Hace algunos días, el Frente Amplio dio a conocer las conclusiones de su congreso ideológico. Entre ellas, una de las más reveladoras sostiene que el partido asume “una nueva relación con la producción de la riqueza”, reconociendo como parte de su base social a los trabajadores, las micro, pequeñas y medianas empresas, los trabajadores por cuenta propia y las cooperativas, “con autonomía frente al gran empresariado”.
La premisa implícita de esa declaración es que las pequeñas y medianas empresas conforman un sujeto político con intereses naturalmente opuestos a los de las grandes compañías. Se trata de una idea atractiva desde el punto de vista discursivo, pero difícil de sostener cuando se observa cómo funciona una economía moderna.
La primera razón dice relación con que las empresas no viven aisladas unas de otras, sino que las cadenas de valor están construidas sobre relaciones de cooperación.
Miles de pequeñas y medianas empresas existen precisamente porque prestan servicios a grandes compañías: desarrollan software, hacen transporte de carga o fabrican los insumos que la gran empresa no produce por su cuenta. Su crecimiento depende, en buena medida, del éxito de las empresas con las que se relacionan. Presentarlas como bloques enfrentados resulta artificial, pues la economía funciona mucho más como un ecosistema de interdependencias que como una guerra de bandos.
Podría objetarse que la interdependencia no elimina las asimetrías de poder. Una pyme que depende de un solo gran cliente puede verse sometida a condiciones desventajosas justamente por esa dependencia.
Es una objeción atendible, pero de ahí no se sigue que pymes y grandes empresas constituyan bloques con intereses opuestos. Se sigue, más bien, que dentro de una relación de cooperación pueden existir problemas de poder de negociación, que es un asunto distinto y que se resuelve con herramientas como normas de pago oportuno, defensa de la libre competencia o protección al proveedor, y no con la construcción de una identidad política basada en el tamaño de una empresa.
Pero hay otro problema. El criterio sugerido supone que es posible inferir una determinada posición moral o política a partir de cuántos trabajadores tiene o cuánto factura una compañía, lo cual no se condice con la realidad.
El economista Tyler Cowen ilustra este punto con los casos de McDonald’s, General Electric y Procter & Gamble, que comenzaron a otorgar beneficios de salud a las parejas del mismo sexo incluso antes de que el matrimonio igualitario fuera reconocido por la legislación estadounidense.
No porque sus directivos fueran necesariamente más progresistas, sino porque las empresas que compiten por millones de consumidores protegen el valor de sus marcas y, por ello, tienen fuertes incentivos para ser inclusivas.
Cowen lo resume con un ejemplo: mientras un pequeño panadero puede decidir no hacer un pastel para el matrimonio de una pareja gay, una empresa nacional como Sara Lee simplemente quiere vender sus productos a todos, cuidando su reputación.
Algo similar ocurre en el ámbito laboral. En promedio, son las grandes empresas las que ofrecen carreras laborales más estructuradas, mejores remuneraciones y beneficios como seguros de salud complementarios o bonos por desempeño.
No deja de ser llamativo que las vacantes más demandadas por los propios trabajadores suelan encontrarse precisamente en aquellas empresas respecto de las cuales el Frente Amplio declara mantener “autonomía”.
El problema se vuelve todavía más evidente cuando se contrasta con otros objetivos que el partido identifica como prioritarios, tales como la equidad territorial o el ecologismo.
¿Por qué habría de ser más representativa una pyme contaminante instalada en Santiago que una gran empresa instalada en una región extrema que da empleo a cientos de personas e invierte en tecnología limpia? Si el tamaño de una empresa conduce a conclusiones incompatibles con otros principios que se consideran relevantes, difícilmente puede sostenerse que constituya una razón adecuada para definir la representación política.
Las categorías de pequeña, mediana y gran empresa fueron creadas para efectos regulatorios y estadísticos, no para distinguir identidades políticas o morales. El Frente Amplio, no obstante, las transforma en la base para definir quién integra su sujeto de representación.
Por eso decepciona que una reflexión llamada a redefinir la relación de un partido con la producción de la riqueza termine trasladando la lógica de la lucha de clases al interior del propio mundo empresarial sobre la base de una distinción tan poco sólida desde el punto de vista económico y conceptual. Así se llega al absurdo de que una empresa deje de ser políticamente representable por el solo hecho de haber crecido.
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