La invariabilidad tributaria aprobada por el Senado ha sido presentada por algunos sectores opositores al Gobierno como un privilegio que amarraría de manos al Estado para promover el progreso. Por ello acudirían al Tribunal Constitucional.
Esa caricatura omite el diseño de la propuesta y olvida nuestra historia legislativa en gobiernos democráticos de diferentes orientaciones políticas. En primer lugar, no es una certeza gratuita ni indiscriminada: contempla diez años para inversiones de US$50 millones; quince para aquellas superiores a US$50 millones y de hasta US$350 millones; y veinte para las que superen ese monto. Además, quienes se acojan deberán pagar una sobretasa de 1,5%.
Si se estudian políticas similares en países democráticos y más desarrollados que el nuestro, se aprecia las similitudes con lo aprobado.
La racionalidad es clara. Una mina, una planta energética o una obra de infraestructura exige inversiones cuantiosas, difíciles de revertir y con largos períodos de recuperación.
En un escenario de tensiones geopolíticas y desaceleración global, la certeza regulatoria deja de ser un lujo: es una herramienta más para competir por capital, empleo y crecimiento.
Tampoco estamos ante una anomalía. Es un error histórico atribuir el origen de la invariabilidad a un supuesto período de “ideología de mercado extrema”. Chile la utilizó bajo Carlos Ibáñez del Campo, Jorge Alessandri y Eduardo Frei Montalva, y luego mediante el DL 600, vigente hasta 2016.
Cabe señalar, que este mecanismo canalizó cerca del 62,7% del ingreso bruto de capitales extranjeros al país. Perú y Argentina mantienen instrumentos más atractivos. Renunciar unilateralmente a ellos no nos haría “más soberanos”; nos volvería menos competitivos. Cabe recordar que el país posee enormes posibilidades para el futuro, pero ellas hay que impulsarlas ya que no están aseguradas.
Este es un buen momento para recordar lo que al respecto han dicho los cuatro últimos presidentes que han hecho posible los periodos de mayor crecimiento histórico sostenido de nuestro país: Patricio Aylwin promovió “las reglas claras y estables”; Eduardo Frei Ruiz-Tagle dijo “para crecer necesitamos seguir aumentando nuestras exportaciones”; Ricardo Lagos aseguró que “la tarea número uno es crecer” y Sebastián Piñera recordó “sin crecimiento no hay empleo”.
La República y la separación de poderes permiten que el Estado adopte compromisos que trasciendan a un gobierno. Concesiones, tratados, contratos públicos y normas de largo plazo producen efectos más allá de un período presidencial sin dejar de ser democráticos. Solo el populismo promueve políticas de corta duración.
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