Qué observar. Una extensa jornada tuvo este martes el pleno de la Convención Constitucional con la votación de una serie de normas sobre los denominados derechos sociales. Entre estos se aprobó un artículo que señala que “los trabajadores y trabajadoras, a través de sus organizaciones sindicales, tienen el derecho a participar en las decisiones de la empresa. La ley regulará los mecanismos por medio de los cuales se ejercerá este derecho”.
Qué implicaría. Expertos laborales dicen que la norma aprobada deja la puerta abierta a múltiples “bajadas” que podría hacer el legislador. ¿Cómo se recoge la opinión de los trabajadores? ¿Sobre qué materias podrían pronunciarse? ¿Sus opiniones serán o no vinculantes? Esto podría ir desde la formación de comités o la creación de otras instancias de diálogo, hasta la incorporación de representantes sindicales a los directorios de las empresas.
Coherente con el programa. La propuesta de la Convención está en línea con lo que señala el programa del Gobierno. “Propiciaremos la participación de trabajadoras y trabajadores en los directorios de las empresas grandes. A su vez, propondremos que tales directorios sean paritarios en términos de género”, señala el texto programático.
Que opinó la CPC. El año pasado el presidente de la CPC, Juan Sutil, criticó duramente las intenciones iniciales del entonces candidato Boric. Sin embargo, esta vez tomó con mesura el artículo aprobado por la Convención, dado que no define la forma de participación. “Siempre es importante que los trabajadores y las trabajadoras participen dentro de la empresa, dentro de los roles que cada uno tiene”, afirmó. Además que en países como Alemania y otros europeos participan en decisiones que se relacionan, por ejemplo, con temas de relaciones laborales, capacitación, bienestar social y otras materias sindicales.
Lo que adelantaron Grau y Sanhueza. En marzo de 2021, en medio del debate que desató la propuesta de Boric, el actual ministro de Economía, Nicolás Grau, y la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, publicaron, junto con otros autores, una columna en Ciper, en que planteaban que la incorporación de trabajadores en directorios estaba presente en varios países con estados de bienestar y que genera “mayor democracia en la empresa sin mayores costos asociados e incluso algunos beneficios menores”.
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