Telón de fondo. El viernes 12, en una reunión para revisar la agenda legislativa, los jefes de bancada de los senadores oficialistas votaron en contra de poner en tabla en el hemiciclo -para esta semana- el proyecto de amnistía para los denominados “presos del estallido”. Los parlamentarios argumentaron que no era el minuto y que aquello obedecía a un aprovechamiento político de la derecha antes del plebiscito. Desde la oposición, en cambio, sostuvieron que era un proyecto que estaba desde febrero en tabla y que había que ponerlo en votación.
La paradoja. La iniciativa no logró ser aprobada antes del 11 de marzo, como apostaba inicialmente el gobierno de Boric, en el marco de las dudas que se instalaron en la centroizquierda y el rechazo en bloque de la derecha. El catálogo de delitos fue entonces acotado en la comisión de Constitución, tras gestiones de los senadores Araya (Ind. PPD) y Francisco Huenchumilla (DC).
Lo que dice el proyecto. En el texto actual, aprobado por la comisión de Constitución de la Cámara Alta, se aprobó indultar los siguientes delitos en el marco del estallido, entre el 07/10/2019 y el 09/12/2020:
Las urgencias: El gobierno renovó en 3 ocasiones el proyecto de amnistía (en un principio indulto). El 22 de marzo ingresaron al Senado con suma urgencia la iniciativa, a partir de una conferencia de prensa en La Moneda realizada por el ministro Giorgio Jackson y la senadora Fabiola Campillai, una semana antes del Día del Joven Combatiente. El trámite que se leyó entonces como un intento de aplacar las protestas programadas para ese día. Campillai, que se transformó en un ícono de la izquierda más radical, un sector que tenía reticencias en apoyar en segunda vuelta a Boric, había respaldado al hoy Presidente en la campaña a condición de que él se comprometiera resolver la situación.
Tenso debate en el Senado. El 13 de abril, la Ministra de Justicia, Marcela Ríos, recibió duros cuestionamientos en la Comisión de Constitución del Senado por la falta de claridad del gobierno en el tema. La secretaria de Estado respondió entonces que el encargado de poner las urgencias era el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Giorgio Jackson.
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El general (R) Enrique Bassaletti es reconocido como un colaborador de Kast y de los equipos programáticos republicanos en materias de seguridad. Pasó a retiro en 2021, tras la modificación del Alto Mando, y se impuso en tribunales -junto a otros 6 generales- a los que Contraloría levantó cargos por su rol en el 18-O.
El Presidente Boric dijo este jueves que “fue un error” incluir a Luis Castillo Opazo entre los 12 presos del 18-O a quienes perdonó las penas que cumplían en la cárcel. El mandatario hizo estas declaraciones luego de que el autoproclamado “insurrecto” fuera condenado por robo con intimidación, tras recobrar su libertad. Los dichos del […]