El anhelo de destrabar la permisología ha tenido avances importantes con la aprobación transversal de la Ley de Agilización de Permisos de Construcción (N°21.718) y de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (N°21.770).
Para agilizar los proyectos, ambas leyes encomendaron al Ejecutivo reglamentar la reducción de la intervención estatal previa, es decir, autorizaron la desregulación, o simplificación normativa para quienes no gusten del concepto, detallando los casos en que se reemplazará el control ex ante que implican los permisos por la introducción de técnicas habilitantes a cargo de sus titulares.
En esta línea, durante el mes en curso, Contraloría tomó razón del Decreto del MINVU que, bajo la firma del Ministro Carlos Montes, avanzó en reglamentar las construcciones que se verán beneficiadas con la eliminación del proceso administrativo de obtención de permisos ante las DOM, modificando la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que entrará a regir 60 días después de su publicación en el Diario Oficial (esperada para fines de febrero).
Bajo la nueva normativa, el dueño sólo deberá seguir 3 pasos para iniciar la construcción respectiva: firmar junto a los profesionales del proyecto el formulario oficial de declaración jurada, certificando que adjuntan todos los antecedentes requeridos y que se cumplen todas las normas legales, reglamentarias y técnicas aplicables, pagar los derechos municipales y archivarla ante la DOM.
En el mismo sentido deberán actuar para el término de las obras, en que sólo basta la declaración jurada archivada en reemplazo del proceso de recepción municipal.
El impacto es relevante, ya que el listado de construcciones favorecidas con las declaraciones juradas incorpora, entre otras, a las obras de reconstrucción, edificación o ampliación de viviendas unifamiliares afectadas por catástrofe, y a las viviendas tipo e industrializadas, con la única restricción de que no estén emplazadas en áreas afectas a utilidad pública, zonas no edificables, áreas de riesgo o de protección de recursos de valor natural o patrimonial cultural.
De esta manera, el nuevo gobierno contará desde su inicio con una herramienta reglamentaria que posee el potencial para gestionar la agilización de los procesos de reconstrucción pos mega incendios y el plan de emergencia habitacional.
Aunque pueda ser catalogado como un tímido inicio, la verdad es que el decreto es un gran salto adelante que despeja el camino para ampliar la simplificación normativa a otros casos como la construcción de viviendas unifamiliares en general y todas las obras menores, lo que rebajaría decididamente la carga de las DOM y, con ello, favorecería la agilización en la revisión de los demás proyectos inmobiliarios.
Sin embargo, no todo es certeza.
La falta de costumbre al control estatal ex post como única vía de intervención y la escasez de recursos municipales para fortalecer las fiscalizaciones de obras siguen siendo un punto débil para la implementación de las nuevas técnicas.
A ello se suma el temor a una falta de rigurosidad profesional en la suscripción de las declaraciones juradas o el abuso de emplear a recién titulados para hacerlas, frente a lo cual, muchos directores de obras han sugerido la necesidad de que exista un registro público de arquitectos para tramitar en las DOM, de manera que sus incumplimientos graves o reiterados les impida suscribir nuevas declaraciones.
Sin duda, en este nuevo escenario, es fundamental el papel que tendrá la academia en la recuperación de las confianzas, con foco en una formación sólida en la comprensión normativa y de riesgos incluso penales para sus egresados, y aumentando la educación continua de los profesionales, siendo así relevado incluso por la presidenta del Colegio de Constructores de Chile, reviviendo la discusión sobres limitar ciertas carreras del área al ámbito universitario.
En este contexto, debemos asumir que la tan temida desregulación ya ha iniciado, y lleva la firma del Presidente Boric y de sus Ministros, que trabajan ahora en similar reglamentación para las autorizaciones sectoriales. Misma línea en que se han planteado los anuncios de los futuros Ministros de Hacienda y MINVU.
Si bien la nueva normativa es un cambio de paradigma, es también un instrumento técnico que, bien utilizado y sumado al fortalecimiento de la fiscalización a posteriori y la asimilación del aumento de responsabilidad que recae sobre los dueños y profesionales, puede contribuir a lograr la agilización esperada por los diversos actores públicos, privados y por la sociedad en general, con independencia de las ideologías.
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La implementación: el verdadero desafío de la reforma previsional. Por Karol Fernández.https://t.co/CGKwyo2yHp
— Ex-Ante (@exantecl) February 11, 2026
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