Qué observar: Un ambiente festivo que incluyó aplausos, abrazos, selfies y banderas del PS y colectivos sociales desplegadas en el hemiciclo marcó el martes por la noche las sucesivas votaciones que el pleno de la Convención realizó sobre los denominados derechos sociales propuestos en el informe de la comisión de Derechos Fundamentales.
A continuación, la suerte de las normas más polémicas votadas y las interrogantes que quedaron:
Derecho a la salud: El pleno aprobó 7 incisos de un artículo sobre derecho a la salud, con lo cual quedó establecido en el borrador constitucional que “toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental” y que “el Estado deberá proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de la salud, considerando en todas sus decisiones el impacto de las determinantes sociales y ambientales sobre la salud de la población”.
Las dudas sobre las isapres: Sin embargo, el pleno devolvió a la comisión el inciso que planteaba que “podrán existir seguros privados voluntarios, los que en ningún caso podrán sustituir o duplicar el rol del Estado. Ninguna persona habrá de incurrir en un gasto catastrófico en salud”.
Derecho a la educación: El pleno aprobó un artículo, según el cual, “el Estado asegura a todas las personas el derecho a la educación”.
Las interrogantes sobre los límites que impondrá la Constitución: Esta instancia, sin embargo, devolvió a la comisión la norma que “reconoce la libertad de enseñanza” y otra que la subordinaba a una serie de principios rectores.
Seguridad social: El pleno despachó parcialmente al texto constitucional —3 de 6 incisos— el artículo sobre derecho a la seguridad social, dejando establecido que la Constitución garantizará “a toda persona el derecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad”.
Las preguntas sobre la inexpropiabilidad: La aprobación ocurrió luego de que el gobierno anunciara el envío de un proyecto de reforma constitucionalidad para asegurar la inexpropiabilidad de los ahorros de los cotizantes y el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, dijera que la norma que despachara el pleno no les resultaba “inocua”.
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