-¿Qué le parece la solución que encontró el Gobierno de José Antonio Kast para avanzar en el proyecto de sala cuna universal que tiene apoyo transversal, pero donde el financiamiento ha sido el principal obstáculo para un acuerdo?
-El mecanismo tiene ventajas y desventajas. Es muy positivo que se elimine la exigencia a las empresas de proveer sala cuna a sus trabajadoras con hijos menores de 2 años sólo en empresas donde haya 20 o más mujeres contratadas, que era un enorme desincentivo o impuesto a la contratación de mujeres. También es positivo el hecho de que se elimine esta barrera al empleo femenino sin aumentar los costos laborales para los empleadores, debido a que la situación en el mercado laboral está muy delicada.
El hecho de que sea gradual en cuatro años también es una señal de cautela valorable. Sin embargo, financiar un beneficio redirigiendo recursos de otro seguro social es una decisión que requiere un análisis de sostenibilidad muy riguroso antes de comprometerse.
-¿Cuál es, a tu juicio, la principal ventaja de esta fórmula?
-Que resuelve una gran barrera a la contratación de mujeres que es el actual sistema de financiamiento del derecho de sala cuna. Hoy el costo de la sala cuna lo paga solo el empleador que tiene 20 o más trabajadoras mujeres, lo que constituye un gran desincentivo a contratar mujeres. La propuesta elimina ese requisito, universaliza el beneficio y distribuye el costo de manera equitativa. Eso es un avance real.
-La propuesta reduce los aportes al seguro de cesantía: 0,2 puntos desde las cuentas individuales y 0,15 puntos desde el Fondo de Cesantía Solidario. ¿Qué riesgos ves en esa rebaja?
-El aporte de los empleadores a las cuentas individuales de los trabajadores baja de 2,4% a 2,2% y al Fondo de Cesantía Solidario de 0,8% a 0,65%. Eso es una reducción de aproximadamente 12% en los aportes que recibe el seguro. El riesgo es que estamos acumulando presiones sobre un sistema que ya fue modificado varias veces en los últimos años: en 2023 se aumentaron los beneficios y se redujeron los requisitos de acceso, y la reforma de pensiones introdujo el seguro de lagunas previsionales también con cargo al seguro de cesantía. Ahora reducimos los ingresos. Cada una de esas decisiones puede parecer manejable de forma aislada, pero el efecto acumulado es el que hay que evaluar.
-¿El proyecto no aumenta el costo laboral, pero sí cambia el destino de recursos que hoy van a proteger a los trabajadores frente al desempleo?
-Exactamente. La afirmación de que no hay nuevo impuesto al trabajo es correcta en sentido estricto: el empleador paga lo mismo que antes. Pero sí hay un cambio en el destino de esos recursos: una fracción que antes iba a proteger al trabajador frente al desempleo ahora financia sala cuna. Son dos objetivos sociales valiosos, pero distintos. Los trabajadores tendrán un poco menos de protección frente al desempleo, para que otros trabajadores tengan sala cuna y para terminar con el impuesto al empleo femenino. Eso no es necesariamente malo, pero hay que decirlo con claridad en vez de presentarlo como costo cero.
-¿Cómo se da este costo?
-Los 0,2 puntos que se restan de las cuentas individuales afectan recursos que son propiedad del trabajador, ya que si no los usa en un período de desempleo, los recupera como ahorro previsional o retiro al jubilar. El impacto más directo sobre la protección al desempleo recae en la rebaja de 0,15 puntos al Fondo de Cesantía Solidario, que es el componente que protege a los trabajadores más vulnerables: aquellos con contratos cortos, bajos salarios o que no acumularon suficiente saldo individual. Esa es la parte que merece más atención en el análisis de sostenibilidad.
-¿Qué impacto podría tener esta fórmula en la sostenibilidad del seguro de cesantía?
-Es la pregunta más importante y requiere una respuesta pública clara. La Superintendencia de Pensiones señala que no se pone en riesgo la sustentabilidad a largo plazo, pero es indispensable ver los supuestos detrás de esa proyección. El seguro de cesantía fue diseñado como un sistema superavitario, pero ha ido acumulando compromisos: mayores beneficios en 2023, el seguro de lagunas en la reforma de pensiones, y ahora una rebaja de ingresos. Cada modificación aislada puede ser sostenible; la pregunta es si el conjunto lo es, especialmente en un contexto de deterioro del mercado laboral como el que vivimos hoy donde cabría esperar mayor uso del seguro.
-¿Qué variables habría que mirar para saber si el seguro de cesantía resiste esta nueva carga?
-Hay que monitorear varias dimensiones. La más importante es la tasa de desempleo y su evolución, ya que a mayor desempleo hay más demanda y mayor presión sobre el sistema. La evolución de los salarios reales es muy importante, ya que la recaudación depende de la masa salarial. Otra es la rentabilidad del fondo ya que los recursos acumulados en las cuentas individuales y en el fondo solidario se invierten y su rentabilidad real afecta la sostenibilidad de largo plazo.
-Desde el punto de vista de política pública, ¿hay una mejor alternativa de financiamiento para Sala Cuna Universal que no aumente los costos laborales ni presione el seguro de cesantía?
-Hay alternativas. La más evidente es el financiamiento con rentas generales, tratando la sala cuna como lo que es: una política de cuidado infantil con beneficios para toda la sociedad, no solo para el mercado laboral. También se podría evaluar reducir sólo una parte de la cotización del aporte de los empleadores al seguro de cesantía y que la otra parte sea un nuevo aporte del empleador, tomando en cuenta que hoy los empleadores asumen el costo de proveer sala cuna en el caso de empresas que hoy tienen más de 20 mujeres empleadas. Ambas tienen sus propias complejidades políticas. El problema es que en el contexto fiscal actual, el financiamiento vía rentas generales es difícil de comprometer.
-¿El proyecto va en la dirección correcta, pero requiere una revisión más profunda del impacto sobre el seguro de cesantía?
-Sí, la dirección es correcta: universalizar el beneficio, eliminar el desincentivo a contratar mujeres y hacerlo sin aumentar el costo laboral son objetivos válidos. Sin embargo, el mecanismo de financiamiento no es inocuo. Antes de que el proyecto avance, es indispensable que el Congreso tenga acceso a los estudios de sostenibilidad del seguro de cesantía con todos los supuestos explicitados. Si esos números no son sólidos, el Estado podría terminar teniendo que aportar recursos fiscales al fondo solidario, que es exactamente lo que se quería evitar.
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