El viernes pasado, sin convocatoria de prensa, la Cancillería reactivó el Consejo de Política Exterior, órgano permanente consultivo de la cartera. Del evento se supo por posteos en las redes sociales y web del Ministerio, sin difundirse la lista de los convocados.
Según la Ley 21080 sobre Modernización de la Cancillería (2018), el rol de este Consejo es asesorar a la/el canciller en materias de relaciones internacionales “y en la labor de velar por la unidad de la política exterior”. En mayo de 2020, por resolución ministerial exenta, la administración anterior designó sus miembros: en dos años, éstos sesionaron cinco veces. La evaluación del trabajo, incluso por parte de Consejeros, no ha sido buena, fundamentalmente porque la función consultiva no se respetó (se informaba al Consejo de decisiones ya tomadas), y eso motivó renuncias de integrantes. Otra crítica al Consejo ha sido su composición (32 miembros), admitiendo algunos de ellos no tener, en política exterior, la senioridad requerida por el cargo.
La nueva sesión de este viernes sorprendió entonces, no sólo por falta de datos (como la lista de quienes conforman el Consejo actualmente), sino también por una desprolija convocatoria. Quienes lo integraban hasta ahora (incluyendo ex comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, Premios Nacionales, y varios exministros) se enteraron que ya no son parte por medio de un tweet de Cancillería con fotos de nuevos miembros. Cabe preguntarse por qué la Secretaría Ejecutiva del Consejo, a cargo de la Dirección de Planificación Estratégica ministerial, no envió un mail a los integrantes para agradecer su labor y notificarles la nueva formación.
Los modales, clave de la diplomacia, fallaron; y lo jurídico aparentemente también. Según indica la Biblioteca del Congreso Nacional, la resolución que nombró a los miembros del Consejo en 2020 no ha sido derogada. Es decir, no hay respaldo para nuevos nombramientos en una alta institución ministerial de rango legal; los anteriores parecen seguir vigentes. En todo caso, más allá de estos descuidos, sería bueno albergar esperanza de que la instancia mejorara su funcionamiento en aspectos ya identificados.
Respecto a la composición, la Ley sólo dice que integrarán el Consejo “académicos y otras personalidades de reconocida versación en materia de política internacional” designados por el Ministro(a), además de los dos Subsecretarios, el Secretario General de Política Exterior y la Directora de asuntos jurídicos.
Dado que el nuevo listado de integrantes no es público, imágenes del Instagram del Ministerio y de cuentas de Twitter permiten aclarar que de los 32 nombres anteriores, 7 fueron reconvocados (el ex subsecretario Cristián Barros, la ex vicepresidenta de la SOFOFA Janet Awad, el director del think-tank de relaciones internacionales AthenaLab Juan Pablo Toro, los directores de las dos mayores instituciones universitarias del área internacional, Dorotea López de la Universidad de Chile, y Jorge Sahd de la Universidad Católica, además de las periodistas Tamara Avetikian y Angélica Bulnes). De los 25 cupos/áreas temáticas restantes, al menos en dos (temas fronterizos y OEA), parece haber existido un recambio entre especialistas de peso comparable.
De este modo, la diferencia más notable entre la composición anterior y actual del Consejo es que muchas áreas antes cubiertas por especialistas de primer nivel hoy no tienen reemplazo. Este es el caso de los ex Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y el Director de la ANEPE, que aportaban en la articulación Defensa-RR.EE.; los economistas Andrea Repetto y Sebastián Claro, en el vínculo entre las relaciones internacionales y la política comercial con la macroeconomía y la política monetaria y fiscal; el ex Presidente de la CPC Alfonso Swett, en el contacto con el sector productivo y exportador; el Premio Nacional de Humanidades José Rodríguez Elizondo, destacadísimo por décadas de trabajo en temas vecinales; el jurista integrante de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, de prestigio global en el campo de los derechos humanos, y ex Agente de Chile ante La Haya, Claudio Grossman; el mayor experto del país en temas antárticos, el profesor Luis Valentín Ferrada; el Premio Nacional de Periodismo y ex asesor de comunicaciones de Cancillería, Ascanio Cavallo; los académicos y ex diplomáticos de distinguida carrera Pablo Cabrera (también ex subsecretario), y Samuel Fernández; y exministros de otras carteras (Eduardo Aninat, Vivianne Blanlot, Enrique Correa, Mariana Aylwin). Nadie cuestiona que es prerrogativa ministerial decidir quien integra el consejo: pero la ausencia, no de estos nombres sino de expertise comparable en las áreas mencionadas redunda en un aporte disminuido.
¿Y cuáles son las nuevas incorporaciones? Entre las que se alcanzan a identificar en fotos, cuatro profesionales frenteamplistas cursando estudios de postgrado. Treintañeros, de buenos currículums y potencial prometedor en sus disciplinas, pero de experiencia laboral necesariamente limitada. La juventud, aún descollante (si es el caso), y el entusiasmo partidario no equivalen a la senioridad que la ley impone para integrar el Consejo. En efecto, la Ley 21080 (art. 6), al señalar que los miembros del Consejo serán “académicos y personalidades de versación reconocida en materia de política internacional”, impone una calificación a la designación, que es un prestigio sustancial. Ello se reitera cuando la misma norma señala que el Ministro(a) podrá invitar a “otros funcionarios de la Administración del Estado, y representantes del sector privado, académico y de la sociedad civil” a sesiones del Consejo, para “temas específicos”. Se entiende entonces que personas sin el grado de trayectoria requerida, incluyendo académicos, pueden ser convocadas por la canciller, pero no como miembros permanentes.
También en relación a especialistas, la nueva convocatoria denota falta de transversalidad en los grupos. Están presentes la red Nueva Política Exterior (los jóvenes ya referidos), y el Foro de Política Exterior, instancia de análisis de la izquierda (tres directivos); pero se excluye al Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales, institución más antigua, y que pese a su corte conservador congrega entre sus miembros también a la centroizquierda que ha trabajado en el área por 30 años y más. Del mismo modo, si bien está presente un think-tank relevante (AthenaLab), no lo están otras instituciones con investigadores en el área (CEP, Horizontal, Chile21, Libertad y Desarrollo).
La web de Cancillería subraya, al informar la reactivación del Consejo, que la autoridad entiende la Política Exterior como “un asunto de Estado donde la unidad es fundamental para enfrentar los complejos desafíos actuales”, y que ésta requiere “estrecha coordinación entre esta Cancillería y todos los interesados en política exterior”. No hay unidad sin transversalidad. La coordinación está al debe en lo político y en lo temático. Se debe buscar un abanico más amplio, que incluya al menos macroeconomía, defensa e imagen-país, y una mayor integración del sector productivo. Y para que la asesoría del Consejo tenga sentido, las adiciones deberían hacerse con especialistas de la mayor senioridad. Quitar cargos de Consejeros a Premios Nacionales sin siquiera avisarles para dárselos a jóvenes estudiantes oficialistas, no cumple ese fin.
La debilidad del Consejo de Política Exterior, sin duda, precede al actual gobierno: pero sin ajustes a su actual conformación, será aún más difícil que cumpla el rol que le asigna la ley. Ojalá la actual administración no malgaste el espacio para construir el diálogo y el consenso que el área demanda.
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