La desarticulación de la célula financiera del Tren de Aragua en la “Operación Tokio” ha copado los titulares de los medios de prensa estos días en Chile.
La Fiscalía ha sostenido que, entre los años 2022 y 2026, esta red criminal movilizó US$ 84 millones (más de $75 mil millones de pesos) a través de la banca formal.
Un informe de la propia Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI, admite que la red logró “burlar todos los sistemas de control y prevención”. Mientras el dinero fluía mediante esquemas de estratificación) y utilización de empresas plataformas de criptoactivos, que el sistema financiero formal no pudo advertir.
La pregunta que surge es ¿Cuánto dinero se está lavando en Chile?
El régimen sancionatorio de la Ley N° 19.913 es, en la práctica, inofensivo, como ya lo advertía en una columna pasada. Veamos:
Aunque la normativa permite multas de hasta UF 5.000, en 23 años el máximo aplicado ha sido de apenas UF 800. El caso paradigmático es el del “Caso Carabineros” (Verde Austral). Ante incumplimiento de la obligación de reportar oportunamente operaciones sospechosas (ROS) la Unidad de Análisis Financiero (UAF) multó a varios bancos (cinco bancos) con el tope legal de UF 800 (infracción leve, art. 3 Ley 19.913).
Para una gran institución financiera, pagar UF 800, es decir unos $32 millones (algo más de 35 mil dólares) no es una sanción disuasiva; es un costo de operación insignificante. Esta debilidad estructural nos mantiene bajo el escrutinio internacional, como veremos.
En efecto, el último informe de Evaluación Mutua de GAFILAT advierte limitaciones importantes en cuanto a las multas aplicables a las instituciones financieras, advirtiendo oportunidades de mejora para la aplicación de sanciones que resulten efectivas, proporcionales y disuasivas, tal como exige la Recomendación 35 del GAFI.
Hubo una época en que el Estado chileno tenía algo más de “dientes”. Bajo la Ley N° 19.366, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) desmantelaba estructuras transnacionales con algún éxito. Recordemos hitos como la Operación Océano (red de Manuel Losada), el Caso Aerocontinente (aerolínea del narcotraficante Fernando Zevallos) y el emblemático Caso Mazza. Este último, que involucró lavado de de aproximadamente US$ 400 millones, terminó con condenas efectivas ratificadas por la Corte Suprema, atacando el corazón financiero de clanes dedicados al narcotráfico colombiano.
En este último caso, la justicia chilena y estadounidense ordenaron el decomiso de bienes e incautaciones por un total aproximado de 10 millones de dólares y se registró el primer caso de cooperación internacional en que Estados Unidos compartió parte de los fondos incautados, con Chile:: $1,78 millones de dólares (la mitad de lo confiscado en ese país)
No obstante esto, la crítica al sistema antiguo se dirigía a que nuestro país no tenía condenas por casos de lavado y Chile debió ingeniárselas para cumplir con el “KPI”
¿El resultado? El análisis de la persecución penal actual revela una deriva hacia la masividad irrelevante, según evidencian los informes de la UAF:
La pregunta es ineludible: ¿Dejaron de lavar dinero las grandes organizaciones en Chile, o el Estado simplemente dejó de tener la voluntad o la capacidad para detectarlas?
La eficacia del antiguo modelo del CDE radicaba en su especialización técnica: equipos de abogados litigantes e investigadores, analistas financieros que trataban el lavado como una cirugía financiera compleja. Tras la Reforma Procesal Penal, ese “músculo” se ha atrofiado por la inercia del sistema de persecución masiva.
La investigación de lavado hoy es ineficiente por razones estructurales:
– Dilución del foco por prioridad al “delito base”: Los fiscales persiguen el lavado como un subproducto del narcotráfico o la corrupción, ignorando la ruta del dinero como objetivo autónomo.
– Sobrecarga sistémica: Fiscales con un promedio de 2.000 investigaciones anuales no tienen el tiempo ni los recursos para reconstruir trazabilidades complejas en blockchain o rutas transnacionales.
– Falta de autonomía técnica: A diferencia del departamento especializado del CDE, el modelo actual carece de la dedicación exclusiva necesaria para enfrentar la sofisticación del crimen organizado transnacional.
Por otra parte, el Informe Estadístico 2025 de la UAF arroja una cifra reveladora: los bancos concentran el 64,6% de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Sin embargo, este volumen masivo de datos no se traduce en el desmantelamiento de estructuras criminales. ¿Por qué? Parece que el sector financiero ha perfeccionado el reporte defensivo: informar todo para no ser multado, pero sin detener realmente el flujo de los US$ 84 millones vieron pasar.
Chile sufre de un fetichismo legislativo. Multiplicamos las normas: Ley 21.575 de mayo de 2023, Ley 21.595 de delitos económicos, y la reciente Circular N° 62 (Recopilación Actualizada de Normas – RAN) que incorpora la “Travel Rule” o Regla de Viaje para activos virtuales. Tenemos un volumen regulatorio impresionante, pero una eficacia decreciente.
Los datos del Informe 2025 son lapidarios:
– El número total de ROS aumentó un 25,3%, pero los reportes que efectivamente contenían “indicios de LA/FT” disminuyeron un 11,5%. Estamos inundando a la autoridad con ruido y datos de baja calidad.
– La UAF cerró el 2025 con casi 10.000 sujetos obligados registrados, pero mantiene una dotación de solo 77 personas para supervisar a todo el país.
En suma, estamos administrando un aparato diseñado para un país que ya no existe. Mientras el Congreso debate el levantamiento del secreto bancario, ignora que las multas actuales no detendrían ni a un supermercado local, mucho menos a un cartel transnacional. Chile ha optado por el cumplimiento burocrático en lugar de la inteligencia financiera estratégica.
Cuando la próxima Operación Tokio revele que otra red operó durante años a plena luz del día, utilizando nuestras instituciones y ejecutivos, ¿nos volveremos a sorprender, o finalmente admitiremos que ya lo sabíamos?
Chile no necesita más leyes; necesita recuperar el músculo técnico y la severidad sancionatoria que alguna vez hicieron que el sistema, al menos, fuera respetado. El resto es solo teatro.
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