Por qué la Fiscalía Nacional dice que no hay conflicto de interés en recibir millonarios fondos provenientes de Gobiernos Regionales investigados

Las fiscalías del Maule y Tarapacá se suman al caso de la fiscalía de Arica, que recibió millonarios recursos originados en el Gobierno Regional (Gore). Mientras la fiscalía de Arica abrió la semana pasada una investigación al Gore encabezado por Jorge Díaz (DC), Tarapacá no había iniciado hasta este miércoles causas ligadas a convenios. En El Maule —arista en la que la PDI allanó el martes la gobernación liderada por la DC Cristina Bravo—, el fiscal regional Julio Contardo derivó la causa a Antofagasta, evitando así potenciales conflictos de interés. La fiscalía nacional dijo que no había causal de inhabilitación, pero que cada fiscalía debía evaluar.

Qué observar. El fiscal regional de Arica Mario Carrera defendió este miércoles la recepción de dineros originados en el Gobierno Regional (Gore) encabezado por Jorge Díaz (DC), pese a que la semana pasada abrió una investigación a ese Gore, en el marco de la seguidilla de indagaciones iniciadas tras el escándalo de la fundación Democracia Viva, ligada a Revolución Democrática (RD).

• El Consejo Regional había aprobado el 10 de enero la entrega de $1.200 millones a esa fiscalía, que se sumaron a otros $614 millones traspasados en 2022 para levantar la unidad que monitorea delitos cometidos por el Tren de Aragua y otras bandas.
• Carrera explicó por teléfono a Ex-Ante que “lo que hizo el Gobierno Regional fue pedirle al nivel central que rebajara su presupuesto del año, y ese presupuesto del año, que volvió a las arcas a nivel central, se transfirió luego al Ministerio Público, a nivel central. Entonces, no hay ningún traspaso de dinero directo desde el gobierno regional a la fiscalía regional”.
• Aseguró que no había conflicto de interés y que “esa misma fórmula se replicó luego en 3 o 4 regiones más hasta la fecha”.
• Este medio identificó traspasos aprobados desde los gobiernos regionales a las fiscalías de Tarapacá y El Maule.
• Mientras Tarapacá no había abierto hasta este miércoles causas ligadas a convenios, en El Maule —arista en la que la policía allanó el martes la gobernación liderada por la DC Cristina Bravo—, el fiscal regional Julio Contardo derivó la causa a Antofagasta, evitando así potenciales conflictos de interés.
• El caso de Arica surgió en medio del nombramiento de Ángel Valencia como fiscal nacional en reemplazo de Jorge Abbott. El Senado lo ratificó el 9 de enero, un día antes de que el Core aprobara los traspasos a esa fiscalía.

“Cada uno de ellos tiene la responsabilidad de evaluar”. Consultada la fiscalía nacional, el director de la Unidad Especializada en Anticorrupción Eugenio Campos respondió por escrito a Ex-Ante que “dichos traspasos no afectan la capacidad de llevar a cabo una investigación objetiva y transparente en relación con los hechos que revisten carácter de delito. No suponen ninguna limitación para que los fiscales del Ministerio Público continúen realizando sus investigaciones con total imparcialidad y objetividad”.

• “Los recursos transferidos por el Consejo Regional al Ministerio Público son fondos que pertenecen al Fisco de Chile y constituyen parte del patrimonio nacional, en beneficio de todas las y los ciudadanos chilenos”.
• “No obstante, debido a la naturaleza dinámica de las investigaciones, donde se van sumando constantemente nuevos antecedentes, cada fiscalía realiza evaluaciones periódicas. Esto implica que no existen causales de inhabilidad por parte de los fiscales encargados y de acuerdo con lo establecido en la ley orgánica constitucional. Cada uno de ellos tiene la responsabilidad de evaluar y, en caso de ser necesario, inhabilitarse en función del mérito de los antecedentes”.

El caso del Maule. El 8 de marzo el Gore del Maule informó de la aprobación de $1.020 millones para la iniciativa “Unidad de Análisis y Crimen Organizado en la Región del Maule”, a la que la fiscalía había postulado. “La idea es dotarlos de más herramientas para perseguir el delito en materia de crimen organizado”, dijo entonces la gobernadora.

• En esta región el Ministerio Público indaga, desde Antofagasta, un convenio por $264 millones con la fundación Urbanismo Social.
• El 30 de mayo la gobernación recibió una carta dirigida a la gobernadora. La enviaba Pilar Goycoolea, presidenta de la fundación Urbanismo Social.
• En el documento Goycoolea planteaba la inconveniencia de aceptar la propuesta de la gobernación de contratar al concejal de Curicó Javier Ahumada —DC— para el programa “Juntos y juntas nos sentimos más seguros y seguras”.
• Urbanismo Social sí aceptó, en cambio, otras 2 propuestas, lo que dio cuenta de las diálogos entre el gobierno regional y la fundación para establecer a quiénes trabajarían en el proyecto. La gobernadora anunció luego que no perseverará con el programa.

El caso de Tarapacá. El 25 de octubre de 2022 el Consejo Regional de Tarapacá aprobó $1.482.621.018 en favor de una iniciativa presentada por la fiscalía para fortalecer su trabajo.

• Explicaron que estos recursos se utilizarían para “el trabajo de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI), que busca detectar y desarticular bandas organizadas transnacionales y bandas criminales que estén operando en la región; el trabajo de persecución penal de las fiscalías locales de Iquique, Alto Hospicio y Tamarugal, con especial énfasis en acelerar la tramitación de los delitos que más afectan a la ciudadanía, como los robos con violencia e intimidación, amenazas, daños y lesiones entre otros”.
• Desde esa fiscalía informaron que hasta este miércoles no había investigaciones abiertas por convenios.

La causa que se indaga en Arica. La fiscalía regional de Arica anunció la semana pasada la apertura de una investigación de oficio a un convenio suscrito por el gobierno regional encabezado por Jorge Díaz.

• “(Se) busca establecer o descartar eventuales hechos constitutivos de delitos en el traspaso de recursos públicos desde el Gobierno Regional local hacia una fundación con domicilio en la Región de Coquimbo”, publicaron el 6 de julio en su cuenta de Twitter.
• Explicaron que encargaron al fiscal de alta complejidad Carlos Eltit indagar el convenio por $2.500 millones alcanzado con la fundación para el Desarrollo de las Organizaciones.
• De estos, el registro central de colaboradores del Estado del Ministerio de Hacienda consignó un traspaso por $1.299.354.000 —decretado el 31 de enero e ingresado el 15 de junio de este año— para el programa “transferencia apoyo social y económico a personas en condición de vulnerabilidad y/o pobreza”.
• La fundación, que inició actividades ante Impuestos Internos el 23 de enero de 2020 con los giros “asesoría y consultoría en inversión financiera” y “otros tipos de enseñanza”, no figura con convenios con otras reparticiones.
• El senador por Coquimbo Sergio Gahona (UDI) dijo la semana pasada al diario El Día que la fundación “no tiene ninguna experiencia en esta materia y que, además, es de otra región”.

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