monto máximo que una empresa podría financiar utilizando el crédito tributario.

Cómo funcionaría. El mecanismo no obliga a los empleadores a pagar tratamientos médicos. La empresa deberá decidir voluntariamente si realiza el desembolso y, posteriormente, podrá imputarlo como crédito contra el impuesto de Primera Categoría.

  • Los pagos deberán efectuarse directamente a prestadores acreditados. Para utilizar el beneficio, el trabajador tendrá que acreditar la antigüedad mínima y mantener sus cotizaciones previsionales al día.
  • El monto financiado no será considerado renta para el trabajador. Además, la parte del gasto que exceda el límite del crédito podrá ser reconocida por la empresa como un gasto necesario para producir la renta, de acuerdo con las condiciones establecidas en la indicación.

El impacto fiscal. El informe financiero original de la Dirección de Presupuestos calculó el costo del beneficio considerando un límite de 100 UTM y una antigüedad mínima de tres años.

  • Bajo esos supuestos, Dipres estimó que podrían financiarse 5.818 casos y que el Fisco dejaría de recaudar $6.948 millones durante el primer año y $20.844 millones anuales a partir del segundo.
  • La estimación supone que el beneficio sería utilizado por el 25% de los empleadores y considera un desembolso promedio de 50 UTM por trabajador.

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