-¿Cómo buscarán pasar de cerca de US$ 1.000 millones a US$ 4.000 millones al año en obras de concesiones?
-En esta materia tenemos varios desafíos. Lo primero es destrabar la cartera ya adjudicada. En la actualidad existe un stock de proyectos concesionados que ya fueron licitados y adjudicados, pero que no han podido iniciar obras. Estos suman más de US$ 10.000 millones detenidos por falta de permisos, autorizaciones y procesos administrativos. Por tanto, antes de pensar en nuevos proyectos estamos trabajando a toda marcha en activar los proyectos que ya existen.
-¿Dónde están hoy los principales cuellos de botella que explican que haya más de US$ 10.000 millones en proyectos detenidos?
-Muchos retrasos responden a permisos sectoriales, tramitaciones ambientales y regulaciones que pueden simplificarse, incluso mediante cambios reglamentarios, sin necesidad de reformas legales. Destaco el trabajo que estamos haciendo en coordinación con la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión (OASI) del Ministerio de Economía, encargada de acelerar la tramitación de proyectos y reducir los niveles de rezago en el Estado, sumado al seguimiento diario de la Plataforma de Control implementada por el Ministerio de Hacienda para agilizar las respuestas de los organismos con competencia ambiental durante el proceso de obtención de la resolución de calificación ambiental.
-¿Cómo pretenden acelerar la ejecución de proyectos?
-Nuestro objetivo como Ministerio es disminuir el tiempo entre la adjudicación y el inicio efectivo de la construcción de una obra. Por ejemplo, el proyecto de autopista de Costanera Norte tardó cinco años entre su adjudicación y su entrada en operación a comienzos de la década del 2000. Por su parte, el proyecto AVO II, adjudicado a fines del 2017, debiera concluirse a fines del 2028, 11 años después. Esto demuestra que los actuales proyectos pueden ejecutarse en la mitad del plazo al que nos hemos acostumbrado.
-¿Cuál es su opinión respecto del sistema de concesiones que rige actualmente?
–Chile utilizó durante 30 años este sistema principalmente para autopistas, pero hoy el instrumento debe extenderse a otras áreas. Necesitamos una cartera robusta y diversificada que facilite la participación de nuevos actores y ampliarnos a nuevas tipologías de proyectos. Además, tenemos que generar confianza para atraer capital privado, tanto nacional como internacional. El Estado debe volver a transformarse en un destino atractivo para los inversionistas y actuar como un socio confiable, otorgando reglas claras y mayor certeza para la inversión de largo plazo.
Y por último, tenemos que planificar una cartera de proyectos de infraestructura mediante un sistema de planificación que trascienda los gobiernos de turno, entregando continuidad y otorgando mayor previsibilidad a los inversionistas.
-¿Qué sectores concentrarán la mayor parte de las nuevas concesiones?
Históricamente el 80% de la cartera de concesiones se ha concentrado en proyectos viales. Nuestra proyección es bajar esa cifra a un 60%, dando espacio para nuevas tipologías de proyecto. Los desafíos actuales del país exigen ampliar el alcance de las concesiones hacia nuevos sectores y actores. En esa línea, estamos aplicando el modelo de APP en el desarrollo de infraestructura social y equipamiento público. Así por ejemplo, en nuestra cartera actual seguridad representa un 19% de la inversión.
Estamos dando espacio a pasos fronterizos y especialmente a establecimientos penitenciarios, a través de los cuales vamos a sumar 20 mil nuevas plazas para solucionar los graves problemas de hacinamiento de nuestras cárceles. Además, estamos construyendo 20 hospitales concesionados, que le van a cambiar la cara a nuestro sistema de salud. Estamos haciendo todo lo posible para acelerar estas obras y que estén disponibles para la ciudadanía durante nuestro mandato.
-¿Qué otro tipo de iniciativas tienen contempladas?
-Lo anterior incluye además impulsar proyectos en ámbitos tan diversos como desaladoras; teleféricos; sistemas de alerta de tsunamis, entre otros. En el futuro, queremos evaluar también, a modo de ejemplo, equipamiento urbano como el GAM; establecimientos policiales, colegios, parques y sistemas de conectividad digital. El sistema chileno ha ejecutado aproximadamente US$ 30.000 millones en tres décadas, con un promedio cercano a US$ 1.000 millones anuales. Nuestro objetivo apunta a elevar esa cifra hasta los US$ 4.000 millones por año. Esto es un tremendo desafío, pero creemos que tenemos los proyectos, las capacidades y los equipos para materializarlo.
– ¿Qué impacto proyectan sobre la economía?
-Lo más directo es la inversión. Pasar de cerca de US$ 1.000 millones a US$ 4.000 millones anuales en obras de concesiones significa cuadruplicar el ritmo histórico que Chile ha sostenido durante tres décadas. Lo anterior, sin siquiera mencionar el impacto de la inversión que el MOP realiza directamente, no bajo concesiones, a través de la Dirección General de Obras Públicas y sus cinco Direcciones Nacionales operativas (Aeropuertos, Arquitectura, Obras Hidráulicas, Obras Portuarias y Vialidad). Este monto para el año 2026 es de aproximadamente US$ 3.000 millones.
Pero el efecto va más allá del monto. Al destrabar la cartera ya adjudicada y al reducir a la mitad los plazos entre adjudicación e inicio de obras, aceleramos la materialización de esa inversión. Una obra que se ejecuta en cinco años en lugar de once genera empleo, demanda y actividad económica mucho antes, con un efecto multiplicador sobre proveedores, servicios y empleo local.
–¿Cómo podría influir en el crecimiento?
–En cuanto al crecimiento, la infraestructura es un habilitador de productividad. Mejores autopistas, hospitales, desaladoras y conectividad digital reducen costos logísticos, amplían la capacidad productiva del país y mejoran la calidad de vida de las personas. Al diversificar la cartera hacia infraestructura social y equipamiento público, el impacto se distribuye además en sectores que antes no se beneficiaban de este modelo.
Y hay un efecto de mediano y largo plazo igual de relevante: al generar reglas claras, certeza jurídica y un sistema de planificación que trascienda los gobiernos de turno, recuperamos la confianza de los inversionistas. Eso no solo atrae capital para los proyectos actuales, sino que posiciona nuevamente a Chile como un destino atractivo y confiable para la inversión de largo plazo, lo que sostiene el crecimiento más allá de este mandato.
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