Schalper dice que él y “un grupo de diputados” votarán en contra de la Acusación Constitucional a Grau

“Mi cruzada es terminar con la índole y la polarización, la indolencia que supone dedicarle 30 meses a acusaciones constitucionales y la polarización de hacer de la acusación constitucional parte integrante de la guerrilla permanente. “Con estos amiguitos, el gobierno no necesita enemigos”, le respondió la diputada Pamela Jiles.

Voto en contra. En entrevista con Mesa Central de Canal 13 y tras ser consultado por la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, que fue presentada por Republicanos y el Partido Nacional Libertario y que será votada esta semana, el jefe de bancada de los diputados RN, Diego Schalper, afirmó que sufragará en contra del libelo.

• “Va a haber un grupo de diputados que vamos a tomar la decisión de votar en contra la acusación del ministro Grau”, afirmó.
• “Es evidente que la gestión financiera del gobierno anterior fue desastrosa. Yo creo que eso nadie lo discute y la mejor elocuencia de esto, la mejor sanción, fue que el 58% de los chilenos le dijo que ‘no queremos más con ustedes’ (…) mi cruzada es terminar con la índole y la polarización, la indolencia que supone dedicarle 30 meses a acusaciones constitucionales y la polarización de hacer de la acusación constitucional parte integrante de la guerrilla permanente. Porque al final, terminan pagando los más pobres”, agregó.
• Sus palabras desataron las críticas de la diputada del Partido de la Gente (PDG), Pamela Jiles, quien señaló que “con estos amiguitos, el gobierno no necesita enemigos”. “La derechita cobarde llegaba a acuerdos con el socialismo democrático que es exactamente lo que va a ocurrir con esta acusación. Por supuesto que la voy a aprobar”, agregó.
• Schalper había cuestionado hace una semana las críticas de los diputados Stephanie Jéldrez y Cristián Araya, que emplazaron a Chile Vamos a respaldar la acusación constitucional contra Grau.
• Hasta ahora, el libelo contaría con el apoyo de alrededor de 72 diputados entre nacional libertarios, republicanos, UDI, PDG, socialcristianos, y algunos de la bancada que reúne a RN, Evópoli y ex Demócratas, donde se dio libertad de acción.

Argumentos de la AC. A principios de mes, los diputados del Partido Nacional Libertario y de Republicanos ingresaron en la Cámara de Diputados la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA), tras la denuncia realizada por su sucesor Jorge Quiroz por supuestas inconsistencias en el último Informe de Finanzas Públicas (IFP).

• El documento sostiene que el libelo “no es una mera divergencia técnica o de mérito político, sino una infracción objetiva al deber constitucional” del exministro. Añade que la Dirección de Presupuestos depende de Hacienda lo que hace que “el responsable político último de los actos administrativos que de ella emanan sea el titular de la cartera”.
• “Los hechos materia de esta acusación constitucional se desarrollaron durante el ejercicio del cargo de ministro de Hacienda por parte del acusado, en particular en relación con la tramitación de la Ley de Presupuesto de 2026, la Ley de reajuste del sector público del año 2026 y con el IFP del cuarto trimestre de 2025, publicado el 13 de febrero de 2026”.
• Entre los hechos imputados a Grau está la “subestimación del déficit fiscal efectivo proyectado para 2026”, basado en la proyección de “un balance efectivo para el año 2026 equivalente al -1,8% del PIB” en el IFP presentado en febrero.
• También, se cuestiona la “no incorporación del financiamiento del reajuste del sector público y otras presiones de gasto vigentes”. Al respecto se plantea que existieron compromisos de gasto “cuyo financiamiento fue ‘incluido parcialmente’ en la Ley de Presupuestos 2026, a saber: el reajuste del Sector Público, el incremento de la cotización previsional de empleo público, el mayor gasto en intereses y las obligaciones sin devengar al 31 de diciembre de 2025”.
• Se añade como argumento la “inconsistencia aritmética en la proyección de la deuda pública del Gobierno Central” y el “incumplimiento de la meta de balance estructural” de -1,6% del PIB fijada en 2025, además de las advertencias del Fondo Monetario Internacional y las “deficiencias metodológicas” de la Dipres.

Cuatro capítulos: El libelo tiene cuatro capítulos acusatorios.

1. Infracción del principio de probidad establecido en la Constitución. “La transparencia y consistencia de las estadísticas fiscales son condición necesaria para el funcionamiento del control democrático del gasto público, para la formación libre y razonada de las decisiones del Congreso Nacional en materia presupuestaria, para la credibilidad del Estado ante los agentes económicos y los mercados, y para la fiscalización ciudadana del manejo de los recursos públicos”.

2. Vulneración del deber de coordinación y unidad de la gestión financiera del Estado. “El IFP 4T25 —instrumento que materializa la expresión financiera de mediano plazo del Estado, conforme a la Ley N° 21.683— presentó simultáneamente dos trayectorias aritméticamente incompatibles entre sí: una de balance fiscal que profundizaba el déficit acumulado entre 2026 y 2030 en $13,5 billones respecto del IFP del tercer trimestre de 2025, y otra de deuda bruta que solo recogía $3,9 billones de ese mismo deterioro. La diferencia de $9.559.289 millones (aproximadamente US$ 10.500 millones, equivalentes a 2,9% del PIB) no fue reflejada en la trayectoria de deuda”.

• “La infracción se configura no solo por la incompatibilidad aritmética entre balance y deuda, sino, con igual o mayor fuerza, por la falta de trazabilidad y explicitación detallada de las transacciones que pudieran explicar dicha diferencia”.

3. Vulneración del principio de universalidad presupuestaria. “El IFP 4T25 elaborado bajo la responsabilidad institucional del acusado contenía una proyección de gasto que no contemplaba todas las presiones de gasto derivadas de compromisos vigentes del Estado. Y precisa que dichas presiones corresponden a compromisos cuyo financiamiento fue incluido parcialmente en la Ley de Presupuestos 2026, tales como: reajuste del Sector Público, incremento de la cotización previsional de empleo público, mayor gasto en intereses y obligaciones sin devengar al 31 de diciembre de 2025”.

• También, plantea que, tanto en dictámenes como en comparecencias al Congreso, el Consejo Fiscal Autónomo realizó cuatro advertencias respecto a las presiones presupuestarias.

4. Vulneración del deber de coordinación entre el programa financiero de mediano plazo y presupuestos anuales. “La inconsistencia aritmética en la trayectoria de deuda constituye una manifestación de la misma falta de coordinación: el componente ‘balance’ del programa financiero de mediano plazo y el componente ‘deuda’ del mismo instrumento no estaban coordinados entre sí, ni con el presupuesto anual”.

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