Con el fin de la reserva del secreto de la investigación del caso ProCultura, comenzaron las filtraciones de diversas partes del expediente -como conversaciones de teléfonos “pinchados” o intervenidos y declaraciones de inculpados y testigos-.
Además, este lunes se formalizó a la diputada Catalina Pérez por el caso Democracia Viva y, el día domingo, un reportaje de Mega nos recordaba los detalles de otro caso en la Araucanía, el “caso Manicure” que ha tenido ni más ni menos que al desaforado diputado Ojeda en prisión preventiva por más de 3 meses. Varias aristas del llamado caso Convenios en todo su esplendor.
Hay una importante interrogante que ha surgido de los casos antes mencionados: ¿se están mal utilizando las fundaciones y corporaciones para financiar ilegalmente la política?
A mi juicio hay un primer tema que es clave de despejar: dentro del universo de fundaciones y corporaciones existentes en nuestro país, aproximadamente unas 40.000 según el último informe realizado por Sociedad en Acción, la cantidad de éstas investigadas por posibles irregularidades no llega ni siquiera al 0,5% del total (existiendo 134 investigaciones abiertas en todo el país). Es decir, se trata de un caso con ribetes escandalosos y que nos debe indignar, pero no llevar a generalizar a un sector que es clave y que, en general, hace un trabajo honesto e íntegro.
Sobre la posibilidad de que una nueva forma de financiamiento ilegal a la política se realice a través de fundaciones y corporaciones, de los antecedentes que hasta ahora tenemos a la vista, es difícil sostenerlo con certeza como un modus operandis generalizado.
En el caso Democracia Viva no es descartable que se pretendía, a través de la prestación de bienes y servicios públicos, hacer proselitismo político para quedar con cierta ventaja en futuros procesos eleccionarios. En ese caso, quizás sí podríamos estar frente a una forma de financiamiento anticipado e indirecto, pero es clave esperar el resultado final del proceso judicial en curso.
En el caso de ProCultura, el propio Larraín reconoció haber financiado a través del sistema del Servel, por terceras personas, a su pareja que fue candidato a alcalde. Es clave que se despeje si otras transacciones que constan en sus cuentas bancarias son financiamiento fuera del sistema o no. Recordemos que el año 2016 se hizo una relevante reforma que elevó los estándares de transparencia, control y sanciones, incluso estableciendo delitos electorales.
Las otras dos dicen relación con posible financiamiento al partido político de Convergencia Social y a la campaña del Presidente Boric. En ambos casos, de lo trascendido, sólo hay dos menciones del propio Larraín en un WhatsApp, en el caso del partido, y de una tercera persona, en el caso de la campaña presidencial. Sin duda, antecedentes muy iniciales que ameritan una investigación pero no aún una afirmación clara al respecto.
De hecho, en el caso del presidente Boric, los tribunales denegaron dos veces la intervención de su teléfono por no haber sospechas fundadas de la comisión de estos ilícitos ni de su conocimiento, de los antecedentes aportados.
En el caso Manicure, en cambio, de la investigación pareciera desprenderse que el diputado Ojeda pretendía más bien enriquecerse personalmente que desviar recursos públicos a campañas políticas pero, nuevamente, se requiere mayor avance en las investigaciones.
El caso Convenios ha implicado un duro golpe a instituciones públicas, a la sociedad civil y, principalmente, a la alicaída confianza ciudadana en nuestras instituciones.
Hay al menos cinco proyectos de ley que podrían evitar que en el futuro esto ocurra de manera tan sencilla sin detectarse a tiempo: el de transferencias del Estado a la sociedad civil, el de transparencia 2.0, el de registro de beneficiario final, el de integridad municipal y el de lobby. Los cuatro primeros presentan nulos o muy pocos avances en el Senado.
El último avanza lento, pero seguro, en la Cámara de Diputadas y Diputados. Esperemos que este nuevo caso que golpea en la opinión pública vaya de la mano de una voluntad política clara y decidida para el fortalecimiento de las instituciones y la transparencia.
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— Ex-Ante (@exantecl) May 13, 2025
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