Chile lleva más de dos décadas hablando de desarrollo como si fuera una meta cercana, casi asegurada. En su primera cuenta pública, en marzo de 2000, Ricardo Lagos planteó reformas estructurales para que el país alcanzara el desarrollo hacia 2010. Una década después, en mayo de 2010, Sebastián Piñera fue aún más explícito: “Nuestra meta de crecer al 6 % nos permitirá en ocho años -es decir, antes que termine esta década- alcanzar el desarrollo y superar el ingreso per cápita que hoy día tienen países del sur de Europa como Portugal”.
Quince años después, el balance es mediocre. Chile no fracasó, pero tampoco cumplió. Hoy estamos, en términos de ingreso por habitante, aproximadamente a medio camino: a unos 30 mil dólares per cápita tanto de los países más ricos como de los más pobres. Ya no somos un país de carencias básicas generalizadas, pero tampoco uno capaz de sostener altos niveles de productividad, salarios y bienestar de manera amplia y persistente.
Ese punto intermedio es peligroso. No por pobreza, sino por complacencia. Es la antesala de la llamada trampa del ingreso medio: un equilibrio donde se sobrevive bien, pero se progresa mal; donde los incentivos, las regulaciones y las instituciones se alinean más para preservar lo existente que para facilitar el cambio. El modelo que permitió crecer durante décadas y salir del subdesarrollo funcionó para esa etapa. Pero hoy ya no alcanza. Persistir en él no es prudencia: es una receta segura para el estancamiento.
Cerrar la brecha con los países desarrollados no es simplemente cuestión de gastar más. Exige un cambio profundo: pasar de un crecimiento basado en cantidad a uno basado en calidad. Para eso, conviene mirar con honestidad cómo hemos crecido hasta ahora y qué rasgos de ese proceso se han vuelto un lastre.
El Chile que avanzó durante las últimas décadas puede representarse, en lo esencial, por cinco características.
Primero, un crecimiento impulsado por pocos sectores. Actividades tradicionales, intensivas en recursos naturales, explicaron buena parte del dinamismo inicial. Funcionó, pero con rendimientos decrecientes y escasa diversificación productiva.
Segundo, una alta concentración territorial. La Región Metropolitana capturó inversión, empleo calificado e innovación, mientras amplias zonas del país quedaron atrapadas en economías locales poco dinámicas y con baja productividad.
Tercero, el protagonismo de empresas grandes. Un número reducido de firmas explicó gran parte de la inversión, las exportaciones y la productividad agregada, con baja entrada de nuevos actores y escaso escalamiento de empresas pequeñas.
Cuarto, políticas públicas centradas en cobertura más que en resultados. Se avanzó en acceso a servicios, pero con débil evaluación de calidad, impacto y eficiencia, especialmente en educación, capacitación y apoyo productivo.
Quinto, mercados laborales rígidos y segmentados. Diseñados para trayectorias lineales y estables, poco compatibles con un mundo de mayor rotación, aprendizaje continuo, emprendimiento y conciliación.
Ese conjunto fue coherente con la etapa de desarrollo en que estaba Chile. El problema es que seguimos operando con esa lógica cuando el desafío ya es otro.
Si queremos cerrar la brecha con el desarrollo, Chile debe transitar hacia un nuevo conjunto de prioridades, que permitan mejorar el funcionamiento amplio de la economía. Esa transición puede resumirse en cinco cambios estructurales.
Primero, diversificación productiva real. No mediante apuestas dirigistas ni “clusters” decretados, sino creando condiciones para que surjan nuevos sectores: mejor competencia, regulación moderna, acceso a financiamiento y adopción efectiva de tecnología.
Segundo, desarrollo regional con poder efectivo. No basta con descentralizar administración si las regiones no tienen capacidad real de coordinar inversión, capital humano e infraestructura productiva.
Tercero, más entrada y más escalamiento de empresas. El crecimiento sostenido no depende solo de crear startups, sino de permitir que las empresas crezcan, ganen productividad y compitan, algo hoy limitado por regulaciones, permisos y mercados poco contestables.
Cuarto, inclusión productiva amplia. Mujeres, jóvenes y adultos mayores —la llamada economía plateada— deben integrarse plenamente como protagonistas del proceso productivo, no solo como beneficiarios de políticas sociales.
Quinto, flexibilidad para trayectorias laborales diversas. Compatibilizar trabajo, formación, cuidado y emprendimiento exige reglas que acompañen los cambios, en lugar de castigarlos.
Nada de esto es fácil. Cada uno de estos giros requiere reformas concretas: en regulación, mercado laboral, competencia, descentralización y capital humano. La mayoría están diagnosticadas hace años. El problema no es la falta de ideas, sino la incapacidad de ejecutarlas de manera coherente y persistente en el tiempo.
Ahí aparece el desafío más general —y probablemente más decisivo—: transformar la forma en que funciona el Estado. Un crecimiento basado en calidad exige un sector público capaz de evaluar mejor, tanto ex ante como ex post; de coordinar agencias que hoy operan en silos; y de alinear incentivos para que las políticas faciliten el cambio en lugar de bloquearlo. Sin un Estado que aprenda, priorice y se haga responsable de resultados, cualquier agenda de desarrollo termina neutralizada por sus propias reglas.
Esto no es un llamado a un Estado más grande ni más pequeño, sino a un Estado más inteligente. Uno que permita que nuevas actividades surjan, que las empresas crezcan, que las personas transiten entre trabajo, formación y emprendimiento, y que los territorios desplieguen su potencial productivo.
Chile ya recorrió una parte importante del camino. Hoy enfrenta un desafío distinto, y más incómodo. Persistir en lo conocido es políticamente fácil, pero económicamente estéril. Cambiar duele. Pero no cambiar implica aceptar, sin decirlo, que el país se conforme con quedar indefinidamente a medio camino del desarrollo.
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