El apoyo del ministro. Su respaldo al trabajo que está realizando la Convención Constitucional entregó este fin de semana el ministro de Hacienda, Mario Marcel. “Lo que yo he visto hasta el momento, en lo que se refiere a economía, no veo riesgos”, afirmó en Estado Nacional, de TVN. Es más, si bien reconoció que el proceso genera incertidumbres, dijo que estas podrían despejarse en una semana en cuanto a las normas que se discutirán en el plenario y más definitivamente en julio, cuando concluya el proceso. “La incertidumbre se va a acabar de aquí a una semana respecto de las normas y se va a acabar de aquí a un mes respecto del texto final que va a ser sometido a votación”, sostuvo Marcel en El Mercurio.
Los dichos de Marcel generaron inquietud entre economistas y empresarios, que ven muy difícil que la incertidumbre se diluya tan pronto, al tiempo que algunos mantienen sus cuestionamientos a lo ya aprobado en el pleno.
Dos explicaciones dan en el sector privado para las declaraciones de Marcel. Por una parte, apuntan al rol que debe cumplir todo ministro de Hacienda de contener las expectativas económicas. Estas, en el último tiempo, se han deteriorado tanto en los empresarios como en los consumidores, mientras aumenta la insatisfacción de los hogares con la situación personal y del país.
La segunda explicación que dan en el sector privado es que Marcel se está alineando con el Gobierno, que hasta ahora ha sido defensor del proceso, e incluso el Presidente Boric se ha declarado a favor de aprobar el texto.
Entre los empresarios también llamó la atención que Marcel dijera que no hay riesgos en el texto ya aprobado. Entre las ramas de la CPC identificaron 8 temas de preocupación en este sentido. Entre estos indican el debilitamiento del sistema político, la creación de un nuevo sistema nacional de justicia, la incertidumbre sobre los derechos de propiedad, las dudas respecto de la plurinacionalidad, la aprobación de una consulta indígena en distintas materias, el establecimiento de bienes naturales comunes y los cambios en los derechos de agua, la ambigüedad en la libertad de emprender, y los cambios laborales como la negociación ramal.
Los economistas advierten que actualmente hay inversiones que ya se han paralizado a la espera del desenlace del proceso constitucional y las reglas del juego que este establecerá. De hecho, Hacienda proyecta que la inversión caerá 3,2% este año.
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